Nota de la editora: cuarto reportaje de la serie “SSI: el discrimen contra Puerto Rico”, un proyecto especial en conjunto con el Centro Annenberg para Periodismo de la Salud de la Universidad del Sur de California que apoya la divulgación de historias sobre equidad y salud.

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Mientras los ciudadanos estadounidenses y personas sin esa ciudadanía, pero con residencia legal en los 50 estados, Washington D.C. y las Islas Marianas del Norte tienen acceso al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), en Puerto Rico solo está vigente el programa federal de asistencia a los adultos mayores pobres, personas ciegas y con discapacidad (AABD, en inglés), que provee una ayuda sustancialmente menor.

Las categorías que abarca el AABD están cobijadas en la isla por el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés), que administra el Departamento de la Familia (DF).

“La diferencia principal es los beneficios que recibe el participante. Ahora mismo, los participantes que reciben TANF en una de esas tres categorías reciben beneficios mínimos, comparado con un ciudadano que reciba beneficios regulares por el SSI”, afirmó Alberto Fradera, administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), en entrevista con El Nuevo Día.

En el TANF, bajo la categoría A, los adultos pobres mayores de 65 años reciben $80 mensuales. Bajo la categoría B, las personas ciegas con un grado de visión 20/200 o menos y que son pobres reciben $128. Mientras, en la categoría D, mayores de 18 años, con incapacidad total y permanentemente, reciben $80 mensuales.

“En la mayoría de los casos, estos participantes, su preocupación son los medicamentos”, manifestó Fradera. “La cantidad que recibe un adulto mayor, que en su mayoría son adultos solos en sus hogares, no les da para poder cubrir los gastos mensuales”.

Entre esas tres categorías, hasta el mes pasado, había apenas 30,207 beneficiarios. Pero, en la isla, según los estimados a cinco años de la Encuesta Comunitaria de Puerto Rico que realiza el Negociado del Censo, correspondiente al 2020, unas 455,200 personas podrían ser elegibles para recibir el SSI bajo las tres categorías disponibles.

Ese estimado, que representa una actualización a la cifra de individuos elegibles en Puerto Rico, fue revisado para El Nuevo Día por la demógrafa y catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Judith Rodríguez y el bioestadístico y profesor de la Universidad de Harvard Rafael Irizarry, también con la colaboración de la demógrafa Wilmari de Jesús y la estadística del Departamento de Salud (DS) Mónica Robles.

El estimado más reciente sobre personas elegibles al SSI en la isla fue trabajado por el Centro para una Nueva Economía (CNE), que calculó 435,886 posibles beneficiarios, basado en los datos de la Encuesta Comunitaria de Puerto Rico de 2018.

Contrario a la limitada ayuda en el programa AABD, el pago máximo de SSI en Estados Unidos asciende a $841 mensuales, y una pareja elegible recibe hasta $1,261, según la revisión más reciente de la Administración del Seguro Social (SSA, en inglés) que administra ese programa.

El monto máximo del pago de SSI aumenta con el alza en el costo de vida que se aplica a los beneficios del Seguro Social. El último incremento de este tipo fue de 5.9% y está en vigor desde enero pasado.

Por el AABD, el gobierno federal otorga unos $26 millones anuales a Puerto Rico, a los que se suman $6.2 millones de fondos estatales. Los beneficios de esa asistencia pudieran ampliarse, pero con recursos propios del gobierno de Puerto Rico.

Fradera explicó que, bajo TANF, hay otras tres categorías. Por todas, el gobierno recibe aproximadamente $71 millones anuales desde que comenzó a operar en 1998, dijo el administrador. El gobierno federal no cubre los costos administrativos, de modo que hay que sumar sobre $20 millones en pareo del gobierno estatal para manejar el programa. Las categorías A, B y D están vigentes a nivel estatal, al menos, desde 1981, precisó.

En 2020, la SSA estimó que la extensión del SSI a la isla costaría $2,270 millones anuales.

