La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado denunció este lunes que el presupuesto presentado por la gobernadora Jenniffer González para el próximo año fiscal supuestamente prioriza los gastos para puestos de confianza y servicios profesionales, mientras contiene recortes drásticos en programas sociales y elimina el examen de College Board gratuito.

La primera ejecutiva sometió un presupuesto con cargo al Fondo General de $13,180 millones, $85.2 millones por encima al plan de gastos que culmina el próximo 30 de junio.

“Hay unas partidas que nos preocupan porque, mirándolo por encima, nos damos cuenta que esto es un presupuesto que, más allá de atender el tema de servicios esenciales, beneficia exclusivamente a personas allegadas a Jenniffer González”, sostuvo el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández.

“Hay menos dinero para la educación pública, hay más dinero para los puestos de confianza y más dinero para los servicios profesionales”, alegó.

El Nuevo Día solicitó una reacción de La Fortaleza, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.

Entre las áreas que han identificado, la portavoz alterna Marially González señaló un recorte de $4.8 millones, en el renglón de salarios, a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que, a su vez, recibiría una partida de $74,000 más que la vigente para puestos de confianza.

El plan de gastos contiene, asimismo, un alza de $16.9 millones a $44 millones para el programa de Escuelas Públicas Alianza (EPA) o escuelas chárter, según González. El documento no específica a qué corresponden dichas partidas.

La asignación adicional de fondos coincide con señalamientos levantados, la semana pasada, por la Oficina del Inspector General (OIG), que apuntan a deficiencias en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), adscrita al Departamento de Educación, que limitaron la supervisión de aproximadamente $35.7 millones asignados a 13 escuelas alianza. El período auditado fue entre el 1 de julio de 2022 y el 13 de noviembre de 2025.

En el área de Educación, la minoría popular destacó también un recorte de $45 millones para la subvención del servicio de transportación escolar y la eliminación de una partida de $8.2 millones para ofrecer el examen del College Board gratis a los estudiantes del sistema público.

Por su parte, el senador José “Josian” Santiago, señaló alzas en la partida de puestos de confianza en el Negociado de Bomberos, de $167,000, y en la Policía, de $2.5 millones. “¿Por qué ese aumento? Lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que la partida para reclutamiento de bomberos tuvo una reducción en comparación con el presupuesto vigente de $500,000. En total, el Negociado de Bomberos tendrá $4.6 millones menos que el año pasado”, dijo el exalcalde de Comerío.

En el caso del Departamento de Salud, los senadores destacaron un aumento de $5.52 millones en las partidas de la dependencia para servicios profesionales, a pesar de que la agencia recibirá un presupuesto $17.4 millones por debajo al vigente. Al Departamento de la Familia, en tanto, según Hernández, se le asigna $1 millón más para puestos de confianza.

“Con lo que hemos visto, hay un patrón claro de aumentos en partidas relacionadas a puestos de confianza y servicios profesionales que no aparecen desglosados en el presupuesto. Esas son las prioridades del gobierno de Jenniffer González: beneficios para ellos y para quienes ellos digan y decidan colocar en posiciones particulares”, apuntó Hernández.

En respuesta a los señalamientos, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, rechazó, por escrito, que el presupuesto sometido aumente los puestos o las partidas de empleados de confianza, y en cambio, argumentó que lo que se refleja es una reclasificación de asignaciones que antes se hacía, “de forma incorrecta”, a empleados regulares, para que estén destinadas a la plantilla de confianza, que es a la que corresponde realmente.

“El presupuesto propuesto para el AF2027 del Secretariado del Departamento de la Familia no contempla un aumento en el número de puestos de confianza, ni un aumento neto en su nómina.Cualquier caracterización en sentido contrario es incorrecta y se aparta de la realidad presupuestaria del Departamento", enfatizó la funcionaria.