A pesar de que grandes promesas legislativas como las reformas al sistema de permisos y a la Judicatura quedaron oficialmente sobre el tintero hasta agosto, la Asamblea Legislativa agota sus últimas horas de la tercera sesión ordinaria -que culmina este martes- concentrada en dirimir las diferencias de aquellas medidas refrendadas por ambos cuerpos, que atienden asuntos como asignaciones presupuestarias, enmiendas a entidades públicas e infraestructura municipal.

Tras vencer el jueves el plazo definitivo para aprobar medidas, el liderato del Senado y la Cámara de Representantes trabaja en las propuestas legislativas que se mantienen bajo análisis en comités de conferencia.

“Desde el Senado, fue una sesión que demostró que estamos enfocados trabajando constantemente. Las estadísticas lo dicen, pero más que los números, es que... estuvimos trabajando proyectos complejos. Tuvimos la ley de la Judicatura y otros que atendían asuntos medulares en educación, salud y asuntos energéticos”, sostuvo el senador novoprogresista Ángel Toledo, presidente de las comisiones de lo Jurídico y Gobierno.

Bajo la lupa, continúa el Proyecto de la Cámara 822, que reorganiza la estructura de la Compañía de Turismo al convertirla en una corporación pública; el Proyecto de la Cámara 1207, que crea un marco legal para facilitar acuerdos de colaboración entre los municipios y LUMA Energy para la instalación, reparación y mantenimiento del alumbrado público; y el Proyecto de la Cámara 1316, que agiliza la regularización y el registro de solares municipales en los centros urbanos al eliminar el trámite de lotificación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Asimismo, las cámaras evalúan el Proyecto del Senado 776, una petición de la Federación de Alcaldes para que las patentes municipales por servicios de telecomunicaciones brindados hacia el exterior se paguen directamente al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), y el Proyecto de la Cámara 942, que ordena a la Administración de Rehabilitación Vocacional la revisión y actualización de las tablas de subsidio de transportación para sus participante.

Otras medidas en espera de consenso entre las cámaras son la Resolución Conjunta de la Cámara 372, que asigna $20 millones a entidades e instituciones con programas de bienestar social y la Resolución Conjunta de la Cámara 302, para transferirle al Municipio de Culebra, por $1, los terrenos donde se ubica el Sistema de Relleno Sanitario.

Mientras el lenguaje final de esas legislaciones está por definirse, otras ya pasaron el cedazo legislativo y van rumbo a la consideración de la gobernadora Jenniffer González. En esa lista, se encuentra el Proyecto del Senado 782, que clasifica a los comisionados de las policías municipales como “funcionarios del orden público” y crea los rangos de subcomisionado o comisionado asociado; así como el Proyecto de la Cámara 1299, que, como mecanismo para atender el problema de los estorbos públicos, faculta la transferencia directa a los municipios de propiedades inmuebles rematadas por deudas contributivas. Ambas medidas fueron radicadas a solicitud de la Federación de Alcaldes.

También camino a La Fortaleza va el Proyecto de la Cámara 1121, que clarifica las prohibiciones y límites de la publicidad gubernamental y municipal durante el período electoral, y el Proyecto de la Cámara 1304, que elimina el sistema obligatorio de inspección en los puertos, y el Proyecto del Senado 1036, que crea el Cuerpo de Inspectores Voluntarios del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

En esta categoría, está también la Resolución Conjunta del Senado 196, que reasigna $1,352,861 de fondos sobrantes de los años fiscales 2017 a 2020 a la Autoridad de Tierras; la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 375, que transfiere $4.7 millones provenientes de los recaudos de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar a 15 municipios, y la RCC 376, que reasigna $2.8 millones a agencias y municipios provenientes de balances no utilizados en una decena de resoluciones conjuntas aprobadas entre los años 2017 y 2020.

La gobernadora tiene hasta este lunes, a las 8:00 a.m., para estampar su firma y devolver a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el presupuesto para el próximo año fiscal 2026-2027, que debe entrar en vigor este miércoles, 1 de julio.

Mediante una misiva, el sábado, el organismo fiscal dio su visto bueno al presupuesto, ascendente a $13,180 millones. “La JSF espera certificar el presupuesto desarrollado conjuntamente de conformidad con la Sección 202 (f) de PROMESA en o antes del 30 de junio de 2026″, lee la misiva firmada por su director ejecutivo Robert Mujica.

“Me siento orgulloso porque encaminamos a Puerto Rico a la salida de la JSF. Esto ha costado cierto desprendimiento y sacrificio, pero hay que hacer lo correcto. Vamos encaminados a un segundo presupuesto (balanceado), y más importante que eso, el legado es aprobar legislación post-Promesa para darle mayor transparencia y visibilidad al presupuesto”, expuso el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier.

El representante novoprogresista se refirió a los proyectos de la Cámara 1261 y 1262, para crear el Fondo de Reserva para la Estabilización Presupuestaria y el Fondo de Proyectos de Capital Público del Gobierno de Puerto Rico, iniciativas que, dijo, son necesarias para sentar las bases para el regreso del gobierno al mercado de capitales. Ambas piezas siguen en trámite esta sesión ordinaria.

“De nada vale sacar la Junta para que en un año caigamos en lo mismo. Tiene que haber control de gastos y eficiencia, y que cuando el gobierno vuelva al mercado de valores, lo haga responsablemente”, apuntó.