El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) confirmó que se mantiene en pie la huelga decretada el 1 de septiembre ante la exigencia de atender la cubierta del plan médico para los empleados.

David Muñoz, presidente del Sindicato, sostuvo el jueves, en una entrevista televisiva, que la huelga continuaría hasta el 18 de septiembre, cuando se llevará a cabo una reunión.

“La huelga continúa como resultado del incumplimiento, por parte de la presidenta de la UPR, de las determinaciones emitidas por los tribunales. En particular, se le ha ordenado a la administración (a) cumplir con el Laudo de Arbitraje, el cual determinó que la UPR violó el convenio colectivo al eliminar unilateralmente nuestro derecho a administrar y mantener nuestro propio plan médico”, sostuvo el Sindicato en declaraciones escritas.

“El laudo estableció que los empleados de la unidad apropiada que representamos no estarían obligados a participar del plan médico institucional”, añadió el gremio.

El Sindicato sostuvo que concedió una moratoria durante este fin de semana para brindar un espacio y “una oportunidad adicional” a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, para cumplir con la sentencia del tribunal.

“De no obtener un resultado positivo, la huelga continuara por tiempo indefinido”, advirtió el sindicato.

En 2021, el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) emitió un laudo que estableció que la UPR no podía alterar unilateralmente las disposiciones negociadas en el convenio colectivo relacionadas con el plan médico de los trabajadores representados por el Sindicato.

Posteriormente, en 2023, el Tribunal Supremo validó el laudo.

El gremio informó el viernes que la vista judicial relacionada con el incumplimiento de la orden comenzó y que continuará el 11 de septiembre.

El Sindicato sostiene que Jordán Conde impuso el plan de salud pese a representar un costo superior a $1 millón adicionales al año y que, supuestamente, ofrece una cubierta inferior a la del plan médico actual.

“Sostenemos que el plan médico Triple-S continúa siendo una alternativa beneficiosa para nuestros afiliados y rechazamos las alegaciones dirigidas a desacreditar dicha cubierta. A nuestro juicio, esta controversia surge exclusivamente del incumplimiento de las determinaciones arbitrales y judiciales relacionadas con este asunto”, indicó el Sindicato en el escrito.

Tras las declaraciones de Jordán Conde sobre la imposibilidad de la UPR de comprometer fondos públicos “al margen de los procedimientos administrativos y fiscales que tiene la obligación de cumplir”, el Sindicato aclaró no maneja fondos públicos y que las facturas correspondientes al pago del plan médico son remitidas a la UPR, la entidad responsable de realizar directamente las aportaciones y pagos relacionados a la cubierta de los empleados.

“Denunciamos que ha existido una campaña de desinformación relacionada con este asunto y reiteramos nuestra disposición al diálogo para alcanzar una solución que beneficie a los trabajadores, a los pacientes y a la comunidad universitaria”, enfatizó el Sindicato.

El gremio enfatizó que, como parte de las gestiones para proteger los servicios de salud de los unionados, sostuvieron reuniones con las autoridades pertinentes en materia de salud y seguridad para establecer los procedimientos necesarios y asegurar la continuidad de las operaciones minimizando los efectos del conflicto laboral.

La huelga comenzó el 1 de septiembre en 10 de los 11 recintos del sistema universitario, tras no concretarse un acuerdo con la administración sobre la cubierta médica.

Jordán Conde, por su parte, expresó más temprano en el día que su administración estaba dispuesta a reunirse “inmediatamente” con el Sindicato de Trabajadores para atender la controversia por el plan médico, al tiempo que defendió el proceso establecido por la institución para la selección de la cubierta.

“La Universidad tiene total disposición para sentarse inmediatamente con el presidente del Sindicato y sus representantes, si existe voluntad de participar del proceso establecido”, expresó Jordán Conde, en declaraciones escritas.

La presidenta insistió en que la UPR ha mostrado disposición en varias ocasiones, incluso durante reuniones celebradas en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en las cuales, indicó, se presentaron alternativas que no fueron acogidas por el Sindicato.

La Junta de Gobierno de la UPR determinó que los empleados representados por el Sindicato permanezcan temporeramente bajo la cubierta de MCS, mientras se completa el proceso requerido de solicitud de propuestas para seleccionar el plan médico.

Jordán Conde defendió que la selección de una aseguradora debe pasar por los procedimientos administrativos correspondientes debido a que la UPR sufraga este beneficio con fondos públicos.

“La selección de una aseguradora no puede responder exclusivamente a la preferencia de una organización o de su presidente. Cuando es la Universidad la que sufraga este beneficio con fondos públicos, tiene el deber fiduciario y administrativo de evaluar alternativas, costos, beneficios y condiciones mediante los procesos correspondientes”, sostuvo.

Por otro lado, Jordán Conde informó que la Presidencia de la UPR refirió recientemente a la Oficina de la Contralora hechos y hallazgos relacionados con posibles incumplimientos en procesos anteriores de contratación y desembolso de fondos públicos vinculados con la cubierta médica de los empleados representados por el Sindicato.

Según la presidenta, corresponderá a la Contraloría evaluar esos asuntos y orientar a la UPR sobre el curso a seguir.

La administración también indicó que recibió información sobre posibles presiones indebidas entre empleados y situaciones en las que algunos trabajadores, supuestamente, han registrado asistencia sin realizar las funciones correspondientes.

Jordán Conde sostuvo que la UPR reconoce el derecho de sus empleados a expresarse y realizar acciones legítimas, pero señaló que los rectores y las autoridades administrativas de cada unidad tomarán las medidas correspondientes ante cualquier incumplimiento que sea documentado.

Asimismo, la administración indicó que continuará observando el desarrollo del conflicto y mantendrá abiertos los canales de diálogo.