La Fiscalía federal solicitó al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico una orden de protección de evidencia en el caso por crimen organizado contra el comerciante Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano” o “el Viejo”, hijo del fenecido exalcalde del municipio de Añasco, Antonio “Toño” Valentín Vega, y otros cinco coacusados.

La moción de cinco páginas fue radicada el 5 de octubre por los fiscales Myriam Y. Fernández González y Antonio L. Pérez Alonso. Los acusados tienen hasta el 19 de octubre para responder a la moción.

En el documento, la fiscalía solicitó al juez presidente Raúl M. Arias Marxuach que emita una orden que prohíba a los integrantes de los equipos legales de la defensa divulgar o distribuir los materiales del descubrimiento de prueba a cualquier persona o entidad sin autorización de la corte.

“Los materiales que se divulgarán en este caso incluyen, entre otros, información extraída de dispositivos electrónicos, documentos corporativos y registros financieros, incluidos documentos relacionados con cuentas bancarias. Muchos de estos documentos contienen nombres, números de Seguro Social, números de identificación patronal, fechas de nacimiento, direcciones físicas, direcciones de correo electrónico y números de teléfono, así como información confidencial y sensitiva obtenida mediante investigaciones de las autoridades del orden público y el uso del gran jurado”, indicaron en el escrito.

Añadieron que la eliminación de información mediante tachaduras o supresiones de los materiales que serán objeto de descubrimiento de prueba no resulta viable, dado el volumen del material que debe divulgarse, particularmente el extraído de dispositivos electrónicos y los registros correspondientes a múltiples cuentas bancarias.

“Por consiguiente, parte del material que se divulgará incluirá información de contacto, como números de teléfono, direcciones postales o direcciones físicas de terceros, así como información de identificación personal de los acusados y de personas relacionadas con ellos”, afirmaron los fiscales en la moción presentada.

En esa línea, precisaron que las divulgaciones desde el inicio del caso tienen como finalidad beneficiar a los equipos de defensa. Sin embargo, la difusión pública de este tipo de información aumenta el riesgo de que se vulneren los derechos de privacidad de terceros y plantea preocupaciones relacionadas con la seguridad.

“Por lo tanto, el tribunal puede restringir el uso de los materiales obtenidos mediante el descubrimiento de prueba con el fin de proteger información personal o de otra índole sensitiva”, argumentaron los fiscales.

Asimismo, plantearon que el gobierno no pretende retrasar, denegar ni restringir la divulgación de información a la defensa, sino que “procuran facilitar el descubrimiento de prueba y, al mismo tiempo, proteger contra la divulgación o el uso indebido de determinada información sensitiva”.

“Para garantizar que los materiales divulgados no se distribuyan de manera que vulneren los derechos de privacidad o comprometan la seguridad de terceros, los Estados Unidos solicitan respetuosamente a este Tribunal, conforme a la Regla 16(d)(1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que emita una orden de protección que prohíba a cualquier integrante de los equipos de defensa divulgar o distribuir, de cualquier manera, todo o cualquier parte del material divulgado por los Estados Unidos en este caso a cualquier persona o entidad, sin autorización expresa del Tribunal”, solicitaron.

De igual forma, pidieron que cada integrante de los equipos de defensa que reciba materiales del descubrimiento de prueba firme documentos de reconocimiento y aceptación, los presente ante el Tribunal y entregue una copia a los Estados Unidos antes de recibir cualquier material.

En resumen, la orden de protección permitiría que la defensa muestre a posibles testigos materiales del descubrimiento de prueba para fines investigativos, siempre que cumplan con varias restricciones.

Por ejemplo, antes de divulgar la información, deberán explicar las condiciones de la orden y sus consecuencias, y entregar un documento firmado por el o los testigos acepten cumplirlas. Ese documento deberá presentarse ante el tribunal, bajo sello y de forma ex parte, dentro de las 48 horas siguientes.

Los testigos no podrán tomar notas ni conservar copias de los materiales, mientras que la defensa deberá llevar un registro de las divulgaciones y eliminar información personal y financiera de terceros antes de mostrar los documentos. Las mismas condiciones aplican a cuadros y tablas resumidas preparados a partir de la evidencia, según las especificaciones en la moción.

“Conforme a la Regla 16(d)(1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, los Estados Unidos solicitan mediante la presente que este Tribunal emita la orden de protección adjunta como Exhibit 1, aplicable a todos los materiales divulgados en el caso”, puntualizaron.

Valentín Vega fue arrestado en mayo como el principal acusado en un pliego de 23 cargos contra seis personas. Los cargos incluyen crimen organizado, narcotráfico, asesinato y lavado de dinero.

Además de Valentín Vega, las autoridades federales acusaron a Rafael Ángel Ruiz Garces, César Carrero Martínez, Luis Irizarry Zapata y Luis Rivera Quiñonez, presuntos miembros de la organización criminal.

Según la Fiscalía federal, Valentín Vega presuntamente lideraba la organización criminal “La Empresa”, que introducía cocaína desde Colombia, Venezuela y República Dominicana hacia Puerto Rico, con destino final a Estados Unidos. La investigación también lo vincula con una presunta serie de asesinatos que habría comenzado como represalia por su secuestro en abril de 2020, incluido un ataque a tiros en Añasco en mayo de ese año en el que murieron una mujer y una niña de ocho años.

Las autoridades alegan, además, que las ganancias del narcotráfico se utilizaron para adquirir armas, vehículos, embarcaciones y propiedades, y que la organización realizó transacciones ilegales que superaron los $10 millones.

El caso se presentó bajo la ley federal RICO, que permite procesar a presuntos líderes de organizaciones criminales por actividades ilícitas atribuidas a sus integrantes.

Valentín Vega e Irizarry Zapata podrían enfrentar la pena de muerte si resultan convictos.