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Aibonito - De pie, frente al estrado y con el peso de un veredicto de culpabilidad ya sobre sus hombros, Elvia Cabrera Rivera escuchó la sentencia que marcará el resto de su vida: 102 años de prisión a cumplir de forma consecutiva por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Antes de que el juez dicatara sentencia, a Cabrera Rivera se le permitió expresarse ante el público presente en la sala judicial.

“Quisiera decirle que lamento mucho la muerte de Gabriela. Me declaro inocente de todo lo que se me acusa, ya que todos los testigos no han dicho toda la verdad. Todo este tiempo me he sentido tranquila”, expresó la acusada.

“Estaba luchando por mi inocencia y sigo firme que soy inocente”, agregó.

La condena llegó semanas después de que un jurado de siete mujeres y cinco hombres la encontrara culpable de asesinato en primer grado y de una violación a la Ley de Armas, cerrando así dos momentos distintos de un proceso judicial que mantuvo en vilo al país.

Esta vez no había deliberaciones pendientes ni testimonios por escuchar en la sala 3 del Tribunal de Aibonito, presidida por el juez Luis S. Barreto Altieri. La decisión sobre su culpabilidad ya estaba tomada, pero quedaba por definir la pena que enfrentará.

En la sala, llegó finalmente a su desenlace el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, apodada “Lela”, construido durante meses con más de 200 piezas de evidencia, incluidos sobre 60 testigos del Ministerio Público, fotografías y videos.

En los banquillos de madera del tribunal se congregaban desde funcionarios de ley y orden hasta familiares de la víctima, incluida la madre de la víctima, Lisandra Rosario Berríos, y su hermana, Lismary Torres Rosario, quienes declararon en el proceso.

Llegada la hora cero, el juez ordenó a la convicta que se pusiera de pie y dictó la sentencia por dos cargos de asesinato en primer grado, bajo el Artículo 93(a) del Código Penal, y por uso y/o portación de un arma blanca, conforme al Artículo 6.06 de la Ley de Armas.

La defensa había solicitado que se contemplaran las circunstancias atenuantes incluidas en el Artículo 65 del Código Penal, que incluyen falta de antecedentes penales, buena conducta y que goce de reputación satisfactoria en la comunidad, entre otros aspectos.

Por el delito de asesinato en primer grado, el Código Penal establece una pena fija de 99 años de prisión. A esta se suman tres años por la violación de la Ley de Armas, pena que puede aumentar o reducirse tomando en cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.

La sentencia puso punto final a la etapa del caso en el Tribunal de Primera Instancia, pero la batalla judicial está lejos de terminar. La defensa ya ha adelantado que acudirá a los foros apelativos para impugnar el veredicto y buscar que se revoque la sentencia.

En la antesala a esta nueva etapa en la batalla judicial, la defensa ya ha recurrido al Tribunal Supremo para tener acceso a un formulario que el jurado dañó durante las deliberaciones. Sin embargo, el máximo foro judicial declaró “no ha lugar” la petición.

El jurado escuchó testimonios que permitieron reconstruir lo ocurrido durante la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando la menor fue apuñalada en 11 ocasiones en el desvío Roberto Colón. En el incidente también resultó herido su mejor amigo.

Ambas víctimas fueron trasladadas en vehículos separados hasta la Sala de Emergencias del Hospital Menonita. Allí, la doctora Carla Mercado certificó la muerte de “Lela” a las 12:35 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025, 24 horas antes de cumplir 17 años.

Tras el crimen, la Policía y la Fiscalía de Aibonito encaminaron una investigación que culminó con la radicación de cargos contra Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada en el caso y cuyo juicio por jurado comenzará el 15 de septiembre.

Así, Cabrera Rivera enfrentó tres días de vista preliminar ante la jueza Marielem Padilla, al cabo de los cuales se determinó causa para juicio. Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo su teoría de culpabilidad, mientras la defensa insistió en su inocencia.

La decisión abrió la puerta a un proceso que se extendería por casi un año y que tendría como escenario el Tribunal de Aibonito. Entre testimonios, objeciones, argumentos y evidencia, se desarrolló el juicio, con vistas que fueron transmitidas al público.

Tras 23 días de desfile de prueba y horas de deliberación de un jurado que permaneció secuestrado, el 23 de julio llegó el veredicto que marcó el rumbo del caso: culpable. Con esa palabra terminaba el juicio, pero no la historia que comenzó aquel agosto.