Cuando el Congreso creó el SSI en 1972, lo hizo precisamente para uniformar la asistencia federal a varios de los grupos más vulnerables en Estados Unidos y combatir la pobreza, en lugar de asignar año tras año una cantidad con tope y pareo estatal que no era homogénea. Sin embargo, Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y Guam fueron expresamente excluidos.

Bajo el SSI, existen tres categorías de elegibilidad: adultos de 65 años o más, personas ciegas o incapacitadas de bajos ingresos y recursos. Una de las principales diferencias es que el AABD no otorga el beneficio a menores, mientras que, al SSI, puede ser elegible una persona de cualquier edad.

Otra diferencia es que una persona que reciba algún tipo de ingreso, incluido el beneficio de Seguro Social, todavía puede ser elegible para recibir el SSI. En Puerto Rico, los beneficiarios de las categorías A, B y D no pueden tener ningún ingreso.

“Es un asunto de derechos civiles, de derechos humanos”, subrayó Fradera. “En los momentos que estamos viviendo, como población, como isla, donde todo aumenta (de costo), es momento de que seamos escuchados y Puerto Rico reciba el trato igualitario que le corresponde”.

En abril, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó la exclusión de los residentes en Puerto Rico del SSI en su determinación sobre el caso de José Luis Vaello Madero. La mayoría de los jueces sostuvieron que la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de extender o no un programa de bienestar social. También, determinó que la exclusión de los residentes en la isla del programa del SSI no es una violación constitucional a la Cláusula del Debido Proceso en la Quinta Enmienda.

Una demanda de clase que estaba paralizada por el caso de Vaello Madero y que busca ahora su oportunidad ante la corte federal de distrito plantea que el rechazo hacia los residentes en Puerto Rico en el SSI viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. El grupo de demandantes está compuesto por siete mujeres y cinco hombres que fluctúan entre las edades de 26 a 75 años, todos ciudadanos estadounidenses.

Tres de los demandantes son personas adultas de 65 años o más que, pese a cumplir con la edad que establece una de las categorías de elegibilidad, no pueden recibir el SSI en Puerto Rico. El resto son individuos que padecen diversas condiciones de salud incapacitantes, incluyendo retraso mental severo, parálisis cerebral severa, cuadriparesia espástica, lupus, esquizofrenia, síndrome de hidrocefalia de espina bífida, pérdida de visión total, condiciones renales, entre otras.

La enfermedad renal, al igual que muchas otras condiciones crónicas, conduce a estos pacientes a llevar una vida de fragilidad e incapacidad, dificultando sus actividades diarias, afirmó Zaisca Pacheco, trabajadora social del Centro Renal Pediátrico del Hospital Pediátrico. Datos del Consejo Renal de Puerto Rico advierten que, de las 6,200 personas que se dializan en la isla, 11 son menores.

“Parece poco, pero que haya un niño o niña que se dialice es mucho”, comentó.

Según el Consejo Renal, para el 2017, el 17.8% de la población (473,959 personas) tenía diabetes y 45.1% (1,228,492) padecía de hipertensión, mientras 68.3% (1,778,464) está obeso o en sobrepeso. Esas tres condiciones son los principales factores de riesgo de las enfermedades renales.

“(Aparte de la enfermedad) los estresores económicos es lo que estas familias enfrentan como de mayor complejidad porque los costos son grandes. Por ejemplo, las vitaminas y unos suplementos nutricionales específicos no lo cubren los planes, y una caja de 24 botellas de ocho onzas, al costo, puede salir en $60″, estimó Pacheco.

La transportación es otro reto económico que enfrentan. El Hospital Pediátrico es el único lugar que ofrece diálisis a esta población y recibe pacientes de toda la isla. En adultos, hay planes Medicare Advantage que limitan la cantidad de viajes al mes, cuando muchos de estos pacientes tienen que dializarse entre tres y cuatro veces a la semana, denunció Pacheco.

