El Tribunal de Apelaciones falló a favor del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional (Figna) en la selección del operador nuevo de las tiendas de descuento para los militares, un proceso con el cual puso fin a una relación de 14 años con la empresa Castro Business.

La decisión de no renovar el contrato provocó el cierre temporal de las 10 tiendas, mientras culminaba la selección del operador nuevo. La clausura de los locales se prolongó, sin embargo, siete meses debido a las revisiones a la decisión administrativa que solicitaron cuatro de las seis empresas licitadoras, que alegaban que Figna actuó de forma arbitraria, caprichosa e irrazonable al seleccionar a Quality Transport & Distribution LLC, propiedad de Juan Reynoso Cabrera.

“Es un proceso bien importante para Figna porque es la zona para generar sus ingresos. Figna necesita alimentar esos fideicomisos mediante estas tiendas militares. La ley especial y el reglamento conjunto de Hacienda permite hacer RFP (solicitud de propuestas) y tener un proceso especial llamando a los participantes”, reaccionó el abogado de Figna, José Barea Fernández, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El Figna proyecta que las tiendas podrán reabrir a mediados de febrero, a la vez que estimó que dejarían de devengar $2 millones en renta desde el 1 de julio hasta el próximo mes, al permanecer cerradas para los casi 30,000 miembros autorizados. El cierre coincidió con los meses de mayor consumo debido a las festividades navideñas.

La notificación de dar por terminada la relación se hizo el 17 de mayo de 2022, dos semanas después que se filtró un audio de Ricky Castro, dueño de Castro Business, en el que admitió que depositó su donativo en la cuenta de organizaciones fantasmas y se registró a nombre del National Guard Exchange, nombre con el cual hace negocios. Estos donativos fueron, en última instancia, al súper PAC Salvemos a Puerto Rico, que apoyó la campaña electoral a la gobernación de Pedro Pierluisi y cuyo presidente, Joseph Fuentes, se declaró culpable de participar en un esquema para ocultar información y defraudar al gobierno federal.

Castro estuvo representado en la negociación para la renovación del contrato por el abogado Andrés Guillemard, cuñado del gobernador Pierluisi, según los documentos judiciales de una demanda por alegado incumplimiento de contrato. Ese proceso civil está todavía pendiente de resolución.

Barea Fernández detalló que Castro Business pagaba una renta de $450,000 mensuales, mientras el contratista nuevo pagará $500,000 mensuales, más un 6% del ingreso cuando excede de las ventas brutas de $40 millones anuales. El abogado admitió que nunca se ha excedido esa cantidad en ventas, pero se aspira a ello.

En la sentencia del 20 de diciembre con relación a la revisión administrativa, el foro apelativo determinó que el contrato para la operación de las tiendas se encuentra expresamente exento de la aplicación de la Ley de la Administración de Servicios Generales (ASG) para la Centralización de las Compras (Ley Núm. 73 de 2019), contrario a lo que alegaban las empresas.

“En este caso, FIGNA no está comprando, está poniendo a concesión un espacio para operación de unas tiendas”, reaccionó Barea Fernández.

Sobre esto, la administradora de la ASG, Karla Mercado, indicó que, aunque el proceso que efectuó la Guardia Nacional está exento de la Ley 73 de 2019, los procesos de subastas o RFP están regulados en la Rama Ejecutiva por ese estatuto, contrario a lo que se arguye en la sentencia. “Este tipo de decisiones deben estar atemperadas a las regulaciones actuales, ya que afectan negocios jurídicos que inciden directamente en las operaciones del gobierno”, comentó.

El Tribunal de Apelaciones validó también los procesos de Figna ante otros seis planteamientos de las empresas.