El comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, José A. Reyes Cañada, anunció este jueves que Coamo, Juana Díaz, Luquillo, Río Grande e Isabela fueron incorporados a la red servicios directos que provee el Estado, lo que significa que esos municipios tendrán más recursos disponibles ante una emergencia.

“Estas integraciones nos permiten robustecer las comunicaciones directas entre los municipios y nuestro sistema optimizado, los tiempos de respuesta, y asegurando una atención más rápida y efectiva a los ciudadanos en circunstancias críticas”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Actualmente, restan por incorporarse al Sistema de Emergencias 9-1-1 unos 12 municipios, que no fueron precisados.

“Sabemos que son bien costosos los sistemas de emergencias médicos”, mencionó Reyes Cañada.

La incorporación de un municipio al Sistema 9-1-1 significa que el ayuntamiento opera el despacho de las ambulancias, tiene turnos fijos de empleados y paramédicos, y, en caso de una emergencia, tiene conexión directa con el Estado para decidir cómo la maneja: si es necesario contactar un servicio privado, usar el del Estado o el propio. Al estar conectado, el municipio cobra por el servicio y se presume que la repuesta a la emergencia sería más rápida.

Cuando no hay integración, el municipio recibe la asistencia de un servicio privado o del municipio más cercano que esté conectado al Sistema de Emergencia 9-1-1.

En el caso de Coamo, por ejemplo, previo a la integración, era asistido por Guayama o Salinas, comentó el alcalde Juan Carlos García Padilla.

“El Municipio de Coamo, con este convenio, refuerza nuestro compromiso con atender rápidamente las emergencias de salud en nuestro pueblo”, abundó el ejecutivo municipal.

Reyes Cañada indicó que, en la actualidad, el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibe entre 4,500 y 4,800 llamadas diarias en dos centros ubicados en Hato Rey y Guaynabo.

“De esas llamadas, digamos que el 60% o 70% son no emergencias. La función de nosotros es limpiar esas llamadas”, dijo Reyes Cañada.

Para combatir el mal uso del sistema, dijo que cuentan con una División de Educación, que acude a los municipios, organizaciones sin fines de lucro y escuelas, entre otros, para orientar.