“Los altos costos del tratamiento de una enfermedad crónica, sin cura o (con procesos) bien prolongados desplazan a la pobreza a cualquiera y afectan la calidad de vida (de esos pacientes y sus familias)”, resaltó la trabajadora social.

Agregó que el 60% de los pacientes renales padece de diabetes, que, a su vez, les causa ceguera.

“Cualquier enfermedad crónica no tratada a tiempo puede convertirse en una incapacidad. Eso lo vemos en pacientes de diálisis. Es bien complicado que se puedan mantener activos en la fuerza laboral, entonces, los ingresos bajan, y el fallo renal se convierte en una discapacidad. Y, a nivel pediátrico, también es difícil que puedan ir a clases, aunque hay acomodos razonables”, dijo.

Recordó que la meta de pacientes de diálisis es recibir un trasplante, lo que aumenta los gastos.

“El género, la edad y la situación de pobreza se vinculan a más muertes e incapacidad en pacientes con condiciones crónicas. Es una población golpeada por múltiples estresores económicos, con muchas limitaciones. Poder contar con otras asistencias ayuda ante esos estresores”, sostuvo.

Advirtió que mudarse a Estados Unidos no es fácil para pacientes renales. Por ejemplo, depende de la cubierta médica si el paciente es aceptado o no en otros programas estatales, además de que muchos tienen listas de espera para pacientes nuevos. No obstante, en Estados Unidos los pacientes de diálisis cualifican “casi inmediatamente” al SSI, aseguró Pacheco, mientras en Puerto Rico ese acceso está bloqueado.

Gabriel Corchado, defensor de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, aseguró que la mayoría de las llamadas que recibe esa oficina están relacionadas con necesidades básicas y económicas que atraviesa esa población.

“De 20 llamadas al día, la mitad pueden ser para algún tipo de ayuda económica, para algún gasto por su condición. Y ese tipo de llamadas se canalizan a través de referidos a municipios, instituciones sin fines de lucro o agencias de gobierno que pudiesen ayudar a esa persona”, sostuvo el funcionario.

La doctora Carmen Delia Sánchez, procuradora de las Personas de Edad Avanzada, urgió el acceso al SSI para los más de 256,000 adultos de 65 años o más que viven bajo niveles de pobreza en Puerto Rico.

“Muchos reciben ingresos mínimos de Seguro Social. Son pocos los que sobrepasan los $1,000 de Seguro Social (al mes). Por eso, se crea el SSI... el Seguro Social no es suficiente para sobrevivir”, señaló.

La necesidad de alcanzar mayores ingresos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este sector es apremiante, aseguró. Como ejemplo, mencionó que actualmente solo un 2% de la población general vive en instituciones de cuidado prolongado, principalmente por falta de recursos para poder costearlos. Aunque la necesidad de este servicio impera, resaltó, en Puerto Rico no hay ayuda federal para este renglón, por lo cual los hogares son costeados por familiares de la persona, ahorros del adulto mayor -si los tiene- o el Departamento de la Familia, si cualifican.

Con una expectativa de vida de sobre 70 años en hombres y más de 80 en mujeres, la demanda de servicios básicos y de salud es más alta en esa población. Sin embargo, esto no va a la par con los ingresos recibidos del Seguro Social, advirtió.

La procuradora indicó que ni siquiera el 8% de la población de 60 años o más trabaja, por lo cual la necesidad de ingresos adicionales apremia, particularmente, para comprar medicamentos, cubrir gastos médicos, transportación, nutrición y vivienda.

El portavoz de la Asociación Nacional de Ciegos de Puerto Rico, Frank Pérez, también hizo un llamado de urgencia al gobierno federal para que esta población tenga acceso al SSI desde Puerto Rico.

“Con el costo de vida y de las medicinas tan alto y las pocas oportunidades de empleo para esta población, muchos viven en pobreza”, destacó Pérez.