Barcelona - La policía española registró el miércoles la sede del gobernante Partido Socialista como parte de una investigación en curso sobre posibles irregularidades financieras vinculadas a una exintegrante del partido que presuntamente intentó influir en casos policiales y judiciales que podrían dañar al partido.

El operativo en la oficina del centro de Madrid supone otro golpe para el partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyos socialistas se han visto sacudidos por una serie de escándalos de corrupción.

“Respetemos la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista, en que si hay comportamientos irregulares nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, dijo Sánchez, en una conferencia de prensa en Roma.

Sánchez, presidente del gobierno desde 2018, descartó convocar elecciones anticipadas, que deberán celebrarse a más tardar el próximo año.

La Guardia Civil indicó a The Associated Press que la policía actuaba por orden judicial para localizar material relevante para una investigación de la Audiencia Nacional sobre acusaciones de corrupción contra exmiembros del partido y otras personas.

La policía dijo que el registro está estrictamente limitado a una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las posibles irregularidades de Leire Díaz, miembro del Partido Socialista, y otras personas.

El presunto caso contra Díaz comenzó en 2025 cuando aparecieron en medios españoles grabaciones de audio en las que aparentemente estaba involucrada en intentos de desacreditar a un miembro de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil. Otros informes la vincularon con presuntos intentos de influir en el trabajo de fiscales del Estado. La investigación del juez se centra en determinar si recibió pagos para supuestamente llevar a cabo estos esfuerzos.

El Partido Socialista dijo que actuaba por su cuenta. Díaz, que ha dejado el partido, ha negado haber cometido irregularidades.

Un comunicado emitido por la corte el miércoles indicó que el juez Pedraz ordenó a la Guardia Civil “requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales”.

El juez dijo que, además de Díaz, también está investigando la presunta implicación del exdirigente socialista Santos Cerdán -que ya está siendo investigado en un caso de corrupción separado-, así como la de un exmiembro del gobierno regional de Andalucía, un agente de policía, un empresario y dos abogados. El juez los investiga por sospechas de soborno, prestar falso testimonio, falsificación de documentos comerciales, tráfico de influencias y corrupción.

Los registros se suman a una creciente lista de casos judiciales que asedian a los socialistas de España.

La semana pasada, otra corte señaló que estaba investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el rescate de una aerolínea por parte del gobierno. Él ha negado haber cometido irregularidades.

El año pasado, Cerdán y José Luis Ábalos, ministro de Transportes del gobierno de Sánchez, también fueron puestos bajo investigación por acusaciones de que desempeñaron un papel en una trama de comisiones ilegales que comenzó durante la pandemia de COVID-19, lo cual han negado.

La esposa y el hermano de Sánchez están siendo investigados por acusaciones de tráfico de influencias, acusaciones que ambos han negado.

Sánchez, presidente del gobierno desde 2018, ha calificado los casos contra su familia como una “campaña de desprestigio”. Pero el caso de corrupción contra sus antiguos colaboradores le llevó a pedir a la nación “perdón”.

Su gobierno en minoría depende del apoyo de un socio menor de coalición, que por ahora se ha mantenido a su lado pese a las acciones judiciales.

Sánchez, que ha destacado en el escenario internacional por posturas progresistas que le han granjeado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha sido vinculado directamente con ninguno de los escándalos.

El registro de las oficinas de su partido se produjo mientras Sánchez estaba en el Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, quien tiene previsto visitar España del 6 al 12 de junio. El presidente del gobierno dijo que retrasó su conferencia de prensa para poder estar informado de los registros antes de hablar con los periodistas.

Aunque reconoció la “gravedad” de los hechos en Madrid, Sánchez insistió el miércoles en que los casos de corrupción “no impugna en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de ocho años a esta parte”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.