Las carreteras, puentes, paseos costeros y otras estructuras públicas construidas en zonas expuestas al ambiente marino tendrían que incorporar materiales y tratamientos especializados para resistir la corrosión causada por el salitre, bajo una medida presentada por el representante Joel Franqui Atiles.

El Proyecto de la Cámara 1284 busca, específicamente, establecer requisitos obligatorios de protección anticorrosiva para las obras financiadas con fondos públicos, con el fin de extender su vida útil y reducir los costos asociados a reparaciones tempranas.

“Esta medida no trata sobre promover construcciones en la costa ni modificar las normas ambientales vigentes. Lo que buscamos es que, cuando el gobierno construya o rehabilite una carretera, un puente, un paseo, una instalación recreativa o cualquier otra obra pública en zonas expuestas al salitre, utilice materiales y sistemas adecuados para esas condiciones. Si vamos a invertir dinero público en infraestructura, tenemos que procurar que esas obras duren más tiempo y ofrezcan servicios seguros y de calidad a la ciudadanía”, puntualizó Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes, en comunicado de prensa.

La propuesta surge ante el deterioro acelerado que enfrentan numerosas estructuras ubicadas en municipios costeros debido a la exposición constante a la salinidad del ambiente. La medida señala que muchas obras muestran corrosión y desgaste en períodos más cortos de los previstos, situación que obliga al gobierno a destinar recursos adicionales para trabajos de reparación y mantenimiento que pudieron evitarse mediante especificaciones de construcción más adecuadas.

De aprobarse, la legislación aplicaría a toda construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejora permanente o remodelación realizada, financiada o contratada por el gobierno de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones públicas, dependencias y municipios. También, alcanzaría proyectos ubicados fuera de la franja costera cuando estudios técnicos determinen que la exposición al salitre puede afectar la integridad estructural o acelerar el deterioro de los materiales.

Entre los requisitos propuestos, figura la utilización de acero, anclajes, tornillería, luminarias y otros componentes metálicos con recubrimientos o tratamientos certificados para ambientes de alta salinidad. Además, exige especificaciones especiales para concreto expuesto al ambiente marino, la aplicación de selladores y sistemas anticorrosivos, así como la presentación de un plan de protección anticorrosiva que tendría que ser evaluado y aprobado por la entidad contratante antes del inicio de los trabajos. La medida también ordena inspecciones durante las distintas etapas de construcción para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas. Los incumplimientos podrían conllevar la suspensión de trabajos, sanciones contractuales y multas administrativas.

“Puerto Rico se encuentra en una etapa de inversión importante en infraestructura pública y gran parte de esos proyectos se desarrolla en municipios costeros. Cada dólar que destinamos a reconstrucción y mejoras debe traducirse en obras duraderas. Adoptar estándares de construcción resistentes al salitre permite proteger esa inversión desde el primer día y reduce la posibilidad de que el gobierno tenga que volver a gastar recursos para corregir daños prematuros causados por la corrosión”, añadió el legislador.

Otro de los componentes principales de la propuesta establece una garantía obligatoria mínima de 10 años para los contratistas que participen en proyectos cubiertos por la ley. Durante ese período, deberían reparar, corregir o sustituir sin costo para la entidad contratante cualquier defecto relacionado con corrosión, fallas en tratamientos anticorrosivos, deterioro prematuro del concreto u otros daños asociados a la exposición al ambiente marino.

La legislación dispone multas administrativas de entre $1,000 y $10,000 por cada infracción, y entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación, aunque concede un período de 30 días para que las entidades gubernamentales realicen los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas disposiciones.