Los dueños del edificio donde se ubica la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y la jefatura de la agencia se mantienen negociando cómo se compensarán los 34 días en los que no se pagó por el uso de las instalaciones, entre el vencimiento de un contrato provisional y la firma del nuevo pacto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Estamos a punto de finiquitar el acuerdo de la parte económica por la falta de pago entre el 30 de junio, cuando venció (el contrato provisional), al 4 de agosto, cuando se firmó el nuevo contrato. Es uno bien similar al anterior”, dijo este jueves el abogado Charles Cuprill, representante de los dueños del edificio, en entrevista telefónica.

El nuevo contrato contempla un monto máximo a pagar de $21,864,125.82, en un plazo de cinco años, a partir de su firma el 4 de agosto, según la carta de aprobación de la JSF. El proceso de licitación inició el 6 de abril y el arrendador actual fue el único proponente.

El Nuevo Día pidió comentarios al DCR sobre las conversaciones en curso, pero no se recibieron al momento de publicación. La Oficina de la Contralora tampoco compartió copia del contrato, aunque se solicitó.

La controversia actual trascendió a mediados de julio, a partir de una demanda incoada por el matrimonio de Luis Rivera Siaca y Enery Pilar Ortiz Jiménez para solicitar una orden de desahucio contra el DCR por falta de pago y para que se atendiera –con premura– la evaluación de un nuevo contrato tras la presunta falta de comunicación de la agencia.

El 7 de julio, una semana después de vencer el contrato de alquiler provisional, el DCR, encabezado entonces por el secretario Francisco Rivera Quiñones, envió al nuevo acuerdo a la JSF para evaluación.

En la demanda original, presentada el 1 de julio, Rivera Siaca y Ortiz Jiménez expusieron que no recibieron respuesta Rivera Quiñones –quien dejó el cargo el 5 de agosto– a sendas cartas enviadas, el 2 y 24 de junio, para atender con inmediatez el vencimiento del contrato, que debía ser entregado con tiempo a la JSF.

En su aprobación con observaciones, la JSF advirtió que su política exige que los contratos propuestos se presenten con la documentación requerida con un mínimo de 15 días hábiles de antelación a la fecha de ejecución prevista, lo que el DCR incumplió.

Las oficinas centrales del DCR se ubican en la mitad del sexto piso, así como en los pisos séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo, y en el sótano de la propiedad, en la avenida Teniente César González, esquina calle Calaf, en Hato Rey.

La misiva de la JSF consigna que la renta anual propuesta ascendería cada año fiscal: mientras en el período en curso el pago sería de $4,118,316.84, en 2031 subiría a $4,634,975.39.

“En caso de que el contrato propuesto provoque que el DCR exceda su presupuesto, deberá buscar ahorros en otras áreas para cubrir cualquier gasto excedente y presentar una solicitud de reprogramación presupuestaria para garantizar el cumplimiento del presupuesto certificado para el año fiscal 2027”, enfatizó Jaime A. El Koury, asesor legal de la JSF, en la carta.