Nota de la editora: segundo reportaje de la serie “SSI: el discrimen contra Puerto Rico”, un proyecto especial en conjunto con el Centro Annenberg para Periodismo de la Salud de la Universidad del Sur de California que apoya la divulgación de historias sobre equidad y salud.

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Luego de la abrumadora determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos que validó (8-1) excluir a los residentes en Puerto Rico del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés) en el caso de José Luis Vaello Madero, la oportunidad de desbloquear ese acceso parece quedar en manos del Congreso, de mayoría demócrata.

La ventana, sin embargo, es corta y cuesta arriba en esta sesión del Congreso, que termina en diciembre.

La extensión del SSI a residentes en Puerto Rico está actualmente incluida en tres medidas congresionales, entre ellas, la legislación de reconciliación de presupuesto conocida como el “Build Back Better” (BBB), que es el proyecto con la agenda social del presidente Joe Biden.

Esa medida, aprobada en noviembre en la Cámara de Representantes, incluye la extensión del programa del SSI a Puerto Rico. El estimado que había hecho la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés), entidad que administra el SSI, respecto al costo anual de esa extensión era de $2,270 millones en 2020, como parte de una medida que asignaba, en total, cerca de $1.85 billones (trillions, en inglés).

En un Senado dividido 50 a 50 -en el que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, puede emitir el voto de desempate-, la legislación, por ser un proyecto de reconciliación presupuestaria, podía aprobarse por mayoría simple, eludiendo la regla del filibusterismo, que normalmente requiere 60 votos para llevar una medida a votación final.

Pero, con los republicanos en total oposición al BBB, los demócratas Joe Manchin y Kyrsten Sinema frenaron -sin tomar posición sobre la extensión del SSI a Puerto Rico- una legislación que consideraron demasiado costosa.

La vía disponible, en ese contexto, sería que los demócratas, con mayor probabilidad después de las elecciones de noviembre, puedan ponerse de acuerdo sobre un proyecto que incluya algunas de las propuestas del BBB y que, entre ellas, se cuele extender el SSI a Puerto Rico.

El Nuevo Día preguntó -vía correo electrónico- a los 100 senadores del Congreso su postura sobre la extensión del SSI a Puerto Rico y si favorecen o no esa promesa de Biden que, hasta el momento, no ha podido materializarse por ninguna de las dos vías posibles: judicial o legislativa. Solo cinco senadores contestaron.

“Los puertorriqueños son ciudadanos de los Estados Unidos como cualquier ciudadano que vive en Estados Unidos continental. El reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que confirma la exclusión de Puerto Rico de la Seguridad de Ingreso Suplementario es inconcebible”, afirmó la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand.

La senadora dijo favorecer una legislación que permita, a los puertorriqueños, tener acceso al SSI desde la isla. También, reconoció que adultos mayores y discapacitados dependen, en gran medida, de ese programa de asistencia para diversos aspectos de su vida diaria, y abogó por igual acceso y derechos para los puertorriqueños.

El senador demócrata por Massachusetts, Edward Markey, también afirmó que apoya la extensión de los beneficios de SSI a los puertorriqueños “a través de cualquier medio legislativo posible, incluidas las asignaciones anuales o los procesos de reconciliación presupuestaria, y votaría por esta extensión si llegara a la consideración del Senado”.

Markey subrayó que los ciudadanos de Estados Unidos que viven en Puerto Rico y otros territorios estadounidenses deben poder acceder a los mismos beneficios que los estadounidenses de los 50 estados y Washington D.C.

También, tronó contra la decisión del Supremo en el caso de Vaello Madero, al señalar que “refuerza la noción incorrecta y discriminatoria de que los puertorriqueños y otras personas que viven en los territorios de los EE.UU. son ciudadanos de segunda clase, en particular los residentes ancianos y discapacitados”.

En la misma dirección, el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez, aseguró que apoya la inclusión del programa de SSI para Puerto Rico en un paquete de reconciliación presupuestaria.

“En lo que respecta a presionar para que cualquier paquete potencial incluya una extensión de los beneficios de SSI para los estadounidenses en Puerto Rico y en todos los territorios, ciertamente, apoyaría que se incluya dicha disposición. Es hacer lo justo para los millones de estadounidenses que residen en Puerto Rico y los demás territorios excluidos”, manifestó.

Además de Puerto Rico, tampoco tienen acceso al programa los habitantes de las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y Samoa Americana.

Ninguno de los senadores republicanos y otros demócratas -incluido Manchin- respondió preguntas directas sobre si apoyarían una medida de reconciliación presupuestaria con la extensión del SSI.

Además del proyecto de administración de Biden, el 20 de abril del pasado año, los senadores Bernie Sanders (demócrata por Vermont), Markey y Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) sometieron el proyecto 1228 para crear la Ley de Equidad Territorial de 2021 que, entre otras propuestas de igualdad, extendería el SSI a la isla. Pero no ha ocurrido nada con la medida, más allá de la introducción en el Senado.

“Los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico deben tener el mismo apoyo básico al que tienen derecho todos los demás ciudadanos estadounidenses, incluidos los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario. El Congreso debería aprobar la Ley de Equidad Territorial”, manifestó Warren a este medio.

Esa misma medida también fue presentada en la Cámara de Representantes federal por la congresista Nydia Velázquez, con la coautoría de los también representantes por Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, así como el representante Raúl Grijalva, quien preside el Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.

