El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, y el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (Ases), Carlos Santiago Rosario, se expresaron confiados este lunes en que serán exitosas las gestiones que realiza esta administración ante el gobierno federal para garantizar un financiamiento adecuado del programa Medicaid en Puerto Rico, el cual financia gran parte del plan de salud del gobierno.

Ramos, ante esto, aseguró que no prevé que los beneficiarios del plan Vital se vean afectados el próximo año.

“El Departamento de Salud y la Ases no contemplan como alternativa la reducción de cubierta o la exclusión de beneficiarios del plan Vital. Por el contrario, la estrategia gubernamental por parte de Puerto Rico se enfoca en que el Congreso apruebe, antes del 1 de octubre de 2027, una solución legislativa”, indicó el secretario de Salud, en una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado.

El programa Medicaid en Puerto Rico es financiado, hasta el presente año fiscal federal, con una asignación extraordinaria que elevó el tope que puede recibir la isla por concepto del pareo federal y que ha estado vigente desde 2023. Este año fiscal, Puerto Rico recibirá unos $4,200 millones para la parte federal del plan de salud del gobierno, indicó Santiago Rosario.

Sin esa asignación extraordinaria por cinco años, Puerto Rico recibiría un máximo de $500 millones, recordó Ramos.

A preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago, Ramos reconoció que “el peor escenario” para Puerto Rico es regresar a la asignación de los $500 millones.

“El peor escenario posible es verdaderamente tétrico, destruye el sistema de salud para los efectos prácticos en Puerto Rico porque estamos hablando de un sistema que necesita de $4 billones y buscaríamos subvencionarlo con $500 millones, y eso, en matemática simple, no nos da”, expresó, por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, el senador Ángel Toledo.

Ramos y Santiago Rosario presentaron, ante la comisión, el informe final del comité multisectorial creado por La Fortaleza para reclamar una nueva asignación de Medicaid, el cual calculó que hasta un millón de personas se podrían quedar sin el plan Vital si el Congreso no otorga fondos adicionales antes del 1 de octubre de 2027.

El secretario de Salud explicó que la inversión en el Plan de Salud del Gobierno se salió de control a finales del pasado cuatrienio, cuando se añadieron servicios para los beneficiarios -entre ellos, cuidados de hospicio y equipos médicos duraderos- sin realizar un estudio actuarial sobre el impacto económico. Aseguró que bajo su gestión se lograron negociar reducciones en costos sin impactar beneficios.

Asimismo, Santiago Rosario indicó que han implementado medidas para reducir costos, como aumentar la participación en un programa de reembolsos (“rebates”, en inglés) de medicamentos, lo cual se proyecta generará unos $80 millones adicionales este año.

“Hemos buscado diferentes economías, que le estamos demostrando al gobierno federal, para que también el gobierno entienda que nosotros no solamente queremos recibir el dinero para gastarlo, sino que estamos haciendo una sana administración de los recursos”, puntualizó el director ejecutivo de Ases.

El gobierno de Puerto Rico se ha unido a líderes de la industria para llevar un solo mensaje a Washington D. C., aseguró el secretario de Salud, y reclamar una asignación de $4,815 millones para el año fiscal federal 2028, de modo que se puedan mantener los servicios actuales.

Sin una nueva ley federal, los $4,200 millones de este año se quedarían, el 1 de octubre del año próximo, en solo unos $500 millones que aproximadamente provee el estatuto permanente, además de que el pareo federal por servicio de Medicaid caería del 76% de los últimos años a un 55%.

Esta caída en fondos se conoce como el abismo fiscal o “Medicaid cliff”.

Ramos lamentó que la isla recibe un trato distinto a los otros territorios estadounidenses, los cuales reciben un pareo federal de 83% -al igual que los estados- pero con topes máximos que no tienen los estados.

El gobierno de Puerto Rico financia cerca de una quinta parte del plan Vital, que hasta diciembre pasado tenía registrados 1.36 millones de participantes.

Santiago Rosario indicó que hay una parte de Vital financiada con fondos estatales, pues de ella se benefician personas que no serían elegibles para Medicaid. Esta cuesta unos $300 millones al gobierno.

Ramos aseguró que el secretario de Salud federal, Robert F. Kennedy Jr., ha expresado estar a favor de que mantenga o se aumente la aportación federal a Puerto Rico, aunque a preguntas de la senadora Santiago dijo desconocer si esta postura ha sido plasmada en alguna comunicación escrita.

“Lo hemos hablado”, apuntó el secretario.

Toledo, por su parte, levantó bandera sobre el impacto que podrían tener los resultado de las elecciones de medio término en noviembre, en la cual se renueva la Cámara de Representantes federal y un tercio de los escaños del Senado federal. Un cambio en composición de los legisladores requerirá que los integrantes del comité multisectorial deban, posiblemente, iniciar desde cero sus acercamientos con legisladores nuevos, apuntó el senador.

El director ejecutivo de Ases reafirmó que esperan acción congresional en algún momento del próximo año, pero aún no se define en qué proyecto de ley se podrían incluir las disposiciones para el programa Medicaid en Puerto Rico.

“Hemos tratado de llevar un mensaje al pueblo de Puerto Rico de que nosotros, como administración, hemos hecho lo que tenemos que hacer para no llegar al ‘Medicaid cliff’”, expresó Santiago Rosario. “Hay aquí algo que no controlamos, que es el cuándo, pero sabemos que el mensaje que estamos llevando al Congreso está llegando. Vemos la apertura de los congresistas y los ‘staffers’ (personal)”, añadió.