La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, no descartó la posibilidad de que la defensa de Elvia Cabrera Rivera, convicta por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, someta una apelación tras recibir una sentencia de 102 años en prisión.

“Desconozco si hay algo presentado, pero en el caso de la madre no hubo un preacuerdo, así que la defensa siempre tiene en su haber presentar algún tipo de error o falla que se haya presentado durante el juicio, o incluso cuestionar la sentencia”, indicó la jueza presidenta al ser abordada por El Nuevo Día sobre la posibilidad.

“Hasta ahora, que yo sepa, no han acudido a los foros apelativos, pero es una posibilidad”, se reafirmó Oronoz Rodríguez.

La defensa de la ahora convicta acudió ante el Supremo, a solo horas de que el juez Luis Barreto Altieri dictara sentencia, en un último intento por lograr acceso al un formulario que el jurado, supuestamente, arruinó durante el proceso de deliberaciones.

En una moción de 16 páginas presentada el 8 de septiembre, la defensa sostuvo que, contrario a lo determinado por Barreto Altieri, el formulario completado por el jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, no es un documento confidencialidad.

“El formulario de veredicto que se dañó, y que el TPI reconoció que es parte del récord del caso, no es confidencial, pues no revela el proceso mental de los jurados, sus votaciones preliminares, sus discusiones, sus razonamientos y deliberaciones”, indicó la defensa en la moción.

Además, los abogados plantearon, entre otras cosas, que es inconsecuente indicar que existe confidencialidad en cuanto al formulario por el mero hecho de que el documento estuvo en posesión del panel del jurado durante el proceso de deliberación.

“Este hecho, por sí solo, no convierte al formulario en confidencial. Por el contrario, todo apunta a que dicho documento es un documento público por el cual la Defensa, el Ministerio Público y el público en general deben de tener libre acceso”, añadieron los abogados.

La defensa de Cabrera Rivera reiteró que, más allá de lo anterior, no existe estatuto alguno ni normativa jurídica que justifique la confidencialidad del documento que están solicitando “y más cuando el veredicto ya fue rendido” por los miembros del jurado.

Igualmente, la defensa insistió en que el Tribunal de Aibonito no tenía discreción para negar el acceso al “formulario defectuoso” del jurado, pese a que ya sufrió un reciente revés en el Tribunal de Apelaciones, que falló en contra de su reclamo.

La defensa recibió, en febrero, un “no ha lugar” del Tribunal Supremo a su petición de certiorari y las mociones presentadas para paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Aibonito, y para la celebración de una vista oral.

Cabrera Rivera fue sentenciada el 10 de septiembre a 99 años de prisión por el cargo de asesinato en primer grado y a otros tres años por el cargo de portación y uso de un arma blanca en la comisión de un crimen violento. Ambas son penas fijas que deberá cumplir de forma consecutiva.