Luego de ser introducido en la Cámara baja, el proyecto 2713 fue referido a las comisiones de Medios y Arbitrios, Energía y Comercio, Agricultura, Educación y Trabajo, Recursos Naturales, así como al Subcomité de Nutrición, Supervisión y Operaciones Departamentales, y la Subcomisión de Salud. Pero no ha avanzado nada desde junio de 2021.

Previamente, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es republicana, había sometido, el 28 de enero de 2021, el proyecto 537, que crearía la Ley de Igualdad de Ingresos de Seguridad Suplementaria para extender el SSI a Puerto Rico.

La medida contó con la coautoría de los representantes demócratas Torres y Darren Soto (Florida), así como los delegados de las Islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas del Norte. Tras ser remitida a la Subcomisión de Seguridad Social y la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, no ha habido acción.

La comisionada reconoció que, al tomar en cuenta las elecciones de medio término en noviembre y que podrían afectar la composición de la Cámara y el Senado, “las oportunidades son limitadas” para el proyecto que radicó y cualquier medida congresional para extender el SSI.

Sin embargo, tras la decisión del Supremo en la controversia de Vaello Madero, González enfatizó que “es momento de seguir empujando el asunto y no dejarlo caer”.

“Este programa se crea para darles una ayuda económica a personas que no tienen la capacidad económica, que están bajo los niveles de pobreza y que tienen ciertas condiciones”, manifestó en entrevista con este medio.

Asimismo, subrayó que muchas familias puertorriqueñas, “lamentablemente, tienen que migrar a los estados para poder recibir estos beneficios”.

“No es otra cosa que una inequidad y es discrimen geográfico, es un discrimen por el ‘zip code’ (código postal), porque la necesidad es la misma, la pobreza de esas personas es la misma, las condiciones por las que son afectadas son las mismas, y esto es el único remedio o ayuda que ofrece el gobierno federal para todas estas familias”, denunció.

El analista político Ángel Rosa calificó como “lejana” la posibilidad de que el SSI sea extendido a Puerto Rico antes de noviembre con las elecciones de medio término.

Rosa recordó que proveer a la isla acceso al programa es una promesa de Biden, razón por la cual incluyó esa propuesta dentro del BBB, una medida que, a su juicio, está “muerta”. Pero igualmente destacó que, en el tracto jurídico, la administración de Biden no retiró los argumentos legales de la administración del presidente Donald Trump en el caso de Vaello Madero, acogidos por la mayoría del Tribunal Supremo en su determinación en contra de los residentes en Puerto Rico.

“Se pensó que la manera más fácil de plantearle al Congreso el incluir a Puerto Rico en los beneficios del SSI era entrarlo en la agenda de reforma social de Biden porque es algo en lo que teóricamente están comprometidos, programáticamente, los demócratas”, sostuvo.

“Es algo que, en teoría, es parte de la agenda legislativa de la administración, que tiene una mayoría exigua en el Senado, que es donde está el problema realmente, y nadie se pudo imaginar que, por otros temas que no son el SSI para Puerto Rico, la agenda social de Biden está muerta legislativamente”, apuntó.

La principal ficha de tranque fue el senador Manchin (West Virginia), un demócrata conservador con quien no se logró un acuerdo sobre el gasto público que propuso Biden. “Manchin es el voto 50 y puede, como ha podido, parar la legislación”, agregó.

Rosa, también catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, comentó que otra posibilidad, aunque lejana, sería que se logren acuerdos, tanto en Cámara como en Senado, para emitir una legislación independiente al BBB antes que termine este año fiscal federal, en septiembre.

“Es, no solamente un asunto de desigualdad programática por parte del Congreso a los territorios, también un asunto de desigualdad política. Los votos de los que vivimos en los territorios no son necesarios para la reelección de ningún congresista”, comentó sobre la ausencia de poder político decisional de los puertorriqueños en el Congreso, donde no cuentan con representación con voto.

El dilema de la exclusión de Puerto Rico en este programa, y otros, está atado a aspectos jurídicos sobre los territorios de Estados Unidos que no son considerados parte integral de la unión estadounidense. “Esto es una consecuencia directa de los Casos Insulares”, agregó Rosa.

“Lo que dicen los Casos Insulares es que las personas que viven en los territorios no viven en Estados Unidos, si no en una posesión de los Estados Unidos, y que, por lo tanto, a esas personas y esos territorios, no les aplican todas disposiciones constitucionales que aplican a los de los estados”, explicó.

En el caso de Vaello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos evitó entrar en esa controversia y no revocó los Casos Insulares.

Para el abogado John Mudd, ni demócratas ni republicanos han demostrado que sea prioridad diligenciar la extensión del SSI a Puerto Rico. Coincidió en que no hay urgencia por la falta de poder político de los boricuas. “Es una discriminación asquerosa basada en un artículo de 1899 del (entonces) decano de la Escuela de Derecho de (la Universidad de) Harvard y (el caso de) Downes versus Bidwell (en 1901)”, expresó.

En ese caso, se distinguió entre un territorio incorporado y uno no incorporado, y se determinó que Puerto Rico no estaba incorporado a Estados Unidos.

Mudd señaló que esa visión de 1901 ha sido perpetuada por la administración de Biden. A juicio de este abogado que postula en la corte federal, un error de la defensa en el caso de Vaello Madero fue no abordar los Casos Insulares y solicitar su revocación, una determinación en manos exclusivamente del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Para Mudd, la extensión del SSI a Puerto Rico, más que un asunto de justicia social, se trata de “igual protección de las leyes”.