El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, anunció este domingo que exigirá una pesquisa formal en el Congreso sobre el presunto fraude en el contrato de energía temporera otorgado a Power Expectations, mientras aguarda por la respuesta del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para que actúe de inmediato ante el riesgo de más apagones.

Aunque el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) no adelantó qué mecanismos utilizará para viabilizar la pesquisa, precisó que informará los detalles próximamente. ”Haré ese anuncio más adelante esta semana", dijo a cuestionamientos de El Nuevo Día.

Las expresiones del funcionario surgieron durante una conferencia de prensa en la que anunció sus propuestas -tras el receso en la Cámara de Representantes federal- para atender la crisis que enfrenta el país en los suplidos de agua y energía.

“Regreso a Washington con una agenda clara: voy a priorizar lo básico, agua y energía,” señaló. “Antes de hablar de desarrollo económico, de atraer inversión o de decir que Puerto Rico está abierto para hacer negocios, tenemos que priorizar lo básico”, agregó en una clara referencia a la reciente visita de la gobernadora Jenniffer González Colón a la Bolsa de Valores de Nueva York para promover a Puerto Rico como destino en crecimiento y de inversión.

Hernández Rivera indicó que, en su regreso a la Capital federal, solicitará que el Congreso investigue formalmente el “escándalo” de Power Expectations, exigirá respuestas directas del zar de Energía, Josué Colón; y del presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés), Osvaldo Carlo Linares, sobre el alegado encubrimiento de este escándalo.

El pasado 19 de agosto, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció la terminación del contrato de generación de energía temporal que le hubiera dado a Puerto Rico unos 400 megavatios (MW) de capacidad para compensar las deficiencias de la flota generatriz. El acuerdo había sido suscrito con el consorcio Power Expectations LLC, Enchanted Rock LLC y Reyes Contractor Group Inc.

El contrato, valorado en $5,887 millones, está bajo investigación de las autoridades porque ERock Inc., la matriz de Enchanted Rock, asegura que el nombre y la firma de la compañía fueron utilizados en el acuerdo sin autorización.

Asimismo, Hernández Rivera dijo que dará seguimiento a la inclusión de las prioridades de Puerto Rico en el Water Resources Development Act, que contempla hasta $75 millones para proyectos de agua, durante su consideración en el Senado; así como a la investigación de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) sobre el uso de los miles de millones de dólares en fondos federales destinados a los sistemas de agua de Puerto Rico.

“La solicitud se hizo a través del liderato del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, de modo que yo creo que por venir de funcionarios de alto rango...deben darle prioridad y deberíamos ver un informe en los próximos uno o dos años”, señaló sobre la petición de investigación al GAO.

El comisionado residente en Washington aclaró que el alcance de la investigación lo definiría la propia GAO, aunque puntualizó que el proceso tendría que limitarse estrictamente a aquellos asuntos bajo la inherencia de los fondos federales.

Subrayó, de otra parte, que continuará el reclamo para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declare una emergencia federal ante la crisis de agua para liberar más fondos para la isla. Abogará, además, porque se expanda a más municipios la declaración de emergencia por sequía del Departamento de Agricultura federal (USDA).

“El 26 de agosto, el USDA aprobó oficialmente la declaración de desastre por sequía para 26 municipios de Puerto Rico, abriendo acceso a préstamos de emergencia y ayudas para los agricultores afectados. Además, logramos incluir 11 prioridades de Puerto Rico —incluyendo $75 millones— en el Water Resources Development Act”, detalló.

En una entrevista -el lunes- con la cadena de televisión MS NOW, la gobernadora dijo que “es necesario agotar todos los recursos locales antes de solicitar una declaración de emergencia nacional” debido a la sequía que impacta al país.

Para un gobierno estatal o tribal tener acceso a la asistencia de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), debe demostrar “que el incidente excede las capacidades estatales, territoriales, tribales o locales”, según un funcionario de esa oficina estadounidense.

Durante la conferencia de prensa, Hernández Rivera señaló que, de estar al mando del país, habría cambiado la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) previo a la sequía, hubiera solicitado la declaración de emergencia al gobierno federal y hubiese alertado al pueblo “muchos meses antes” sobre la posibilidad de racionamiento.

El comisionado residente estuvo acompañado por los portavoces del PPD en la Cámara y el Senado, Héctor Ferrer y Luis Javier Hernández, respectivamente; así como por las alcaldesas de Naguabo y Loíza, Miraidaliz Rosario Pagán y Julia Nazario; y el alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro.

“Nosotros somos parte del sequía... hacen años de años se dijo que se iba a hacer una represa en Juncos. Todos los años alguien pone una piedra o pone algo de que se va a hacer la represa...yo tengo esperanza de que la represa llegue y sería una salvación para Juncos y muchos pueblos más”, apuntó Alejandro en referencia al prometido embalse de El Valenciano.