Al reconocer “una ausencia mayor que la típica” esta semana en las instituciones penales, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, pidió a los oficiales correccionales que han respondido a una convocatoria de brazos caídos o “correctional sick” que regresen a sus puestos, al tiempo que prometió atender sus reclamos de mejores condiciones de trabajo.

“La preocupación es que este llamado pueda afectar la seguridad no solo en las instituciones, sino la seguridad de los propios compañeros, que muy probablemente van a tener que doblar turnos o hacer turnos de 12 horas para cubrir unas áreas que no se pueden abandonar. Mi llamado es que regresen a las instituciones.Vamos, oportunamente, a dejarles saber qué es lo que hemos logrado con relación a esas gestiones”, dijo a El Nuevo Día, en entrevista telefónica.

Aunque aceptó el ausentismo entre domingo y martes, Quiñones no reveló estadísticas, precisamente, por motivos de “seguridad” en las instituciones. La convocatoria responde, principalmente, al malestar de los oficiales por la larga espera para un aumento salarial y el pago de horas extras, así como la entrega tardía de uniformes con supuestos defectos.

En esa línea, la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santos, expuso que el ausentismo ha sido marcado en instituciones en Aguadilla, Guayama, Ponce y Bayamón.

La ACU compartió que el martes, “en la cárcel de Aguadilla, de 40 (oficiales) programados, solo asistieron cinco y, en la (cárcel de seguridad) máxima de Ponce, de 25, fueron siete; en Guayama 1,000, de 22 programados, solo se presentaron cinco”. “Entendemos que el pico del ausentismo va a comenzar entre hoy (martes) y mañana (miércoles)”, estimó Martínez Santos.

“La convocatoria decía que se van desde el domingo pasado (12 de octubre) hasta el 26 de octubre. Si no hay nada concreto sobre el aumento de salario, entonces, será indefinido. Los reclamos son el pago de horas extras, que se vea reflejado (el aumento) de $746.67 (bajo la Ley 91-2022) y que se cumpla con los cuatro años de los uniformes que nos deben”, abundó la líder sindical.

El día después de publicarse la convocatoria en Facebook, empleados correccionales denunciaron haber recibido, el viernes, uniformes con “hongos” por supuestamente estar almacenados por más de un año, sin ser entregados a la matrícula.

Martínez Santos explicó, en tanto, que todos los miércoles visten de anaranjado en reclamo a que Quiñones notifique, por escrito, las gestiones para conseguir el incremento de sueldo de $746.

“No debo estar divulgando, más allá de las reuniones con OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), qué otras reuniones estoy haciendo y qué otras posibilidades estoy analizando porque, hasta que tenga un cuadro definitivo, no voy a entrar en esos detalles. Estoy considerando muchas alternativas y no quiero divulgarlas hasta que tome una decisión definitiva”, replicó el titular sobre el reclamo de transparencia.

Sobre la entrega de uniformes, el secretario recalcó que la compra de $2,160,942.50 se hizo bajo esta administración y “tardó un poco con el proveedor, ya que era una cantidad sustancial”. Desde el viernes pasado, están entregando dos pares de botas, cuatro pantalones y seis camisas, marca 511, a cada oficial.

Martínez Santos alegó, no obstante, que parte de los uniformes llevaban en el almacén desde marzo de 2024, planteando que observó la etiqueta de envío en las cajas de almacenaje. “Cuando comenzamos a abrir las cajas de las botas, tenían manchas blancas de hongo y las que no tenían manchas, el olor a hongo era bien fuerte. La frustración y el coraje de los compañeros se debía a que tenían esta mercancía hace más de un año en un almacén y nos tienes trabajando sin el equipo necesario”, dijo la líder sindical, quien no tomó fotos porque están impedidos de hacerlo dentro de las instituciones.

Al insistir con Quiñones sobre las alegaciones, aceptó que tenían almacenados “distintos materiales” y añadió que no habían entregado ningún equipo “hasta que completaran” los uniformes.

“Estuve en esa primera entrega y, en efecto, tuve la oportunidad de abrir las cajas de botas con los compañeros que las estaban recibiendo y, en ningún momento, observé que hubiera alguna bota con hongos. Pero, si hubiera algún defecto o alguna situación que pudiera darse, sea una bota, un pantalón, camisa... eso se devuelve y se trabaja con el suplidor (Security and Defense Industry of Puerto Rico)”, declaró.

Antes de esta entrega, la última vez que el DCR publicó la distribución de uniformes fue en 2021, cuando la entonces secretaria, Ana Escobar, precisó que habían costado $1,960,736.10.

“Esta administración, en menos de 10 meses, le está entregando los uniformes, no solo del año que nos correspondía, 2025, sino que también del año anterior, 2024 y vamos a cumplir con lo otro que se les debe”, argumentó Quiñones, quien adelantó que tienen planificado culminar la entrega el 2 de noviembre.