LUMA Energy confirmó este domingo que cerrará sus oficinas de servicio al cliente en los municipios de Aibonito e Isabela a partir del 26 de junio.

El consorcio a cargo de la transmisión y distribución eléctrica había notificado ya a sus empleados sobre la clausura de ambos locales en una comunicación interna, y en un comunicado de prensa indicó que la determinación “surge de un análisis exhaustivo que identificó oportunidades para optimizar recursos y reforzar la transformación de la red”.

“Nuestro compromiso sigue centrado en el cliente, en operar con excelencia y en comunicarnos con total transparencia”, indica el escrito.

LUMA afirmó que los clientes en Isabela cuentan con 11 puntos de pago cercanos, como panaderías, gasolineras, farmacias, entre otros, y los de Aibonito, con ocho.

Además, subrayó que tienen a disposición “opciones digitales y telefónicas disponibles las 24 horas del día para realizar pagos, solicitar servicios y reportar avería”, así como la pagina electrónica de la empresa (miluma.lumapr.com), la aplicación MiLUMA y un centro de llamadas al 1-844-888-5862 para asistencia personalizada.

“Como parte del proceso, los empleados asignados a estas oficinas serán considerados como primera opción para oportunidades disponibles dentro de la compañía, conforme a las necesidades operacionales y los procesos internos de reclutamiento”, indicó LUMA en el parte de prensa.

La información fue publicada originalmente por el periodista José Carlos Sánchez Cintrón en redes sociales.

La empresa está en medio de una controversia legal con la administración de Jenniffer González, como parte de las gestiones para cancelar su contrato de operación.

LUMA Energy sometió un recurso legal en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para impugnar la determinación de la jueza Laura Taylor Swain, que devolvió el caso a los tribunales en Puerto Rico.

Según LUMA, el gobierno quiere desplegar poderes excepcionales para “intentar anular un contrato que revisó, ejecutó y aprobó hace años”. Además, insistió en que las demandas del gobierno no buscan hacer cumplir las leyes, sino cuestionar actuaciones de la propia Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica.

LUMA también planteó, en el recurso legal, que sufriría “daño irreparable” si no se paraliza la devolución del caso al foro estatal. La empresa advirtió que el litigio podría convertirse en un “shuttlecock”, es decir, un caso “golpeado de un lado a otro entre un tribunal estatal y uno federal”.