Puente Atirantado de Naranjito.
Puente Atirantado de Naranjito. (Pablo Martínez)

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La Cámara de Representantes dio paso hoy, martes, a una resolución presentada en febrero de 2022 que busca investigar los trámites que resultaron en las deficiencias estructurales mayores de las que adolece hace más de 13 años el puente atirantado en Naranjito.

La medida, de la autoría del representante del distrito 28, el popular Juan José Santiago, fue avalada a viva voz con enmiendas del legislador novoprogresista Víctor Parés, que autorizan a la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte y la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas investigar “cualquier asunto relacionado” con la construcción del puente, así como indagar si la obra se aceleró intencionalmente para que se pudiera inaugurar antes de las elecciones de 2008.

La aprobación de la resolución se produce apenas unos días luego de que El Nuevo Día revelara que inspecciones identificaron fallas en la estructura del puente desde, al menos, agosto de 2009, unos nueve meses luego que se inaugurara en octubre del año previo. Desde entonces, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) desembolsó sobre $31 millones a Las Piedras Construction, encargado de la construcción, y tan reciente como el pasado domingo, el director ejecutivo de la corporación pública, Edwin González Montalvo, anunció que se retendría hasta nuevo aviso el último pago de $319,000 a la empresa.

El puente, que ha estado operando con solo dos de sus cuatro carriles abiertos desde hace varios años, será clausurado el 30 de enero para dar paso a las reparaciones mayores que corresponden, a un costo que excederá los $25 millones. Ya en agosto de 2009, por ejemplo, se habían identificado “ondulaciones” de 21 centímetros (ocho pulgadas) en la vía. La decisión, a pocos años de su inauguración, de cerrar un carril en ambas direcciones respondió a la necesidad de reducir la carga de vehículos que transitan simultáneamente por el puente.

Se estima que unos 14,000 vehículos transitan a diario por el puente, que ofrece una ruta directa al área metropolitana para los residentes de la región central y, por su particular diseño, era considerado un potencial atractivo turístico.

“Esa investigación que vamos a estar realizando en los próximos días se va a hacer (de forma) seria y responsable, y no nos va a temblar el pulso para adjudicar las faltas a quien sea y del gobierno que sea”, dijo Santiago en su turno a favor de la resolución.

El representante independentista Denis Márquez, por su parte, recalcó el impacto que tendrá el próximo cierre del puente sobre los residentes de la zona central y expresó su preocupación de que, más allá de los resultados que arroje la investigación legislativa, sea muy tarde para responsabilizar legalmente a quienes hayan ejecutado y certificado la obra. Asimismo, mencionó que en un momento dado ofreció servicios legales a empleados de la ACT que fueron “perseguidos” por sus denuncias.

La investigación legislativa deberá ser completada antes que finalice la última sesión ordinaria del cuatrienio, en junio de 2024.

De otra parte, el pleno cameral dejó sobre el tintero un proyecto radicado por varias legisladoras novoprogresistas que, según la exposición de motivos, pretende facilitar la expedición de órdenes de protección ex parte, es decir, sin la presencia en corte del alegado victimario. Sin embargo, los representantes Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana, y Orlando Aponte Rosario, del Partido Popular Democrático, advirtieron que el lenguaje incluido tendría el efecto contrario, pues eliminaría una de las excepciones que abren la puerta a que un tribunal emita la orden de protección previo a la comparecencia de la parte peticionada.

La medida, según aprobada en la Comisión de la Mujer, habría eliminado de los escenarios en que se contempla la expedición de una orden ex parte cuando “se han hecho gestiones de forma diligente para notificar a la parte peticionada con copia de la citación expedida por el tribunal y de la petición que se ha radicado ante el tribunal y no se ha tenido éxito”.

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