Culminada, quizás, una de las semanas más álgidas de las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en este cuatrienio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo este que la comunicación con la gobernadora de Jenniffer González continuará -“como hasta ahora”- dirigida a apoyar la gestión “programática” de la administración.

“(La relación con la gobernadora será) como ha sido hasta ahora. Le hemos aprobado el 99% de los proyectos de administración. Todo lo que sea programático, lo aprobaremos, y, todo lo que sea problemático, lo cuestionaremos”, dijo el líder legislativo a El Nuevo Día.

El jueves, a 48 horas de la celebración de la Comisión Total, en la que el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Francisco Domenech, enfrentó por siete horas cuestionamientos de los senadores y senadoras, el Senado le dio paso a cuatro medidas de González.

En el paquete se encontraba el Proyecto de Senado (PS) 772, para crear las posiciones de oficial principal Financiero y oficial principal de Informática en el Departamento de Educación; y el PS 926, que enmienda el artículo 619A del Código Civil para establecer que los abuelos tienen legitimación activa para acudir a los tribunales a solicitar visitas con sus nietos.

“La administración de Jenniffer González está como ella quiere que esté y como el pueblo la ve”, subrayó Rivera Schatz.

A pesar de que el líder legislativo anticipó que harían nuevas citaciones en seguimiento a la información que trascendió durante la Comisión Total, indicó que no hay fecha para las nuevas audiencias hasta tanto se atiendan los requerimientos de información que quedaron sobre la mesa.

Rivera Schatz había adelantado que citarían al director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis A. Pérez Vargas; y a la Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, quien esta semana afirmó que no existe la certeza de que el 100% de los contratos concedidos por el gobierno estén registrados ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Otra figura que tendrá que rendir cuentas, será Ana Delgado, quien fue identificada durante la audiencia como la persona que supuestamente se encarga de evitar que los contratos de los clientes de Politank lleguen hasta Domenech, quien fue el accionista principal de la firma de cabilderos hasta diciembre de 2024. Este trámite de inhibición, sin embargo, carece de formalidad, ya que no consta por escrito.

“Vamos a citar a Ana Delgado para que nos explique cómo es que funciona el tema...y a la directora de la Oficina del Inspector General (OIG)”, agregó. Delgado, según trascendió en la vista, durante el turno de la senadora Roxanna Soto Aguilú, es una empleada de carrera del gobierno que previamente era “auditora senior” en la OIG.

La citación del nuevo dueño de Politank, Manuel Torres Nieves, quien fuera secretario del Senado durante las dos incumbencias de Rivera Schatz, también es una probabilidad. “Tal vez, sí”, respondió a preguntas de El Nuevo Día.

Durante la vista pública, Domenech reconoció que la esposa de Torres Nieves trabajó “unos meses”para la Secretaría de la Gobernación, justo después de que él asumiera el cargo, en enero de 2025. “Pero, ella no trabajaba con nada de contratos”, alegó Domenech durante la Comisión Total.

A 48 horas de la Comisión Total, el nuevo propietario de Politank finalmente rompió el silencio y defendió la compraventa de la firma de cabildeo. Rivera Schatz, sin embargo, volvió a cuestionar la falta de documentos que evidencien la transacción.

“El lenguaje en Politank son las jeringonzas. Algunas empresas puertorriqueñas o del mundo tiene todo digital, son paperless. Otras, están transicionando hacia la digitalización y tienes unas cosas en papel y otras digital. En algunas, un poco más a la vieja escuela, todo es en papel y, en Politank, todo es verbal y por señas", señaló.

Este jueves, en expresiones escritas, Torres Nieves defendió la transacción de compraventa de la empresa, y destacó que, como parte del acuerdo, Domenech no podrá readquirir acciones de la corporación ni regresar a laborar a la firma.

Precisó, de paso, que el tipo de compra que se efectuó fue una en la que la empresa adquirió sus propias acciones y “realizó el pago en su totalidad”, lo que se conoce como “stock buyback”, un proceso cuyo objetivo, subrayó, es “retirar totalmente a un accionista de la empresa”.

Durante la Comisión Total, el secretario de la Gobernación dijo vendió Politank por $4 millones que fueron pagados en su totalidad con capital de la empresa.

Rivera Schatz, por su parte, ha señalado que, desde enero de 2025, los clientes actuales de Politank “han recibido $182.9 millones en contratos del gobierno central”, lo que representa, precisó, $83.9 millones más que en 2024, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi.

“El que tiene las manos limpias las muestra. Las denuncias que yo he hecho, las he hecho con claridad, con nombre y apellido. La pregunta es por qué ellos no se atreven a decir quiénes son”, indicó en referencia a expresiones de la primera ejecutiva en las que insinuó que la citación de Domenech se debía a contratos que canceló a allegados del presidente del Senado.

La gobernadora ni Domenech han identificado las supuestas empresas afectadas.

“Es vital la transparencia y claridad, y ojalá que al final no hayan señalamientos de violaciones de ley, ojalá y no los haya, pero si los hay, los vamos a señalar”, advirtió.

El líder senatorial indicó que del Senado ya salió un requerimiento de información, dirigido a Domenech, que recogió los cuestionamientos que quedaron sobre la mesa tras la audiencia del martes, tanto de su parte como de otros legisladores.

Según la misiva, dijo, la fecha límite para responder las interrogantes es el 6 de abril, pero se dejó abierta la posibilidad de la solicitud de una extensión. “Ahí está incluida la información de Politank y le solicitamos datos del presupuesto ante el planteamiento de $904 millones menos en gastos. Es un tema que al cabo que regresemos de Semana Santa vamos a estar atendiendo”, detalló Rivera Schatz.

El pleno del Senado también le solicitó al equipo fiscal del Gobierno evidencia que valide la supuesta reducción de $904 millones en contrataciones gubernamentales anunciada por el Ejecutivo. El plazo para la entrega de la información -según estipulado en la Petición de Información 2026-0046- vence mañana, sábado.

La senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve, por ejemplo, le solicitó a Domenech cuáles han sido esos posibles conflicto de interés que han surgido, desde que ocupa el cargo de Secretario de la Gobernación, cuántos han sido, sus fechas, si se documentaron y su resultado.

Se incluyó también un requerimiento de información de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, sobre los planes de contingencia del Gobierno para hacerle frente a la posibilidad de que no se renueven las partidas de Medicaid que financian, en gran parte, el Plan de Salud del Gobierno.

Mientras, soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista (PNP), sometió 95 preguntas relacionadas con temas, como la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el incentivo reintegrable, la congelación de impuesto al inventario y la reforma contributiva, una de las principales promesas de campaña de la administración que sigue sin ser atendida.