Tras la reciente aprobación de la Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico, que elimina la obligatoriedad de escaneo de contenedores en los muelles, la Autoridad de los Puertos comenzará su aplicación por fases, comenzando con la derogación de reglamentos, precisó este jueves el director ejecutivo Norberto Negrón Díaz.

“La primera fase va a ser la evaluación de la derogación del Reglamento 8837. El mismo requiere y establece la obligación de que todas estas empresas que traigan furgones a Puerto Rico tengan que escanear y pasar por estos sistemas. Este reglamento se va a derogar y se va a implementar la ley. Lo que va a significar es que esta obligación no va a existir. Esto es una herramienta que va a permitir a todas estas empresas no pagar este este servicio o este cargo adicional”, explicó Negrón Díaz, en la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

“Aparte de la derogación de este reglamento, también vamos a hacer una evaluación interna de cómo nosotros, a través de la policía portuaria, vamos a fortalecer y añadir esa extra línea de defensa y de seguridad para el mejoramiento de la seguridad y de la infraestructura de los puertos”, agregó.

El martes, la gobernadora Jenniffer González firmó la Ley 126-2016, sumándose a otra acción que tomó, en agosto del año pasado, cuando canceló el contrato entre Puertos y la empresa S2 Services, que estaba a cargo de escanear los furgones en el muelle de San Juan.

“Con esta legislación, estamos modernizando nuestra política pública de seguridad portuaria y eliminando procesos costosos e ineficientes que, durante años, han representado una carga adicional para el comercio y, en última instancia, para los consumidores. Nuestra administración continuará promoviendo medidas que fortalezcan la seguridad, sin imponer costos innecesarios a las familias puertorriqueñas”, dijo la gobernadora, por escrito, luego de avalar el estatuto.

Tras la acción del Ejecutivo en agosto de cancelar el contrato, S2 Services radicó una demanda contra el gobierno y se mantiene en el muelle.

“Por más de 15 años, se estaba llevando un sistema que estaba costando aproximadamente $11 millones al año y no daba fruto. No se encontró ni una sola bolsita de marihuana ni de droga. Nunca se incautó nada. Nunca ha dado fruto, sino que ha sido una carga adicional a los consumidores y a estas empresas navieras. Somos la única jurisdicción en todos los Estados Unidos que tiene este tipo de sistema”, argumentó, en tanto, Negrón Díaz sobre las razones que motivaron la cancelación.

Señaló, además, que Puertos retuvo el dinero que se les cobró a empresas tras la cancelación del contrato. No precisó la cantidad de fondos que resguardan, pero aseguró que serán devueltos.

“Ese dinero que se ha recolectado está en Puertos esperando que culmine el litigio. Al momento que culmine, se va a establecer un procedimiento y se va a evaluar cómo se va a devolver ese dinero que se cobró. Así que yo decir el ahorro exacto, eso se va a determinar cuando se finiquite el litigio y podamos establecer cómo las empresas privadas van a recibir ese dinero”, indicó.