El pulseo entre el Senado y el Departamento de Hacienda por acceso a información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental Antonio Sagardía alcanzará este jueves un punto crítico, cuando se celebre una vista de desacato ante la jueza Iris Cancio González, en el Tribunal de San Juan.

Cancio González citó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a una audiencia programada para las 2:00 p.m., en la sala 907, con la advertencia de que su incomparecencia bastará para declararlo en desacato y ordenar su arresto e ingreso inmediato en prisión, sin necesidad de nueva citación y/o vista.

La audiencia tendrá lugar el mismo día en que la gobernadora Jenniffer González ha convocado un encuentro con la Conferencia Legislativa, en el que se espera la participación de los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente.

En el camino hacia la audiencia, Hacienda solicitó el lunes la desestimación del caso por falta de jurisdicción, mientras que el Senado contestó el martes con una moción en la que reafirmó que Sagardía está siendo “investigado legítimamente” y dejó claro que está preparado para responder los argumentos del Estado.

“El Senado se reserva para la correspondiente vista de desacato –ordenada por este Tribunal el 27 de marzo de 2026–, todos los argumentos que, a su entender, proceden en derecho para replicar los argumentos que ha esgrimido el Estado en defensa de un contratista gubernamental investigado legítimamente por el Alto Cuerpo legislativo", indica la moción de dos páginas.

En el documento presentado por los licenciados Héctor E. Medina Pérez y Miguel A. Rodríguez Ramos, representantes del Senado, se añade que el cuerpo legislativo “se encuentra en disposición de someter un memorando de derecho sobre cualquier extremo de su petición, si así este ilustre foro lo estimare pertinente’.

Mientras, el Departamento de Justicia, en representación de Hacienda, sometió una moción de desestimación, indicando que, ante la admisión del Senado de que no le notificó a Sagardía la petición de información previo a este pleito, la corte debe examinar si tiene jurisdicción para atender el caso en los méritos.

En la moción de ocho páginas, el Estado alegó que, sin la debida notificación al contribuyente no se siguió el trámite que exige la ley, el caso Rullán versus Fas Alzamora y el propio Reglamento del Senado, y que, por ende, el cuerpo legislativo acudió a los tribunales de forma prematura sin agotar todos los remedios.

“La omisión de notificar al licenciado Antonio Sagardía De Jesús tuvo como efecto que el Senado acudiera al Tribunal de manera prematura, lo cual incide directamente sobre la jurisdicción del foro. Tampoco el Senado puede valerse de este proceso al amparo del Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, 2 LPRA sec. 154a, como un mecanismo para evadir la notificación requerida por nuestro ordenamiento jurídico”, agrega el documento en poder de El Nuevo Día.

Por lo tanto, el Estado estableció que, dado que desde el inicio el proceso legislativo no siguió los procedimientos establecidos por la jurisprudencia, el recurso instado por el Senado carece de madurez. “De modo que cualquier pronunciamiento del Tribunal es nulo dado a que carece de jurisdicción”, señaló Justicia.

“Como resultado procede, sin ambages, que se desestime el recurso instado por el Senado, ya que el Tribunal desde el inicio no tenía jurisdicción para atender el reclamo al amparo del del Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico”, puntualizó.

La vista de desacato se da luego de que Hacienda no entregara en el plazo de 48 horas los documentos requeridos por la jueza el 24 de marzo, tras acoger una solicitud del Senado. La Cámara alta había solicitado que se declarara al secretario de Hacienda en desacato conforme al Artículo 34-A del Código Político de 1902.

En respuesta, el Departamento de Justicia presentó una moción de reconsideración, solicitando revisar la orden judicial y reiterando que la información contributiva del exsecretario de Justicia y contratista gubernamental es confidencial.

“Como secretario de Hacienda tengo un deber claro e indelegable: proteger la confidencialidad de la información que los contribuyentes someten ante el Departamento de Hacienda. Son garantías que se le deben honrar a todos los contribuyentes en Puerto Rico”, expresó recientemente Pantoja Rodríguez.

En declaraciones escritas circuladas luego de la citación a la vista de desacato, el funcionario añadió que la moción de reconsideración presentada por Justicia busca que el tribunal delimite el alcance de la protección constitucional al derecho a la intimidad, conforme a la jurisprudencia vigente.

Asimismo, insistió en que la acción no pretende limitar la transparencia ni las facultades investigativas de la Asamblea Legislativa. “Proteger la confidencialidad de la información contributiva es proteger la confianza del pueblo de Puerto Rico en el Departamento de Hacienda”, puntualizó.

La controversia se remonta a una petición de información de Rivera Schatz, aprobada de forma unánime el 12 de marzo, mediante la cual se requirió a Hacienda confirmar si Sagardía –quien figura como contratista de múltiples agencias– radicó declaraciones informativas (W-2 y 480), así como detalles básicos como fechas, recipientes de pagos y si estas fueron enmendadas.

Tras la negativa de Hacienda a divulgar los datos el 17 de marzo, alegando confidencialidad bajo el Código de Rentas Internas y protecciones constitucionales, el Senado acudió a corte, el 23 de marzo, para obligar la entrega de la información.

El 24 de marzo, Cancio González declaró “ha lugar” la solicitud y ordenó a la agencia entregar la información en un plazo de 48 horas.

En su moción de reconsideración, Justicia planteó que la protección a los datos contributivos no se limita a las planillas, sino que abarca cualquier información sometida a Hacienda, incluidas las declaraciones informativas W-2 y 480, así como la identidad de las personas que recibieron pagos.

Además, Justicia cuestionó el alcance de la investigación legislativa, al señalar que el Senado no detalló el propósito ni la pertinencia de la información solicitada, y alegó que Sagardía de Jesús es un ciudadano privado, por lo que goza de una mayor protección constitucional.

Como parte de sus argumentos, también sostuvo que el Senado no notificó adecuadamente al exsecretario de Justicia sobre el requerimiento de información.

“La Constitución de Puerto Rico establece un mandato de confidencialidad estricto sobre la vida privada. Las planillas son comunicaciones privilegiadas entre el contribuyente y el Estado. Romper ese sello sin cumplir rigurosamente con los criterios de excepción establecidos en la ley no solo es una irregularidad procesal, sino un precedente peligroso para todos los puertorriqueños”, expresó, por escrito, la secretaria auxiliar de lo Civil de Justicia, Tania Fernández Madero.

En resumen, el Senado solicitó a Hacienda indicar si Sagardía preparó declaraciones W-2 o 480 –lo que podía responderse con un “sí” o “no”–, así como las fechas de radicación, los nombres de los recipientes de pagos y si dichas declaraciones fueron enmendadas.

“Como se sabe, se trata meramente de confirmar si un contratista gubernamental había emitido cierta declaración ante el Departamento de Hacienda. En ese sentido, debemos apuntalar que el Senado de Puerto Rico no solicitó información ni copias sobre las planillas de contribución, como tampoco información personal del contratista gubernamental”, sostuvo el Senado, en su solicitud más reciente.

En paralelo, la petición también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

Los requerimientos surgieron luego que Sagardía de Jesús defendió públicamente a la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones de Rivera Schatz, en las que cuestionó el manejo de la administración de González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del 2025.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.