Autoridades estatales y federales destaparon en Puerto Rico varios esquemas de fraude al sistema de salud que involucran a un médico con licencia suspendida, un laboratorio clínico, la venta no autorizada de medicamentos y la prestación de servicios dentales sin licencia.

Los casos fueron confirmados como parte de la Redada Nacional contra el Fraude en Servicios de Salud (National Health Care Fraud Takedown 2026), una iniciativa del Departamento de Justicia federal que produjo 455 personas acusadas de robar sobre $6,500 millones en fondos destinados para programas como Medicaid.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia de Puerto Rico también participó en la investigación.

La secretaria de Justicia estatal, Lourdes L. Gómez Torres, informó que el Ministerio Público radicó 173 cargos contra un médico, un administrador de oficina médica y un laboratorio por, presuntamente, defraudar, por separado, al programa Medicaid y a múltiples planes médicos.

Según Justicia estatal, el esquema consistió en la radicación de reclamaciones falsas por un total de $1,704,122.75, de los cuales los imputados, supuestamente, se apropiaron de $1,012,448.04.

“El mensaje es claro: quienes cometan fraude contra el programa Medicaid enfrentarán consecuencias”, expresó Gómez Torres en declaraciones escritas.

La funcionaria resaltó que los fondos se asignan para garantizar acceso a servicios médicos esenciales, particularmente a pacientes de escasos recursos, adultos mayores, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables.

De acuerdo con Justicia estatal, uno de los casos, que surgió tras un referido de la aseguradora MCS y su programa, MCS Advantage, fue radicado contra el doctor Jorge Rodríguez Wilson, la corporación Wilson Orthopaedics Medical and Rehabilitation y Javier Ortiz Hernández, quien fungía como administrador de la oficina médica.

La fiscal Brenda Rosado Aponte formuló 81 cargos contra Rodríguez Wilson por, presuntamente, practicar la medicina de manera ilegal; someter y promover reclamaciones falsas a Medicaid; dispensar o recetar medicamentos controlados sin estar autorizado en ley; y fraude y apropiación ilegal de fondos públicos.

Mientras, Wilson Orthopaedics Medical and Rehabilitation enfrenta 64 cargos por apropiación ilegal y fraude. Por su parte, Ortiz Hernández enfrenta 28 cargos por fraude, falsedad ideológica y practicar la medicina de manera ilegal.

Según la investigación del Ministerio Público, entre el 4 de marzo de 2025 y el 31 de enero de 2026, Rodríguez Wilson, quien no podía ejercer funciones como médico luego que su licencia fue suspendida, sometió reclamaciones falsas bajo líneas de negocio de Medicaid, Medicare y planes comerciales.

Justicia estatal indicó que, pese a estar suspendido, el médico, supuestamente, trató, diagnosticó, examinó y facturó a planes médicos.

Además, las autoridades sostienen que Ortiz Hernández examinó, trató y diagnosticó pacientes sin estar autorizado y, presuntamente, preparó documentos relacionados con la facturación médica.

En total, Rodríguez Wilson facturó $1,590,058.21, lo que resultó en una pérdida de $935,559.67, dinero que fue pagado a su cuenta bancaria, según Justicia.

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa probable para arresto contra los imputados por todos los delitos presentados e impuso una fianza global de $109,000. La vista preliminar fue señalada para el 29 de junio de 2026.

El segundo caso estatal fue presentado contra el Laboratorio Clínico del Pueblo, ubicado en Guaynabo, por presuntamente someter reclamaciones falsas y fraudulentas al programa Medicaid.

Rosado Aponte formuló 19 cargos contra el laboratorio por apropiación ilegal de fondos públicos y fraude al Medicaid.

Segun la pesquisa, entre agosto de 2022 y mayo de 2023, el laboratorio, supuestamente, sometió reclamaciones fraudulentas a los planes First Medical, MMM Healthcare, Triple Salud y Plan de Salud Menonita por $114,064.54.

Como parte del esquema, el Ministerio Público sostuvo que se identificaron reclamaciones por pruebas de COVID-19 facturadas de forma repetitiva o consecutivas utilizando información de beneficiarios del Plan Vital (plan de salud del gobierno de Puerto Rico).

Las autoridades indicaron que el laboratorio facturó y cobró $76,888.37 por servicios ofrecidos al programa Medicaid parcialmente, sin cumplir con el requisito de necesidad médica ni con los criterios requeridos para la cubierta.

La jueza Arelys Ortiz Rivera encontró causa por todos los delitos imputados. La vista preliminar fue señalada para el 1 de julio de 2026.

Como parte de la misma iniciativa nacional, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, confirmó la formulación de cargos contra cuatro acusados en Puerto Rico en conexión con dos esquemas separados de fraude al sistema de salud.

Los acusados en uno de los casos son Josué Sáez Rodríguez y Chancey Irmaries Olmed Pérez, mientras que Carlos Andrés Rendón Bermúdez y Jandiel Santos Rodríguez, enfrentan cargos en el otro proceso judicial.

Sáez Rodríguez y Olmed Pérez, ambos de Comerío, fueron acusados de conspirar para cometer fraude electrónico y etiquetado indebido de medicamentos.

El caso está vinculado a la promoción, venta y distribución no autorizada de productos como semaglutida (ingrediente activo en productos como Ozempic y Wegovy), el medicamento para diabetes Mounjaro (cuyo ingrediente activo es tirzepatida) y esteroides.

Sáez Rodríguez también fue acusado de posesión con intención de distribuir esteroides anabólicos.

En el segundo caso federal, Rendón Bermúdez, de 32 años y residente de Columbus, Ohio, y Santos Rodríguez, de 22 años y residente de San Lorenzo, fueron acusados por conspiración para cometer fraude postal y electrónico y etiquetado indebido de dispositivos, en conexión con un esquema para ofrecer servicios dentales sin la debida licencia.

Según el pliego acusatorio, Rendón Bermúdez realizó procedimientos dentales sin una licencia válida para ejercer la odontología, incluyendo aplicación de frenos, blanqueamiento dental, limpiezas, carillas y tratamiento de caries.

También presuntamente lijó dientes con una herramienta eléctrica, administró anestesia y proporcionó antibióticos recetados luego de procedimientos dentales.

Las autoridades federales alegan que Santos Rodríguez fungía como representante de Rendón Bermúdez en Puerto Rico, coordinaba citas, promocionaba servicios dentales en redes sociales y les decía falsamente a pacientes que Rendón Bermúdez era dentista licenciado.

El operativo nacional resultó en cargos contra 455 acusados, incluidos 90 médicos y otros profesionales de la salud con licencia, por su presunta participación en esquemas de fraude al sistema de salud y abuso de opioides que involucran más de $6,500 millones en reclamaciones falsas.

La Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico trabajó estos casos junto con la Unidad de Fraude al Sistema de Salud del Departamento de Justicia federal, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas y Alimentos (FDA), la Policía y la Policía Municipal de San Juan.