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El Tribunal de Apelaciones rechazó la petición de la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, que buscaba aplazar por un término mínimo razonable de seis meses el juicio por jurado al alegar que la intensa cobertura mediática del caso había afectado la posibilidad de seleccionar un jurado imparcial.

En una resolución de ocho páginas emitida el miércoles, un panel del Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Juan R. Hernández Sánchez, Waldemar Rivera Torres y Ricardo G. Marrero Guerrero, determinó no intervenir en la petición presentada por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

“No identificamos razón por la cual este foro deba intervenir”, indicó el panel en el documento la decisión.

Como parte de sus argumentos, la defensa de Avilés Cabrera alegó que, desde el día siguiente de los hechos, que ocurrieron en agosto de 2025, el caso recibió una cobertura mediática sin precedentes, motivada por una versión inicial sobre lo ocurrido que, según sostuvieron sus abogadas, no había sido sustentada con evidencia.

Asimismo, la SAL señaló que dicha cobertura provocó un amplio rechazo público, expresiones de condena por parte de funcionarios gubernamentales y una fuerte presión para que se arrestara y procesara a las personas señaladas como sospechosas del crimen ocurrido en medio de una trifulca en el desvío Roberto Colón.

Sostuvo que, durante los días siguientes, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y el superintendente de la Policía, Joseph González, realizaron expresiones públicas identificando a las sospechosas antes de la formulación de los cargos.

Asimismo, la defensa expresó que, tras la presentación de las denuncias en contra de las acusadas, ambas fueron expuestas ante los medios de comunicación antes y después de la vista de determinación de causa probable para arresto y posteriormente trasladadas al complejo correccional al no prestar la fianza impuesta.

Sostuvo que, pese a que la acusada tenía 17 años al momento de los hechos y posee una discapacidad intelectual certificada por el Departamento de Educación, su identidad y su imagen fueron difundidas públicamente. Afirmaron que esa exposición derivó en una ola de acoso, burlas y amenazas en las redes sociales, lo que motivó a las autoridades correccionales a establecer medidas especiales de seguridad.

Asimismo, la representación legal de la acusada expuso que el Tribunal Supremo autorizó la transmisión de varias etapas del proceso pese a la oposición de la defensa y en contravención al Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales (PECAM).

En su recurso, la defensa alegó que la amplia cobertura mediática del caso comprometió su derecho a un juicio justo e imparcial. Argumentó que, aunque no forma parte del juicio contra su madre y coacusada, Elvia Cabrera Rivera, la evidencia presentada en ese proceso ha sido ampliamente difundida y discutida públicamente, lo que, a su entender, contaminó a los potenciales miembros del jurado.

De igual forma, sostuvo que “los medios de comunicación y comentaristas discutieron diariamente la evidencia presentada, e incluso, divulgaron fotografías e imputaciones relacionadas con ella”, por lo que entienden que se habían afectado sus derechos constitucionales a la “presunción de inocencia y a un juicio justo e imparcial”.

Asimismo, alegaron que durante la investigación surgieron controversias relacionadas con la entrega de prueba exculpatoria, al afirmar que notas del agente investigador Ángel Torres Romero revelaron la existencia de otros posibles sospechosos, contrario a la posición inicial del Ministerio Público.

Por ello, la defensa solicitó que el juicio fuera pospuesto por, al menos, seis meses tras la conclusión del proceso judicial contra su madre. Ambas acusadas enfrentan dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por uso y/o posesión de arma blanca.

No obstante, tanto el Tribunal de Aibonito como el Tribunal de Apelaciones rechazaron ese planteamiento. Al denegar el recurso, el panel concluyó que la defensa “no ha demostrado” que el Tribunal de Aibonito hubiera actuado de forma arbitraria, incurriera en un “craso abuso de discreción” o cometiera un error de derecho que justificara su intervención.

Al atender el recurso, el Tribunal de Apelaciones examinó si correspondía intervenir bajo los criterios establecidos en la Regla 40 de su Reglamento, que rige la expedición de autos de certiorari y otras órdenes.

“Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, a la luz de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este foro deba intervenir. Ello, ya que no se presentan ninguna de las situaciones que allí se contemplan”, señaló el foro secundario.

“Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en los que el Tribunal de Primera Instancia haya sido arbitrario, cometido un craso abuso de discreción o cuando, de la actuación del foro, surja un error en la interpretación o la aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Reiteramos que en el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya alguno de estos escenarios”, puntualizó el Apelativo.

Con esta decisión, el proceso judicial contra Avilés Cabrera, quien ahora tiene 18 años, continuará su curso en el Tribunal de Aibonito, con la selección de los miembros del jurado que tendrán la responsabilidad de evaluar la evidencia que desfile en el juicio.

Mientras, el juicio contra su madre entró en una etapa culminante con los últimos testigos del Ministerio Público.