La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) confirmó en la tarde del domingo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) se encontraba en Barrio Obrero, en Santurce, patrullando la zona.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el portavoz de prensa de ACLU, David Cordero.

Más temprano, la organización de derechos civiles denunció los actos de los agentes federales en la tarde del sábado en Río Piedras quienes apuntaron con rociadores a algunos civiles presentes que documentaban su intervención en dicho sector sanjuanero.

La directora ejecutiva de ACLU de Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, dijo que estas acciones que supuestamente iniciaron el jueves y se extendieron durante el fin de semana “se suman al patrón de violencia sistemática y asecho contra nuestras comunidades inmigrantes y apunta a un aumento en estas intervenciones”.

“Es indispensable que quede claro que las personas tienen derecho a grabar, documentar y protestar las intervenciones y operativos del ICE. Es un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución. En Estados Unidos, hemos visto y denunciado represalias de parte de ICE y agencias federales contra personas que se encuentran ejerciendo ese derecho. Estas grabaciones constituyen una herramienta de fiscalización del poder gubernamental federal y estatal, y nadie debe sentir miedo o intimidación al ejercer ese derecho”, leen las declaraciones.

A modo de ejemplo, Martínez Orabona recordó el caso de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano de Minnesota que fue baleado por agentes de ICE durante una serie de redadas contra la comunidad de inmigrantes en ese estado.

“Alex Jeffrey Pretti se encontraba ejerciendo su derecho constitucional de grabar y documentar las intervenciones del ICE”, denunció la abogada.

“Urge detener esta escalada de parte del ICE. En Estados Unidos, desde la ACLU hemos documentado y denunciado un patrón de intimidación y violencia contra personas que ejercían sus derechos constitucionales, incluyendo agresiones y el uso de agentes químicos contra personas que observaban intervenciones, intimidación a manifestantes y periodistas, y represalias por criticar públicamente las operaciones migratorias”, añadió además.

A su vez, la organización culpó de las redadas al gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, por entregar voluntariamente las direcciones residenciales e información confidencial de más de 6,000 inmigrantes en Puerto Rico.

“Tanto el gobierno federal como el estatal son responsables de la escalada de violencia que observamos de parte del ICE”, expresó Martínez.

---

Pendientes a www.elnuevodia.com para ampliación de esta historia.