Isabel siempre se ha considerado una mujer independiente y libre; amante de la naturaleza y la aventura. Su vida se trastocó cuando un masajista la agredió sexualmente una tarde de abril de 2019.

La mujer, quien entonces tenía 29 años, se armó de valor para presentar una querella en la Policía y denunciar a su agresor esa misma semana, pero no fue hasta dos años después que la División de Delitos Sexuales finalmente fijó una fecha de citación con la fiscalía para presentar cargos criminales contra el implicado, quien vive a pocos kilómetros de ella.

Fue apenas hace tres semanas que la mujer pudo acudir al tribunal para encarar a su agresor en una vista para determinar causa para arresto y escuchar de la jueza las palabras “causa”. Aún no ha tenido una sensación de justicia, toda vez que no ha habido vista preliminar ni juicio en este caso, dos años después de haber ocurrido.

La sobreviviente, a quien llamamos Isabel para proteger su identidad y evitar revictimizarla, denunció lo que fue un proceso sumamente drenante y angustiante, como tener que acudir personalmente al cuartel para dar seguimiento al caso y recibir excusas sobre movimientos de personal y escasez de recursos; recibir citaciones, que después se cancelaban; o en términos generales, ver cómo su caso se seguía aplazando como un asunto poco prioritario para las autoridades.

También cambió de trabajadora social en seis ocasiones porque los programas de ayuda a las sobrevivientes, que se administran desde organizaciones sin fines de lucro se quedaban cortos de fondos o tenían fechas límites sin lograr continuidad, relató.

“Me quité emocionalmente. No tenía la fuerza... Sentía que no tenía la fuerza para estar detrás de esa persona y del sistema. Yo necesito trabajar, necesito criar a mi hija. Quiero hacer muchas cosas, y no tengo tiempo para estar en la Policía todos los días para exigir que ellos hagan su trabajo”, comentó la profesional, madre de una niña.

Si Isabel persistió fue porque pensó en su hija, en la mujer que quiere ser ante los ojos de ella. Reventó de rabia nada más con la idea de tener que callar esta injusticia por miedo o vergüenza.

“Tengo una hija que ahora no sabe de este proceso, pero eventualmente se enterará. Me sentaré con ella a explicarle. Quiero que ella sepa que, si le pasa algo similar, si una persona a ella le hace algo que le incomoda, ella necesita denunciarlo. Yo necesito que ella entienda que ella decide sobre su cuerpo y que hay medios que la van a proteger. No quiero que ella se entere de esta historia y diga ‘mi mamá no hizo nada’”, reflexionó Isabel.

Decidir seguir adelante con un caso en el que eres la denunciante y testigo principal no es fácil. Los supervisores de la institución hospitalaria donde trabaja Isabel han sido flexibles con su horario y han respetado sus derechos como víctima y testigo. Ese no siempre es el caso. También su esposo y familiares cercanos han sido su “columna”.

No todas las víctimas tienen ese apoyo; algunas están más solas que otras.

Las propias abogadas e intercesoras legales que defienden y acompañan a las sobrevivientes en los tribunales reconocen que es un “proceso complicado y solitario”. Insisten en que la Judicatura se tiene que informar acerca de las distintas modalidades de violencia machista descritas en la Ley 54 de 1989, y trabajar con los estereotipos y prejuicios que les pueden llevar a denegar órdenes de protección por dar poca credibilidad a las mujeres víctimas.

“Hay una resistencia y falta de capacitación para entender qué es violencia doméstica. Me ha pasado que la persona agresora deja sin luz y sin agua a mi representada. En cualquier lugar, eso es ejemplo claro de maltrato. Pues yo he tenido jueces que me dicen que no les hable de eso, que es impertinente”, contó la abogada feminista Verónica Rivera Torres.

La abogada Noeli Pérez de la Torre relató que una jueza, una vez, descartó como prueba de maltrato emocional que el excónyuge de su clienta haya tirado dos veces contra el piso a su mascota. Otros jueces han rechazado como evidencia de amenaza las fotos de pistolas que los acechadores de sus clientas les han enviado por mensajes de texto.

Maricarmen Carrillo Justiniano, otra abogada que trabaja casos de violencia doméstica, cuestionó el criterio que utilizan los jueces para determinar por cuánto tiempo expiden las órdenes de protección. En un mismo día, representó una clienta blanca en un caso de relativa baja peligrosidad y a otra clienta negra bailarina de un club nocturno que tenía evidencia de agresión física y acecho.

“Aunque habían más criterios de peligrosidad, la orden se emitió por menos tiempo que a la otra representada, que era una persona blanca profesional. Entonces, no tenemos conocimiento de que se recopilen datos en la Rama Judicial para determinar si existe un discrimen sistemático en contra de algunas mujeres”, añadió Carrillo Justiniano.

Los datos de violencia machista que recopila la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) muestran una tendencia incremental en los últimos tres años. Los casos presentados en el año fiscal pasado ascendieron a 2,024, un aumento de 15% respecto a hace dos años.

El delito de maltrato a la pareja o expareja, según tipificado en la Ley 54, fue el delito grave más frecuente de casos criminales terminados el pasado año fiscal, según datos de la OAT.

En cambio, las solicitudes de órdenes de protección han disminuido respecto al mismo período de años anteriores. Los datos compartidos por la OAT muestran que se han expedido 75% de las solicitudes de órdenes de protección provisionales o ex parte, pero solo 38% llegan a su etapa final, ya sea porque se deniegan o se archivan porque la víctima desiste en el esfuerzo.

El Nuevo Día solicitó comentarios del juez administrador, Sigfrido Steidel Figueroa, pero al cierre de edición no contestó la petición de información.

La intercesora legal que asiste a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o maltrato infantil, Ángela Jiménez Hernández, identificó otro problema en la dificultad que tiene el tribunal y la Policía en hacer diligenciamientos para citar a los presuntos agresores, lo que a su vez puede causar la dilación de los casos.

“En ese transcurso de tiempo o intervalo de semanas o meses, la víctima puede desistir por muchas razones: no cuenta con un apoyo familiar o amistades o recursos profesionales que la pueden empoderar para que no desista; y la cantidad de veces que tiene que ir al tribunal y el patrono por otro lado violentando los derechos que tiene como víctima y testigo del tribunal; la situación de cuido de los niños”, dijo Jiménez Hernández.

Isabel, la sobreviviente que habló con El Nuevo Día, reconoce que es cuesta arriba conseguir justicia y equidad para la mujer y que sus derechos se siguen violentando. “Tenemos miedo porque tenemos todo en nuestra contra… Tengo miedo, pero comoquiera voy a hablar. Me tiemblan las piernas. Llegar al tribunal me aterra, una ansiedad horrible. Estar tal vez en esta entrevista me aterra. Pero igual necesitamos hablar, que las mujeres hablen. Que la gente verdaderamente se dé cuenta que esto es un problema”, dijo firme.

“No quiero que seamos nosotras las que tengamos que callar”, insistió.