El contrato de generación se extendería por 10 años.
El contrato de generación se extendería por 10 años. (Xavier J. Araújo Berríos)

En momentos en que el gobernador Pedro Pierluisi ya tiene bajo su consideración el contrato para privatizar la generación de energía, un grupo de siete representantes radicó una resolución conjunta dirigida a forzar a que el acuerdo incluya penalidades económicas contra el operador en caso de que el país sufra apagones debido a una insuficiencia de generación eléctrica.

La medida –presentada por los representantes novoprogresistas José “Memo” González Mercado, Jorge “Georgie” Navarro, Wilson Román López, y Ángel Morey Noble; los populares Edgardo Feliciano y Luis “Narmito” Ortiz Lugo; y el independiente Luis Raúl Torres– no precisa cuál sería el alcance de las multas. En su texto, la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 434 se limita a ordenar a las juntas directivas de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incluir en el contrato “cláusulas penales de naturaleza económica por apagones debido a la deficiencia de generación de energía”.

El jueves de la semana pasada, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó el contrato de privatización de 17 unidades generatrices, pacto que se extenderá por 10 años. El licitador agraciado, según ha reportado este medio, fue el consorcio Genera PR, compuesto, entre otras empresas, por New Fortress Energy, que actualmente suple gas natural a la AEE. El contrato también recibió el aval de la Junta de Directores de la AAPP y el Negociado de Energía, por lo que solo requiere la firma del gobernador.

La Junta de Supervisión Fiscal no se ha expresado oficialmente sobre el convenio de privatización, pero la semana pasada el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, aseguró que el organismo le había dado su visto bueno.

Por otra parte, la RCC 434 también dispone que a los “directores, ejecutivos, oficiales y empleados” de la empresa operadora les apliquen la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental y el Código Anticorrupción.

“Estará en suspenso la vigencia y no entrará en vigor el contrato de alianza público privada para privatizar la generación de energía (…) hasta que la AAPP le notifique a la Cámara de Representantes por conducto de su Secretaría haber cumplido cabalmente con lo ordenado en la Sección 1 de la presente Resolución Conjunta”, indica la pieza presentada el 20 de enero.

Pierluisi, según dispone la ley orgánica de la AAPP, tiene 30 días, a partir de la aprobación del contrato en la junta de la AEE para impartirle su firma y dar paso a proceso de transición que, de acuerdo con Marrero, se extenderá por 120 días.

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