En reconocimiento de que hay una crisis en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, por falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la gobernadora Jenniffer González indicó este sábado que intentó pagarles el sueldo a estos empleados con fondos estatales, pero el gobierno federal se lo impidió.

Mientras, la primera ejecutiva describió como una “buenísima idea” la intención del presidente Donald Trump de enviar, tan pronto como este lunes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) a los aeropuertos para lidiar con la escasez de personal de TSA.

“Como gobernadora, cursé una petición para ver si podíamos pagarles a los empleados de TSA por el tiempo que no estuvieran ejerciendo sus funciones y que el gobierno de Puerto Rico asumía ese pago. Sin embargo, nos fue denegada la petición por la agencia federal, porque eso contraviene la reglamentación federal. No nos dejaron”, dijo González, en conferencia de prensa, después de inaugurar la torre de control del aeropuerto internacional Rafael Hernández, en Aguadilla.

Según la gobernadora, “no se pudo” pagarles porque son empleados de seguridad nacional.

Pese a la crisis, González no anticipó que haya un cierre del aeropuerto en Isla Verde, a lo que se unió el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, quien agregó que las instalaciones de Aguadilla y Ponce (Mercedita) no se han visto afectadas.

La mandataria expresó que las largas filas de pasajeros imponen un “nuevo riesgo de seguridad pública”, aunque insistió en que hay empleados que siguen trabajando sin cobrar.

Esta semana, el gobierno estatal intentó repetir lo que hizo durante el pasado cierre del gobierno federal, entre octubre y noviembre de 2025 –el más largo en la historia estadounidense–, cuando cubrió el salario de los empleados del Bosque Nacional El Yunque y los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal con fondos de la Compañía de Turismo.

“Es una situación es bien triste para todos los empleados de ‘Homeland Security’ (DHS) y que trabajan en el aeropuerto y son pagados con fondos federales. Este tranque al presupuesto de esta agencia está haciendo la vida de cuadritos a todos los pasajeros que tienen que llegar con cuatro horas de anticipación y que, evidentemente, no hay el espacio en el aeropuerto para aguantar ese cúmulo de visitantes”, sostuvo.

El actual cierre del gobierno federal inició hace 36 días y afecta únicamente al DHS, sombrilla a cargo de agencias como ICE y TSA. Los demócratas en el Congreso han dicho que la agencia no recibirá fondos hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de ICE tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good, en Minneapolis, a principios de año.

A través de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la gobernadora ordenó “prorratear” los pagos de empleados del DHS en la isla “para que no se afecte su crédito”. Igualmente, los departamentos de Agricultura y de la Familia estarán entregando canastas de alimentos a las familias que lo necesiten.

Este sábado, las filas en el aeropuerto en Isla Verde se han extendido hasta tres horas, por lo que Aerostar, la empresa operadora, tuvo que colocar carpas en una tercera sección. El viernes, el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, explicó que, ante la situación actual, este fin de semana y los siguientes días, en la medida en que se acerca la Semana Santa, se espera que el tráfico de pasajeros aumente significativamente.

“Podríamos ver filas que se extiendan hasta la calle. Por ello, comenzamos a delinear un plan para establecer un proceso y la logística que permita mantener un orden, facilitar el flujo de pasajeros y reforzar la seguridad. Además, asignamos personal adicional para asistir a los viajeros durante el día, la noche y madrugada en estas zonas. La policía municipal y estatal estará brindando apoyo”, indicó el ejecutivo.