El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, defendió la contratación de la exsubsecretaria de la Gobernación Itza M. García, al argumentar que busca “facilitar una transición ordenada y asegurar” que continúe la implantación de la plataforma de planificación de recursos empresariales del gobierno (ERP, en inglés), cuyo estreno ha causado serios disloques en el pago de empleados, suplidores y contratistas.

El titular de la OGP señaló que, mientras en administraciones anteriores el proyecto comenzó a un costo de más de $200 millones, sin que llegara a operar, “bajo la dirección directa” de García, en un plazo de año y medio, se puso en funcionamiento.

García renunció a su puesto en La Fortaleza en agosto, poco después que se presentara la plataforma, tras confirmarse que era objeto de una pesquisa criminal por parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei). El martes, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella en su contra por presuntamente intervenir en la contratación de una empresa de su pareja en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“Su colaboración permitirá que el equipo a cargo del proyecto (ERP) cuente con el conocimiento técnico y operacional adquirido durante la implementación para atender las situaciones que han surgido posterior a la puesta en vivo de un sistema tan complejo como este”, sostuvo Rivera Berríos, en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Desde el estreno del ERP a inicios de julio, han abundado las denuncias de retrasos de meses en los desembolsos a miles de empleados, contratistas y suplidores gubernamentales, atribuidos a la falta de adiestramientos y errores contenidos en el nuevo sistema, que debe centralizar las áreas de finanzas, nómina, compras, recursos humanos y contrataciones en la rama ejecutiva.

El contrato de la OGP con García, que está vigente desde el 27 de octubre hasta abril próximo, se otorgó ad honorem –sin que medie compensación económica– luego que la OEG denegó la dispensa para la contratación a razón de $150, por hora, por un término de seis meses.

“Aunque la OEG denegó la solicitud de dispensa, esta indicó que la OGP podía contratar a la licenciada García ad honorem. La OGP le presentó esa alternativa, y ella aceptó voluntariamente y de inmediato apoyar la transición, ya que está consciente de la importancia de este proyecto para la administración pública y los grandes beneficios que traerá a la ciudadanía”, indicó Rivera Berríos.

“La licenciada García no recibirá remuneración del Gobierno por los servicios que brinde”, subrayó.

El Nuevo Día solicitó este miércoles una entrevista con García, pero, al momento de esta publicación no había recibido respuesta.

Tampoco fue posible contactar a la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, quien había expresado su preocupación por el efecto que tendría la salida de García, el 15 de agosto, en la implantación del ERP. En ese momento, la jefa de Gabinete argumentó que la exfucionaria fue quien estuvo a cargo del proyecto, y conocía que era “bien importante” para el gobierno.

La carta en la que la OEG deniega la dispensa –firmada por la directora auxiliar del Área de Asesoramiento Jurídico y Litigación, la licenciada Michelle Vélez Berríos– señala que tenían conocimiento de otras personas con “pleno conocimiento de este proyecto y pueden, no solo darle continuidad a este con el trabajo que actualmente realizan, sino que también pueden transmitir ese conocimiento a la persona o personas que se quedarán a cargo del proyecto”.

De haberse concretado la contratación, como presentada ante la OEG, García hubiese podido facturar hasta $84,600, durante la vigencia del contrato.

Este monto, según la evaluación de Ética, hubiera violentado el artículo 4.6 de su ley orgánica, ya que la cantidad “es mucho más” de lo que García “recibía cuando se desempeñaba como Subsecretaria de la Gobernación”.

La querella de la OEG contra la exfuncionaria alega que violó el Artículo 4.2 (s) de la Ley 1-2012, que establece que “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

El documento repasa las gestiones que hizo en el DDEC para la contratación de su compañero sentimental, Luis Alberto Sánchez Andino, mediante la empresa inscrita por este llamada Next Wave Solutions, LLC. La agencia fiscalizadora también presentó una querella contra el exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech.

Al ser preguntada el martes sobre la querella contra García, la gobernadora Jenniffer González dijo: “Ella va a tener que explicarlo y va a tener que probarlo y defenderse de esas imputaciones”.