WASHINGTON — Unos antiguos empleados del FBI implicados en la investigación penal sobre la retención de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump han sido citados a comparecer ante un gran jurado en el marco de una amplia investigación por conspiración con sede en Florida, según revelaron el jueves sus abogados al solicitar a un juez que aclarara si pueden testificar sin infringir una orden que restringe la divulgación de información.

Las citaciones obligan a los antiguos empleados del FBI a declarar en Fort Pierce (Florida), mientras el Departamento de Justicia investiga una teoría poco definida sobre una conspiración del “Estado profundo” para privar a Trump de sus derechos civiles e impedir que acceda al poder.

Hasta ahora, la investigación se ha centrado principalmente en antiguos funcionarios del Gobierno que analizaron los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump de 2016, pero las citaciones judiciales reveladas este jueves ponen de manifiesto el amplio alcance de una investigación que también está analizando el registro llevado a cabo por el FBI en 2022 en la finca de Trump en Mar-a-Lago, Florida, en busca de documentos clasificados. Ese registro constituyó la base de uno de los cuatro procesos penales a los que se enfrentó Trump entre su primer y segundo mandato.

Los responsables del Departamento de Justicia siguen adelante con lo que se conoce comúnmente como la investigación de la “gran conspiración”, tras la dimisión este mes de Joseph diGenova, un aliado de Trump que había sido incorporado para ayudar a dirigir la investigación que ha animado a los comentaristas de la derecha, quienes llevan tiempo alegando que antiguos responsables de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia conspiraron contra el presidente republicano.

La alegación, presentada en nombre de los empleados citados a comparecer, plantea una nueva cuestión jurídica para la jueza federal de distrito Aileen Cannon, la jueza nombrada por Trump que no solo desestimó el proceso contra Trump por los documentos clasificados, sino que también ejerce en el juzgado de Fort Pierce, donde el Departamento de Justicia ha centrado su investigación, que ya dura un año, sobre la supuesta conspiración de los supuestos enemigos de Trump.

El pasado mes de febrero, Cannon dictó una orden que impedía la publicación de un informe sobre la investigación de los documentos clasificados elaborado por el fiscal especial Jack Smith —cuyo equipo presentó en 2023 decenas de cargos por delitos graves contra el entonces candidato republicano— y que prohibía la divulgación de información no pública sobre el caso a personas ajenas al Ministerio de Justicia.

Ahora, los abogados de los antiguos empleados citados a comparecer solicitan a Cannon que aclare si dicha orden impide que sus clientes puedan testificar ante el gran jurado, ya que se les formularán preguntas detalladas sobre la investigación.

Sin esa aclaración, afirman, podrían verse obligados a elegir entre incumplir la orden si testifican, «no prestar un testimonio completo y sin restricciones» para cumplir con la orden o invocar sus derechos constitucionales contra la autoincriminación —una opción que, según ellos, “plantea alternativas negativas innecesarias para antiguos funcionarios públicos inocentes”.

“En concreto, los clientes desean confirmar que pueden hablar libremente de información no pública relacionada con su participación en la investigación con personas ajenas al Departamento de Justicia, entre las que se incluyen, entre otras, el gran jurado y los propios abogados de los clientes, sin incumplir los términos de la orden”, escribieron los abogados.

Los abogados señalaron que el Departamento de Justicia ya ha adoptado la postura de que cualquier testimonio sobre la investigación de Mar-a-Lago infringiría la orden de Cannon, y destacaron que los abogados del Gobierno enviaron un correo electrónico a los abogados de Smith antes de que este testificara ante el Congreso, indicándole que no estaba autorizado a revelar información no pública. Sin embargo, afirman que los responsables de la actual investigación por conspiración en Florida se han negado a manifestar una postura o a solicitar aclaraciones al tribunal sobre su orden.

Los abogados afirman que sus clientes están dispuestos a declarar en el marco de la investigación si se les autoriza legalmente a hacerlo.

“Si el tribunal les permite testificar sin las restricciones impuestas por la orden, los clientes proporcionarán de buen grado al gran jurado un relato detallado de la investigación, el razonamiento, la toma de decisiones y otra información ‘no pública’ que abarca desde el momento en que la investigación sobre los documentos clasificados se remitió por primera vez al FBI hasta la ejecución de la orden de registro, incluida esta”, reza el escrito. “Cada uno de los clientes detallará sus recuerdos de primera mano sobre la investigación de una denuncia debidamente fundamentada según la cual Trump, por entonces ciudadano particular, había retenido ilegalmente cientos de documentos altamente clasificados en su residencia de Mar-a-Lago”.

El documento revela nuevos detalles sobre el alcance de las investigaciones y las negociaciones con el Gobierno.

Presentado en nombre de un grupo de agentes y analistas, tanto en activo como jubilados, que participaron en la investigación de Mar-a-Lago, el escrito afirma que el FBI se puso en contacto con ellos en julio y agosto para solicitarles que se sometieran a entrevistas voluntarias y comunicó a los abogados que, tras dichas entrevistas, se les pediría que testificaran ante el gran jurado.

Los abogados afirman que dos clientes recibieron citaciones el lunes. Según el escrito, se citó a una persona para que testificara la próxima semana y a otras dos, incluida una representada por abogados distintos, se les ha citado para que comparezcan la semana siguiente.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.