Mientras sigue la discusión del caso de una anciana presuntamente maltratada en un hogar de Las Piedras, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, rechazó este martes que el Departamento de la Familia le haya quitado poderes de fiscalización a la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada (Oppea), como denunció la jefa de esa dependencia, Yolanda Varela Rosa.

“El Departamento de la Familia no es quien enmienda las leyes en Puerto Rico. La Procuraduría tiene una ley orgánica y las leyes orgánicas las enmienda la Asamblea Legislativa”, dijo Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza, confrontado con lo dicho por Varela Rosa.

El Nuevo Día se comunicó y aguarda por una reacción de la Oppea.

Más temprano, en entrevista radial (Magic FM), Varela Rosa denunció que a la Oppea se le quitaron poderes de fiscalización, luego que Familia presuntamente modificara un reglamento sobre hogares de cuidado prolongado. Sus expresiones se dan después de que, el domingo, las autoridades encontraran a una mujer, de 86 años, presuntamente maltratada en el Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, lo que llevó al arresto de su cuidador y a la cancelación de la licencia del espacio.

De otra parte, Familia sostuvo, mediante comunicado de prensa, que, durante la incumbencia de la secretaria Suzanne Roig Fuertes, “no se ha recibido ninguna querella que haya resultado en multas o sanciones administrativas” contra el Hogar Casa Dorada, y que “la única querella relacionada” fue recibida en 2024 sobre un asunto administrativo.

“Una vez comenzó esta administración, el Departamento de la Familia atendió la situación conforme a los procesos establecidos. Como resultado de la evaluación realizada, el 22 de septiembre de 2025 se emitió la correspondiente resolución y orden administrativa para atender los hallazgos identificados”, leen las expresiones de la agencia.

Luego, en diciembre de 2025, la Oppea remitió a Familia un informe de cierre del caso, “dando por concluido el proceso relacionado con dicha querella”.

En otra entrevista radial (WKAQ-580), Roig Fuertes abundó que no existían criterios para llevar al hogar al tribunal y que se removió a los adultos mayores bajo la tutela de la agencia, pero que se quedaron dos personas que costeaban el cuidado con fondos privados. A sus familiares, añadió, se les orientó para que hicieran arreglos para removerlas.

Durante el fin de semana, la Policía arrestó al cuidador que, presuntamente, sometió a la anciana a un “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”. Posteriormente, el hombre fue ingresado en una institución psiquiátrica, mientras las autoridades determinan si radicarán cargos en su contra.