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Aibonito – El juez Luis S. Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, ordenó el secuestro del jurado en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en dicho municipio.

Con esta decisión, el panel permanecerá incomunicado mientras evalúa la prueba presentada y delibera para emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad sobre los dos cargos que enfrenta la acusada por los delitos de asesinato en primer grado y Ley de Armas.

“Este es un caso de alto interés público, de mucha opinión pública, etcétera. Estamos en una etapa crítica del proceso y el tribunal va a ordenar el secuestro del jurado en estos momentos”, dijo Barreto Altieri en la Sala 1 del Centro Judicial.

“¿Qué significa eso? Que los alguaciles los van a acompañar a cada uno de ustedes a sus casas, van a buscar ropa, van a seguir las instrucciones, el tribunal va a emitir la resolución ahora. Se les va a llevar a un hotel. Va a haber un cuarto por cada uno de ustedes. No va a haber roommates“, indicó el togado.

Al impartir las instrucciones previas a la deliberación, Barreto Altieri informó a los miembros del jurado que permanecerán sin acceso a sus celulares y que, de surgir alguna emergencia que requiera realizar una llamada, esta deberá hacerse a través de un alguacil.

“No pueden hablar con nadie sobre los hechos de este caso”, advirtió el juez al explicar las restricciones que regirán mientras permanezcan incomunicados.

Además, le indicó al jurado que, en el hotel donde se hospedarán, no tendrán acceso a las noticias, sino a programas que no estén relacionados. “La idea es que no puedan tener ningún contacto sobre las noticias de este caso”, manifestó Barreto Altieri.

Posteriormente, la secretaria de la sala judicial procedió a tomar juramento a cuatro alguaciles —tres hombres y una mujer— quienes tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad y el cumplimiento de las instrucciones impartidas.

“Juran ustedes que mantendrán unidos a las damas y caballeros del jurado durante todo el periodo del secuestro, no permitirán que persona alguna se comunique con ellos y velarán por la seguridad de los miembros del jurado”, indicó la secretaria.

En tanto, los cuatro alguaciles auxiliares respondieron en conjunto: “lo juro”, quedando así formalmente designados para la encomienda asignada durante la etapa de deliberación.

Cabe destacar que la última vez que un jurado fue secuestrado en un caso de alto interés público en Puerto Rico ocurrió durante el juicio contra el excorredor de bienes raíces Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato a tiros de su esposa, Carmen Paredes Cintrón, ocurrido el 14 de julio de 2012.

Antes de que el juez anunciara el secuestro del jurado, la Fiscalía sometió su caso. Por su parte, la abogada Mayra López Mulero, representante de la acusada, informó que la defensa renunciaba a presentar prueba testifical y también dio por sometido el caso.

Mientras esto ocurría, la acusada, con el cabello recogido en una dona, permanecía inmóvil, con su mirada fija hacia el estrado. No hizo gesto alguno. El momento marcaba el cierre de meses de testimonios y vasta evidencia en un caso sumamente mediático.

El anuncio se produjo en el día #21 del juicio, ante una sala completamente llena que, jornada tras jornada, fue escenario de un proceso que trascendió las paredes de la corte para ocupar un lugar central en las calles del municipio, las redes sociales y la palestra pública.

Como última carta, las partes acordaron estipular el testimonio de la doctora Carla Mercado, del Hospital Menonita, quien certificó la muerte de Pratts Rosario a las 12:35 a.m. del lunes 11 de agosto de 2025. La víctima tenía visibles ocho heridas de arma blanca.

Sin embargo, surgió algo inesperado: una de las miembros principales del jurado fue excusada por una situación médica. Luego, el juez hizo un sorteo, acorde a las Reglas de Procedimiento Criminal, para que uno de los miembros suplentes pasara al panel principal.

“Hay una jurado que tiene que ir a una cita médica. Se ve un poquito complicado (su caso). Es probable que cuando vaya al centro que tiene que ir, le manden un descanso. El tribunal le sugirió a las partes sustituir esa jurado por un miembro suplente”, explicó.

Posteriormente, explicó los próximos pasos del proceso. Fue entonces cuando, con un tono distendido, les dijo que tenía dos noticias que darles: la buena era que el desfile de prueba había concluido; la mala, que a partir de ese momento quedarían secuestrados.

“El desfile de prueba ha culminado. El caso está sometido por ambas partes. ¿Qué falta? Argumentaciones de las partes. Lo que digan las partes en sus argumentaciones, eso no hace prueba. Cualquier comentario que haga el juez, eso no hace prueba”, dijo.

El juez explicó que, una vez impartiera las instrucciones al jurado, escogería a un presidente o presidenta que estará a cargo de dirigir el proceso interno de deliberación. Posteriormente, comenzaría la evaluación de la prueba. “Esa es la noticia buena”, expresó.

Por su parte, la Fiscalía, integrada por las fiscales Barreto Rubio, Myriam Nieves Vera y Jackeline Pizarro, al igual que la defensa, compuesta por los licenciados López Mulero, Alberto Rivera y Yancarlos Maysonet, confirmaron que no solicitaron el secuestro del jurado.

Precisamente, López Mulero precisó que la decisión de ordenar el secuestro del jurado “es una prerrogativa que tiene el tribunal”. “Esta es la medida más extrema que tiene un tribunal para garantizar que no haya contaminación”, mencionó a preguntas de la prensa.

Finalmente, Nieves Vera comentó que estaba satisfecha con la prueba que desfiló en el juicio. “Aquí se probó más allá de duda razonable la culpabilidad de la acusada y ahora vamos a esperar a que podamos hacerr los informes, que el jurado reciba sus instrucciones y se vaya a deliberar”, indicó.

En cuanto al secuestro del jurado, la fiscal confirmó que “entendíamos que era una posibilidad que se podía dar quizás más tarde en el día, pero respetamos la decisión del juez de hacerlo en este momento”.

Los hechos que dieron paso a este caso se remontan a la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, cuando se celebraba el Gran Cierre de Verano Municipal. En medio del ambiente de fiesta, una trifulca escaló hasta una agresión, dejando heridos a dos menores.

En consecuencia, la víctima, apodada cariñosamente como “Lela”, fue transportada de emergencia hasta el Hospital Menonita, donde se confirmó la ausencia de signos vitales. Mientras, su mejor amigo, que recibió una puñalada por la espalda, se recuperó de la herida.

La muerte de la menor abrió una investigación que llevó a la Fiscalía de Aibonito a formular, el 19 de agosto de 2025, dos cargos contra Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, quien es juzgada en un proceso separado.

En este juicio, la Fiscalía contó con un total de 61 testigos, de los cuales solo 21 declararon de forma presencial en la sala judicial, siendo el último el patólogo Javier Gustavo Serrano, quien confirmó que la menor tenía 11 heridas de arma blanca.