Tras un disenso entre los comisionados de los partidos políticos, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jorge Rivera Rueda, refirió al Departamento de Justicia la controversia sobre un elector que supuestamente recibió una tarjeta electoral fraudulenta en el comité municipal del exrepresentante penepé José “Memo” González, quien aspiró a la alcaldía de Arecibo en 2024.

En su resolución, con fecha del 8 de septiembre, Rivera Rueda estableció que la información y los documentos disponibles tienen “suficiente seriedad y especificidad” para ser evaluados por la autoridad competente. Por ello, ordenó al secretario de la CEE referirlos “inmediatamente” a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, “para que se determine si existe alguna violación de ley y proceda de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable”.

“Yo tengo un deber en ley de referir los asuntos de delito a las autoridades pertinentes”, dijo este miércoles Rivera Rueda a El Nuevo Día.

El incidente ocurrió el 4 de agosto, cuando un elector acudió a una Junta de Inscripción Permanente (JIP) de Arecibo para solicitar un duplicado de su tarjeta electoral. Según el relato firmado por los oficiales de inscripción Keyla Ortega, del Partido Popular Democrático (PPD), y Radamés Medina Concepción, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ambos se percataron de que la tarjeta no era una identificación oficial de la CEE. Cuestionado sobre la procedencia, el elector, supuestamente, indicó que obtuvo la tarjeta en Arecibo y, luego, especificó que la consiguió en el comité de González. Los funcionarios retuvieron la tarjeta y documentaron el incidente.

El asunto llegó a la CEE luego que el representante popular Ramón Torres Cruz solicitó, el 25 de agosto, una investigación sobre la supuesta expedición y uso de tarjetas electorales no oficiales, incluida la posibilidad de que fueran clonadas o reproducidas electrónicamente.

Como parte del trámite, la CEE solicitó documentación a la JIP de Arecibo, que incluyó fotografías de las páginas del Libro de Actas correspondientes al incidente, el formulario de actualización de datos del elector, el relato firmado por los dos oficiales de inscripción, fotografías del frente y reverso de la tarjeta y una Acta de Incidencias de la Comisión Local del Precinto 026.

Según la resolución, los documentos corroboran el incidente y, de probarse los hechos, podrían constituir una violación penal. Rivera Rueda citó el Artículo 12.12 del Código Electoral, relacionado con el uso indebido de tarjetas electorales, entre las disposiciones que podrían estar involucradas.

No obstante, la CEE no determinó que se cometió un delito o que ocurrió fraude electoral. También, aclaró que, de la información disponible, no surgieron indicios ni alegaciones de actuaciones contrarias a las leyes o reglamentos por parte del personal de la CEE.

La comunicación presentada por Torres tampoco fue considerada una querella formal, ya que no cumplió con los requisitos establecidos para ese tipo de procedimiento, por lo que la CEE la trató como un referido de información.

El pleno de la CEE atendió la controversia el 27 de agosto, sin llegar a una decisión unánime.

Durante el pleno, el comisionado electoral del PPD, Ernesto González, votó a favor de una investigación, alegando que, con la emisión de la tarjeta electoral en el comité municipal, se violentó el Artículo 12.12 por infringir reglas y reglamentos de la CEE. Las JIP son los únicos entes autorizados a emitir estas tarjetas.

El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, también votó a favor de que la CEE investigara, pero su homólogo del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges, se opuso porque, a su juicio, la moción no cumplía con el Reglamento para Trámite de Querellas sobre Infracciones al Ordenamiento Electoral.

Este miércoles, Rivera Rueda dijo que, tras certificarse, mediante el secretario de la CEE, que un ciudadano recibió una tarjeta electoral no emitida por el ente, “eso es suficiente para hacer un referido al Departamento de Justicia y lo referí”.

En declaraciones escritas, Torres Cruz sostuvo que el referido a Justicia debe servir como una advertencia sobre el manejo de documentos electorales fuera de la CEE.

“Los hechos no los estoy inventando yo: están en el Libro de Actas de la Junta de Inscripción de Arecibo, en el relato firmado por dos oficiales de inscripción de partidos distintos y en la propia resolución del presidente de la CEE, que concluye que el asunto tiene suficiente seriedad para que lo evalúe la autoridad competente sin mayor dilación”, expresó.

“Aquí, no puede haber zonas grises ni apellidos protegidos. Yo llevé este asunto al pleno de la Comisión porque la fiscalización tiene que ser seria en todos los niveles: en la Junta de Inscripción, en la Comisión Local, en el pleno de la CEE y en Justicia”, añadió, a la vez que reclamó que el referido esté acompañado de una investigación administrativa para determinar cuántas tarjetas fueron impresas, dónde se encuentra la máquina utilizada y para qué evento se habrían preparado.

“No hago esto por titulares; lo hago porque, cuando uno deja pasar una, se abren las puertas para 10. Y, en materia electoral, dejar pasar una es jugar con la democracia”, concluyó.