Tras el Tribunal Supremo mantener vigente la orden para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) suministre los documentos que recibió del gobierno federal requiriendo los datos personales de conductores inmigrantes, el secretario Edwin González Montalvo aseguró este martes que cumplirán con el mandato judicial, pero aguardan por la evaluación del Departamento de Justicia.

“Nosotros vamos a acatar la decisión del tribunal, la que fuere. Esto está bajo evaluación del Departamento de Justicia y no puedo entrar en mayor detalle. Ellos lo están evaluando”, dijo González Montalvo, antes de participar de una vista pública en el Senado.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por comentarios del procurador general, Omar Andino Figueroa, sobre la determinación de “no ha lugar” del Supremo contra el DTOP.

La agencia había acudido al Supremo para tratar de revertir la orden de otros tribunales inferiores que concluyeron que el alegado “subpoena” que recibió de parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) es un documento público.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó la demanda, el 1 de octubre de 2025, luego que González Montalvo se negara a cumplir con una petición de acceso a información pública sometida por la organización.

Según la ACLU, la demanda busca saber cómo la agencia manejó y respondió el requerimiento del ICE.

Tras una vista argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al DTOP entregar el “subpoena” –un requerimiento emitido por una agencia o autoridad administrativa–, al sostener que no era confidencial, como alegaba el DTOP.

Al incumplir con la orden, la organización acudió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó, en enero, la determinación del foro inferior. En respuesta, la agencia acudió al máximo foro judicial.

En el Supremo, la petición de “certiorari” presentada por el secretario fue atendida por un panel de tres jueces asociados: Mildred Pabón Charneco, Luis Estrella Martínez y Raúl Candelario López.

“Esta resolución del Supremo confirma, una vez más, que el secretario del DTOP tiene la obligación de hacer público el alegado ‘subpoena’ y cualquier documento atado a la entrega voluntaria de los datos personales de miles de personas inmigrantes en Puerto Rico, a quienes el propio gobierno les había prometido confidencialidad en virtud de la Ley 97 de 2013”, sostuvo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, en declaraciones escritas.

Desde el 26 de enero de 2025 –tras el aumento de operativos migratorio por mandato del presidente Donald Trump– hasta este martes, el ICE ha arrestado a 1,829 inmigrantes indocumentados en Puerto Rico, 1,618 hombres y 211 mujeres.