El plan del Gobierno de Estados Unidos de destinar $20 millones a guantes de descarga eléctrica para los agentes migratorios desató este jueves el rechazo de congresistas demócratas y defensores de migrantes, que pidieron cortar los fondos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Armar con guantes de descarga eléctrica a agentes mal entrenados para infligir dolor a nuestros vecinos es repugnante y bárbaro”, afirmó en un comunicado Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes un contrato de hasta $20 millones para comprar los guantes CTG-5, que llevan electrodos en la palma y emiten pulsos eléctricos al contacto con la piel para causar dolor.

El departamento los describió como un “dispositivo de desescalada” y defendió que el ICE evalúa de forma continua el equipo que necesitan sus agentes.

Matos describió al ICE como “una agencia descontrolada con un fondo opaco de $80,000 millones de dólares” y reclamó al Congreso poner fin al “cheque en blanco” al organismo.

La congresista Delia Ramírez, demócrata por Illinois, escribió en la red social X que “bajo ninguna circunstancia” se puede confiar al Departamento de Seguridad Nacional unos guantes de descarga eléctrica.

Ramírez pidió aprobar su proyecto de ley ‘Melt ICE Act’ (Derrite a ICE), que recortaría al departamento los fondos para detener a inmigrantes.

El congresista Maxwell Alejandro Frost, demócrata por Florida, criticó en la misma red el gasto de $20 millones del contribuyente en unos guantes para “matones enmascarados y sin ley”.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, en inglés) acusó a la Administración de Donald Trump de tener “la capacidad de torturar a la gente discretamente”.

“Esto no tiene arreglo; la única solución es la abolición”, declaró en una nota su director, Jorge Torres.

El ICE arrastra críticas por sus operaciones de detención. La polémica se centró en los últimos meses en los tiroteos mortales contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.

En enero, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Mineápolis provocó una ola de protestas contra el organismo.