Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández y Marially Gon, llegaron este lunes a su cita en el Departamento de Justicia con la expectativa de que -concluido el encuentro-, la secretaria Lourdes Gómez anuncie la reapertura de la investigación en contra de la hoy titular de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

“Hay evidencia muy fuerte en contra de la hoy secretaria de la Familia. Nunca se debió haber cerrado este caso sin citar tan siquiera a los testigos principales...este es un asunto que el Departamento de Justicia debería decidir y reabrir”, apuntó Hernández previo al encuentro. “Ese es nuestro fin”, agregó.

Los senadores presentarán los documentos que, alegan, fueron omitidos en el informe final preparado por el Departamento de Justicia, que, en octubre de 2025, concluyó la investigación que llevó a cabo contra Roig Fuertes por otorgar un contrato -en el 2021- de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente cuando laboraba en el Departamento de Salud.

“La propia secretaria ha reconocido que no estaban todos los documentos del expediente de Salud al momento de tomar la determinación, que no se citó a ningún testigo. Vamos a entregar, y ya le entregamos, prueba nueva con relación a un requerimiento de admisiones que hizo el propio One Source Investigations y, ciertamente, hay un llamado de muchas personas para que se reabra el caso”, apuntó Hernández.

En su pesquisa, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado por la hoy secretaria de la Familia, mientras dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente. Determinó, asimismo, que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes impuso la contratación de la empresa One Source Investigations –vinculada a un allegado– como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda Don Luis.

De acuerdo al senador, entre los documentos que no ha evaluado Justicia hay unos “muy importantes” que, a su juicio, comprueban que Roig Fuertes filtró información relacionada con la contratación a un tercero.

“Ningún funcionario se puede sentir molesto porque un senador haga su función fiscalizadora. Nosotros los confirmamos, nosotros damos el consejo y el consentimiento de los secretarios y de los fiscales, pero es una capacidad y obligación darle seguimiento a la idoniedad de esos funcionarios una vez son confirmados”, apuntó.

Justicia, según Hernández, no analizó 24 páginas que formaban parte del informe preparado por el Departamento de Salud como parte de una investigación administrativa, pero que aparentemente no fueron remitidas a la agencia. Entre esos documentos, está la copia de un correo electrónico interno que Roig Fuertes compartió a una persona a la que identificó como “Baby”. El email contenía las condiciones que habría impuesto Hacienda Don Luis para asumir el cuidado del paciente identificado como INR.

Tampoco consta en el expediente de Justicia, según Hernández, copia de un informe en el cual el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, hizo unas “alegaciones directas” contra Roig Fuertes, así como una demanda de cobro radicada, en 2022, por One Source Investigations.