A poco más de un año del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, y 48 días después de que un jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad en su contra, Elvia Cabrera Rivera regresará este jueves a la sala 1 del Tribunal de Aibonito para conocer la condena que cumplirá.

La vista de lectura de sentencia comenzará las 10:00 a.m. ante el juez Luis S. Barreto Altieri y marcará el cierre de la etapa del caso. Sin embargo, el proceso está lejos de terminar, pues la defensa anticipó que continuará impugnando la determinación en los foros apelativos.

El veredicto llegó el 23 de julio, luego de un juicio que se extendió por 23 días. El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, emitió su decisión en menos de cuatro horas de deliberaciones. La acusada fue hallada culpable en los dos cargos por asesinato en primer grado y de violación a la Ley de Armas.

Durante el proceso, el jurado tuvo ante sí más de 200 piezas de evidencia, entre ellas fotografías, vídeos, documentos, informes periciales, mensajes y declaraciones de testigos. El Ministerio Público presentó más de 60 testigos, 21 de los cuales declararon presencialmente ante el tribunal.

Entre la prueba presentada hubo vídeos de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos al lugar de los hechos. Las imágenes fueron utilizadas para establecer movimientos y circunstancias previas al asesinato, aunque algunas no correspondían directamente al área exacta donde ocurrió el ataque a puñaladas.

Entre los puntos más controvertidos del juicio estuvo la ropa ocupada a Cabrera Rivera y a su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada en el caso. El agente Gerardo Berríos Padilla declaró que las prendas ocupadas durante un allanamiento no coincidían con las que presuntamente ambas llevaban la noche del crimen.

La prueba médica también tuvo un papel central. El patólogo forense Javier Gustavo Serrano Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), declaró que la víctima tenía en su cuerpo 11 heridas de arma blanca. De todas estas, la más letal fue una que alcanzó el ápice del corazón y fue la que provocó la muerte.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso judicial que Cabrera Rivera actuó en “concierto y común acuerdo” con su hija. Parte de la prueba giró entorno a que testigos observaron a Cabrera Rivera tomar un objeto punzante de su cartera y entregarselo a su hija, quien presuntamente apuñaló mortalmente a la víctima.

La defensa, por su parte, mantuvo como eje de su estrategia que la prueba no establecía más allá de duda razonable la participación de Cabrera Rivera. Incluso después del veredicto, la licenciada Mayra López Mulero sostuvo que continuaría llevando el caso a los foros correspondientes y anticipó que impugnaría la decisión.

Los hechos ocurrieron la noche del 10 de agosto, cuando Pratts Rosario se encontraba en el área del desvío Roberto Colón, en Aibonito. Según la evidencia desfilada, aquella noche ocurrieron varias peleas en el lugar que dejaron el saldo de dos menores de 16 años heridos de arma blanca.

Ambas víctimas fueron trasladadas en vehículos separados a la Sala de Emergencias del hospital Menonita, donde la doctora Carla Mercado certificó la muerte de Pratts Rosario en la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025, apenas 24 horas antes de que cumpliera 17 años.

Tras la pesquisa de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, la Fiscalía presentó cargos contra Cabrera Rivera y su hija, dando paso a un proceso judicial de alto perfil que acaparó la atención pública y en el que incluso se llegó a considerar la imposición de una orden de mordaza.

Antes de comenzar el juicio, la defensa de Cabrera Rivera intentó detener o impugnar el proceso. Además, sostuvo, de manera reiterada, que su clienta era inocente y, durante el proceso de descubrimiento de prueba, solicitó copia de aquella evidencia favorable o potencialmente exculpatoria para su representada.

Ya durante el juicio surgieron otros episodios que mantuvieron el caso bajo atención pública. Entre ellos estuvo el hallazgo de la cabeza de un perro muerto frente a la residencia de Cabrera Rivera y la aparición de sábanas en la ruta panorámica de Aibonito con mensajes alusivos al caso e incluso a las autoridades.

Otro de los momentos inusuales ocurrió en julio, cuando el juez Barreto Altieri ordenó el secuestro del jurado, incluidos los suplentes. Los jurados fueron trasladados a un hotel y se les ocuparon sus teléfonos celulares. El juez justificó la medida por el alto interés público del caso y la etapa crítica que atravesaba el juicio.

Los 12 miembros del jurado permanecieron aislados hasta la deliberación y recibieron instrucciones de decidir exclusivamente a base de la evidencia admitida en sala. Además de los cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, el jurado tenía la alternativa de asesinato atenuado, según las instrucciones del juez.

Sin embargo, la decisión del panel fue culpable en los dos cargos que enfrentaba. Por tanto, la convicta se expone a una condena de 99 años de prisión por el cargo de asesinato en primer grado y más de tres años adicionales por el cargo de violación a la Ley de Armas, si hay atenuantes o agravantes.

La defensa, sin embargo, ya ha planteado que el tribunal debe considerar circunstancias atenuantes al momento de imponer la sentencia. El Artículo 65 del Código Penal contempla distintas circunstancias que pueden ser tomadas en cuenta en la individualización de la pena, entre ellas si el convicto tiene historial criminal.

La solicitud de atenuantes no equivale a una admisión de responsabilidad ni a una aceptación del veredicto. La defensa -encabezada por los licenciados López Mulero, Alberto C. Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández- ha dejado claro que se reserva el derecho de continuar cuestionando la convicción.

De hecho, la batalla legal ya se trasladó a los tribunales apelativos. El Tribunal de Apelaciones rechazó recientemente un reclamo de la defensa relacionado con el acceso a un formulario de veredicto que resultó dañado durante las deliberaciones. No obstante, la defensa recurrió al Tribunal Supremo.

Paralelamente, queda pendiente el proceso contra Avilés Cabrera, cuya causa criminal por la muerte de Pratts Rosario continúa por separado. Precisamente, el juicio contra la joven de 18 años comenzará el próximo martes, 15 de septiembre, en la sala 1 del Tribunal de Aibonito, ante el juez superior Juan A. Reyes Colón.