Un hombre de 45 años, residente en Canóvanas, fue arrestado por agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y enfrenta seis cargos relacionados con la producción, recepción, transporte y posesión de material de explotación sexual infantil.

Se trata de David Ortiz García, quien fue detenido el 25 de agosto, según informó Héctor Ramírez Carbó, fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico.

De acuerdo con documentos judiciales, un gran jurado presentó la acusación formal contra Ortiz García el pasado 20 de agosto.

La acusación sostiene que entre noviembre de 2025 y julio de 2026, Ortiz García presuntamente poseyó y accedió de manera consciente, con la intención de visualizarlo, a material de explotación sexual infantil mediante su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet.

Entre el material que presuntamente tenía en su poder había imágenes y videos de niños pequeños y menores prepúberes, incluidos menores de 12 años.

Los cargos más graves están relacionados con alegaciones de que Ortiz García habría inducido, persuadido o coaccionado, o intentado hacerlo, a un menor varón de tres años para que participara en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir material de explotación sexual infantil.

Según la acusación, estos hechos habrían ocurrido entre el 9 y el 12 de enero del año en curso.

El hombre también enfrenta otros dos cargos de producción de material de explotación sexual infantil por hechos que presuntamente ocurrieron en febrero y abril de este año. En ambos casos, se le acusa de persuadir y coaccionar a un menor varón prepúber para que participara en conducta sexualmente explícita con el propósito de producir dicho material.

Además, enfrenta un cargo por recepción y otro por transporte de material de explotación sexual infantil.

“Quienes se aprovechan de los niños serán procesados con todo el rigor de la ley”, afirmó Ramírez Carbó. “Agradezco a los dedicados agentes de HSI y a los fiscales que investigaron y presentaron cargos en este caso por sus incansables esfuerzos para proteger a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI en San Juan, destacó que “detrás de cada caso de explotación infantil hay un menor que ha sido perjudicado, y este arresto es otro recordatorio urgente de que los depredadores no responden a un solo perfil y las víctimas no pertenecen a un solo género”.

“HSI San Juan ha identificado un patrón preocupante de hombres adultos que buscan explotar a menores varones y continuaremos llamando la atención sobre esa realidad sin minimizar el riesgo para ningún niño. Nuestro mensaje es claro: la explotación infantil no está limitada por estereotipos, y tampoco lo está nuestra respuesta de las autoridades. HSI San Juan seguirá la evidencia, identificará a las víctimas y perseguirá a quienes sean acusados de atacar a menores con todas las facultades investigativas a nuestra disposición”, indicó Ramos en el comunicado de prensa.

De ser declarado culpable, Ortiz García se expone a penas de entre 15 y 30 años de prisión por cada cargo de producción de material de explotación sexual infantil.

Los cargos por recepción y transporte conllevan penas de entre cinco y 20 años de prisión, mientras que el cargo de posesión podría acarrear una pena máxima de 20 años.

Las condenas también podrían incluir un término de libertad supervisada una vez cumplida la pena de prisión. La sentencia, de producirse una condena, será determinada por un juez federal tras considerar las Guías de Sentencias de Estados Unidos y otros factores establecidos por ley.

La fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez Lora, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso.

La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra los Delitos Cometidos contra Niños, dirigido por HSI.

El caso forma parte de Project Safe Childhood, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos creada en 2006 para combatir la explotación y el abuso sexual infantil, particularmente aquellos delitos cometidos mediante internet.

Las autoridades federales precisaron que la acusación formal constituye una alegación y no una determinación de culpabilidad. Ortiz García se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable ante un tribunal.