De izquierda a derecha: Miguel Romero, alcalde de San Juan, y los representantes penepés Jorge Navarro y Juan Oscar Morales.
De izquierda a derecha: Miguel Romero, alcalde de San Juan, y los representantes penepés Jorge Navarro y Juan Oscar Morales. (Archivo)

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó que inició una pesquisa contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y los representantes novoprogresistas Jorge “Georgie” Navarro Suárez y Juan Oscar Morales Rodríguez, a raíz de un referido que les imputa obtener beneficios políticos a través de la empresa J.R. Asphalt.

Justicia inició el proceso con una notificación de la pesquisa a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) como establece la ley. Para tomar esa decisión, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia tenía 15 días laborables, desde que recibió el referido, para determinar si activaba la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“Hemos notificado a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia inició una investigación, conforme a las disposiciones de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, relacionada con el referido que presentaron los excandidatos a la alcaldía de San Juan Rossana López León, Manuel Natal Albelo y Adrián González Costa”, dijo Emanuelli en un comunicado de prensa.

“Por tratarse de una investigación en curso, no podemos brindar detalles en esta etapa del proceso”, añadió.

El Nuevo Día solicitó los nombres de los fiscales a cargo de la investigación, pero Justicia sostuvo que esa información es “confidencial”.

Los tres excandidatos a la alcaldía de San Juan hicieron un referido -de 46 páginas- que incluye múltiples comunicaciones de Romero Lugo mediante las cuales, presuntamente, coordinó la repavimentación de calles de la capital con la empresa J.R. Asphalt cuando aún era senador. El documento establece que el hoy alcalde pudo haber incurrido en violaciones al Código Penal, a leyes especiales, a delitos de la función pública y electorales.

Según el documento, uno de los aspectos que debería aclarar una pesquisa sobre este asunto es si el asfalto que J.R. Asphalt supuestamente regalaba para usarse en San Juan era sobrante de obras pagadas con fondos públicos. “Dicho ‘regalo’ pudo haber sido costeado con fondos públicos provenientes de recursos de otros municipios o agencias gubernamentales”, advierte. Sobre ese aspecto, el referido añade que el uso brindado por Romero Lugo y otros funcionarios del PNP sería contrario a la ley”.

Asimismo, los exaspirantes a la alcaldía de San Juan señalaron a Justicia que Romero Lugo, durante la contienda electoral, enviaba hojas sueltas con varios días de anticipación a las comunidades que serían impactadas por las actividades de “bacheo”.

“Es decir, que sabían de antemano cuándo le ‘sobraría’ asfalto a J.R. Asphalt”, lee el documento enviado a Justicia. “Resulta imposible que el personal de J.R. Asphalt, casualmente, se encontrara trabajando en un proyecto cerca de la comunidad y al ‘sobrarle’ el asfalto, decidieron ‘regalarlo a la comunidad’ más cercana”, se añade.

El referido sostiene que Romero Lugo, como senador, estaba impedido de recibir donativos, y como candidato, tenía que seguir las estipulaciones electorales sobre anuncios y de financiamiento de campañas.

Cuando se produjo el pedido de investigación a Justicia, el alcalde de San Juan lo catalogó como “una agenda política”.

Romero Lugo insistió en que su administración no había otorgado contratos a J.R. Asphalt. Pero la municipalidad sí había adjudicado subastas a esta empresa, aunque los acuerdos escritos no se concretaron.

El trío de excandidatos solicitó la pesquisa no solo para Romero Lugo, Navarro Suárez y Morales Rodríguez, sino también para Ricardo Rey Ocasio, quien fue candidato a representante por el Precinto 2 de San Juan; el representante Víctor Parés, así como a los dueños de J.R. Asphalt, Mario Villegas y Raymond Rodríguez. Este último se declaró culpable ante las autoridades federales por corrupción. Será sentenciado el 7 de junio por el juez federal Raúl Arias.

Villegas está acusado en el Tribunal Federal por un esquema de fraude que involucró al exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado y ha alcanzado otros municipios.

Bienvenida a la pesquisa

Morales Rodríguez y Navarro Suárez reaccionaron ayer tranquilos luego que trascendiera que Justicia comenzó una investigación.

“Soy el primero que quiero que se investigue porque las imputaciones que hacen estas personas son falsas”, dijo Morales Rodríguez.

Fotos de Morales Rodríguez circularon en las redes sociales en lugares en que la empresa J.R. Asphalt pavimentó carreteras en San Juan. En el caso de Navarro Suárez, aparece en unas fotos de una colocación de asfalto en la zona de Montehiedra. La empresa encargada fue J.R. Asphalt.

“Ahí, no ocurrió nada ilegal para que yo tenga que preocuparme. Están estirando el chicle”, afirmó, por su parte, Navarro Suárez.

Minutos después que Justicia hiciera pública la investigación, Romero Lugo reaccionó.

“Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, damos la bienvenida a cualquier revisión que las autoridades pertinentes quieran hacer de los procedimientos de subasta y otorgamiento de contratos en el Municipio de San Juan; el gobierno municipal colaborará gustosamente con toda evaluación que valide que los trámites se han manejado conforme a la ley”, sostuvo el funcionario en declaraciones escritas.

“A pesar de que resulta evidente la intención de una agenda política de quienes no saben perder en una democracia, atenderemos como corresponde cualquier investigación formal del Departamento de Justicia y cualquier otra entidad pertinente para que puedan constatar que, en el Municipio de San Juan, todo lo relacionado a esta y todas las subastas que hasta ahora se han manejado, se han atendido con responsabilidad, integridad y transparencia”, abundó.

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