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Renuncia la secretaria de la Familia, Suzanne Roig

La salida se produce tras semanas de controversias por irregularidades alrededor de contrataciones y demandas en su contra

16 de noviembre de 2026 - 5:15 PM

La renunciante secretaria de la Familia, Suzanne Roig. (Xavier Araújo)

En medio de controversias por irregularidades en varios procesos de contratación, así como por demandas en su contra, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, renunció a su cargo, con efectividad al 31 de diciembre de 2026.

“Esta determinación es exclusivamente mía, tomada de manera libre, voluntaria y personal, y así se lo he comunicado hoy a la gobernadora Jenniffer González Colón. Le agradezco a la Gobernadora el honor que me confirió al designarme como su Secretaria de la Familia y el tiempo y espacio que me permitió defender mi reputación de ataques llenos de falsedades”, expreso la funcionaria en comunicado de prensa.

La dimisión se produce luego de que trascendiera públicamente que la ahora exfuncionaria de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón se encontraba de vacaciones. La controversia la llevó a emitir declaraciones escritas en las que confirmó que, desde el 10 de noviembre, atendía un compromiso familiar.

“Desde ayer (martes) y durante los próximos dos días laborables estaré atendiendo un compromiso familiar de carácter personal -junto a mi padre- previamente coordinado, hace varios meses. Como parte de los procedimientos administrativos establecidos y en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, fue debidamente informada con anticipación sobre esta ausencia temporal”, dijo Roig Fuertes.

Durante este período, indicó que la subsecretaria, en virtud de ley orgánica del Departamento de la Familia, la doctora Evelyn I. Matos Quintana, estaría al frente de las operaciones de la agencia, dando, según aseguró, seguimiento a los asuntos administrativos, las iniciativas en curso y las prioridades institucionales.

“El Departamento cuenta con un equipo de trabajo comprometido y una estructura administrativa sólida que permite garantizar la continuidad de sus responsabilidades y servicios sin interrupciones. Al concluir este periodo, me reincorporaré a mis funciones habituales para continuar trabajando por el bienestar y la seguridad de las poblaciones a las que servimos”, mencionó Roig Fuertes.

En ese momento, aseguró que su compromiso con el servicio público y con las familias de Puerto Rico permanecía “firme”, al igual que “nuestra responsabilidad de garantizar una gestión eficiente, responsable y continua”.

Recientemente, el Senado aprobó, de manera unánime, una moción presentada por el novoprogresista Juan Oscar Morales concediéndole a Roig Fuertes 48 horas para producir y entregar, so pena de desacato civil, documentos que no sometió, aunque se le requirieron, como parte de la pesquisa que el cuerpo legislativo conduce por supuestas presiones indebidas de la funcionaria para la otorgación de contratos.

“Fue mi primer requerimiento hace tres semanas. Mi equipo comenzó a hacer una reconciliación de preguntas con respuestas y, para muchísimas de las preguntas que hicimos, las respuestas son demasiado vagas o no hay respuestas. Queremos respuestas contundentes y, si no existe nada, que certifique”, dijo Morales a El Nuevo Día tras la votación.

En ese momento, aseguró que, aunque el Departamento de Justicia comenzó una pesquisa preliminar sobre las imputaciones contra Roig –que pueden desembocar en la recomendación de designar un fiscal especial independiente–, el Senado continuará con su investigación liderada por la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, a cargo de la también novoprogresista Wanda Soto.

“Nosotros estamos claros. Sigue la pesquisa senatorial con el visto bueno del presidente (Thomas Rivera Schatz). Que nadie piense que en el Senado nos vamos a detener. Vamos a seguir nuestra investigación”, expresó Morales.

Las investigaciones surgen luego de que la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz fuera destituida y revelara que, supuestamente, era objeto de presiones y hostigamiento por parte de Roig, y otros funcionarios, para que evaluara y diera paso a contratos a las empresas NOLA Academy y Strategic Technology Advisors. Esta última compañía había presentado, al menos, dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, con fondos del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Asimismo, Blanca R. García Sostre, exdirectora regional de Arecibo del Departamento de la Familia, radicó una demanda civil contra el Gobierno de Puerto Rico y cinco funcionarias, incluida la titular de Familia.

En la demanda, radicada por el bufete Ayala Cádiz en el Tribunal de Arecibo y que consta de 14 páginas, la exdirectora regional alegó que, desde 2025 hasta junio de 2026, fue víctima de hostigamiento laboral y maltrato verbal y psicológico por parte de Roig Fuertes. Por estos hechos alegados, reclamó un total de $1.35 millones.

Reconocen controversia afecta imagen del gobierno

Hace unas semanas, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, reconoció que las controversias en torno a la secretaria de la Familia afectan la imagen de la administración de la gobernadora.

“Eso es correcto”, respondió en el programa Lo de Hoy de El Nuevo Día cuando se le preguntó si estas controversias perjudican la percepción de la gobernadora y su administración.

“Yo lo he planteado (...) Cada controversia, si no se atiende de una manera correcta, siempre va a distraer la gestión de todo gobierno”, añadió cuando se le preguntó si reconocía ese efecto.

“Está en nosotros seguir comunicando y más que todo no distraernos de resolverles los problemas a la gente”, agregó Peña Payano.

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