Te mostramos desde el aire el lugar de la construcción en controversia.

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, emitió hoy, jueves, un comunicado interno para pedir al Cuerpo de Vigilantes y a sus abogados que permitan a los titulares del condominio Sol y Playa proseguir con la construcción, que cada vez atrae más manifestantes.

En las horas previas a que el secretario emitiera esa carta, sucedieron dos eventos mayores: por un lado, la Cámara de Representantes había anticipado que acudiría al tribunal para obligar al secretario cumplir con la orden de cese y desistimiento de su agencia; y por otro, decenas de manifestantes están acudiendo a los alrededores del condominio para protestar contra la construcción del área recreativa y piscina privada.

Hasta que la Junta de Planificación o la Oficina de Gerencia de Permisos modifiquen sus permisos o se determine otra cosa en la vista a celebrarse, se podrán continuar con las actividades de construcción dentro de las áreas delimitadas”, lee la misiva interna del DRNA.

En esta carta, Machargo alegó que la interpretación correcta de la orden siempre debió ser la “muralla en proceso” o “pared en construcción”. Sin embargo, la orden habla de paralizar las obras delimitando una zona de protección para las especies en peligro de extinción “siguiendo las líneas de las murallas de cemento actuales”.

El Nuevo Día estuvo presente cuando el abogado José Báez Martínez-Radío y el biólogo Carlos Diez acudieron a las inmediaciones de la construcción a inspeccionar si cumplía con la orden de cese y desistimiento. Ambos se acercaron a los obreros de Torres & Rivera Construction y les advirtieron que estaban incumpliendo con la intención original de la orden, que era guardar un perímetro de 15 metros para que la carey pudiera regresar a su hábitat donde había dejado anteriormente 166 huevos.

“Esa especie va a volver al mismo lugar. Esa área no debe ser impactada. Se debe establecer un área perimetral”, había advertido también Báez Martínez-Radío durante la vista administrativa del viernes, 9 de julio.

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