Dos ciudadanos de la República Dominicana permanecen bajo custodia de las autoridades federales tras ser señalados por, presuntamente, fungir como capitanes de una embarcación vinculada a una operación de contrabando humano por vía marítima.

Así lo anunció la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), quien precisó que en la operación en cuestión involucró a 64 personas sin estatus migratorio definido que fueron interceptadas el 9 de mayo, cerca de Puerto Real, en la costa de Cabo Rojo.

Por estos hechos, HSI arrestó el 13 de mayo a Gil Antonio Febles Esteve, conocido por cinco alias distintos: “Antonio Febles Esteves”, “Gil Antonio Feblez Estevez”, “Julio Mercedes”, “Julio Mercedes Ramírez” y “Pedro Mercedes Rivera”; y a Wilton Mejía Hernández.

Las detenciones se produjeron luego de una investigación liderada por HSI en conjunto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y múltiples socios federales y locales de las fuerzas del orden.

Según la investigación, Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP detectaron una embarcación aproximadamente a 7.5 millas náuticas al noroeste de Cabo Rojo. Las agencias de seguridad respondieron y llevaron a cabo operaciones coordinadas de interdicción y registro, lo que resultó en la detención de 64 personas.

De este grupo de 64 personas, cuatro eran mujeres y el resto hombres. No había ningún menor de edad. Además, HSI confirmó que 58 eran ciudadanos de la República Dominicana y seis haitianos, por lo que fueron repatriados a la vecina isla caribeña.

“Las operaciones ilegales de tráfico marítimo son extremadamente peligrosas y ponen vidas en riesgo en el mar”, dijo el agente especial a cargo interino de HSI San Juan, Yariel Ramos. “Aquellos que decidan organizar o participar en estos viajes ilícitos serán identificados y procesados. No se hagan a la mar ilegalmente: las consecuencias pueden ser mortales”.

Tanto Febles Esteve como Mejía Hernández han sido señalados por las autoridades federales como los capitanes responsables de operar y dirigir la operación de tráfico. Los investigadores determinaron que ambos individuos tenían violaciones migratorias previas e historiales de deportación en Estados Unidos.

Uno de los acusados había sido deportado previamente de Estados Unidos en ocho ocasiones y cumplió aproximadamente 16 meses de prisión federal por delitos migratorios anteriores. El segundo acusado había sido deportado previamente de Estados Unidos en 2023 mediante procedimientos de expulsión acelerada.

Los acusados enfrentan cargos federales que incluyen: ayudar o facilitar la entrada de ciertos extranjeros a Estados Unidos; introducción de extranjeros y complicidad; y reingreso ilegal tras deportación luego de una condena por delito grave.

La investigación fue realizada por HSI, CBP, Operaciones de Detención y Deportación (ERO), el Departamento del Tesoro de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

El fiscal federal auxiliar especial Steven Liong Rodríguez está a cargo del caso ante el Tribunal federal.

HSI recordó que ambos acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Además, la agencia federal reafirmó su compromiso de combatir las redes ilegales de tráfico de personas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer este tipo de casos, comunicándose de manera confidencial con el Centro de Comunicaciones de HSI San Juan al 787-729-6969 para reportar delitos o actividades sospechosas.

Asimismo, la agencia reiteró su compromiso con la seguridad pública en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y recordó que el público puede obtener más información sobre su labor a través de sus plataformas oficiales en Instagram (@HSISanJuan), Facebook (@HSISanJuanPR) y X (@HSISanJuan).