La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) consignó este jueves que, bajo las condiciones actuales, no resulta técnica ni económicamente justificable asumir que la desalinización a gran escala sea una solución viable para atender futuras crisis en los abastos de agua en Puerto Rico, si bien la tecnología debe seguir evaluándose como fuente estratégica.

Durante una vista pública en la Cámara de Representantes, la AAA reveló que, como parte de un análisis de alternativas para el embalse Carraízo, se estudió la viabilidad de desarrollar una planta de osmosis inversa de 6 millones de galones diarios (MGD). El plan, sin embargo, fue descartado debido a sus costos de construcción y energía, además de su impacto ambiental.

Una opción similar también se consideró, durante el estudio preliminar de ingeniería, para la nueva planta de filtración Salinas, concluyendo que “la alternativa presentaba un costo prohibitivo tanto en su fase de construcción como en su posterior operación y mantenimiento”. La subasta para la construcción de la instalación está programada para abril de 2027.

“La desalinización presenta una ventaja evidente: el agua de mar no depende directamente de la precipitación. Por tanto, puede convertirse en una fuente de resiliencia durante períodos de sequía. Sin embargo, la desalinización no elimina todas las vulnerabilidades. En lugar de depender principalmente de la disponibilidad de agua dulce, una planta desalinizadora pasa a depender significativamente de energía eléctrica...”, planteó la ingeniera Ann Ventura, subdirectora de Infraestructura de la AAA.

Según la AAA, la osmosis inversa de agua de mar representaría la tecnología con mayor oportunidad para la isla, un proceso que purifica el recurso mediante bombas de alta presión y membranas semipermeables que retienen las sales, antes de someter el líquido a etapas de remineralización y desinfección para consumo. No obstante, esta alternativa conlleva importantes retos operativos y ambientales por, entre otras cosas, su alto consumo de energía eléctrica.

Por ejemplo, la planta Carlsbad, en California, que produce 50 MGD, requirió una inversión inicial de más de $1,000 millonesy consume 274 millones de kilovatios-hora (kWh) anuales. Mientras, la experiencia de las islas St. Thomas y St. Croix, donde operan plantas de 3 a 4 MGD, demuestra que la desalinización es funcional a menor escala, pero la AAA advirtió que la demanda en Puerto Rico es de 540 MGD.

“El verdadero desafío del país en períodos de sequía no es demostrar si la tecnología funciona, sino descifrar cuánta infraestructura masiva se necesitaría construir para lograr un impacto real y significativo sobre la gigantesca red central de la isla”, agregó Ventura, durante la evaluación de la Resolución de la Cámara 106.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) coincidió en que la desalinización es posible, pero enfatizó que debe verse como una fuente complementaria y regional, a la vez que advirtió que el país no puede comprometer su seguridad hídrica a esta tecnología, sin antes atender los problemas estructurales de la AAA.

La entidad recordó que, según un informe de la American Society of Civil Engineers, de 2019, en la isla, cerca del 59% del agua tratada no se factura. Esa cifra incluye agua perdida y la que se consume sin registrarse, ya sea por problemas de salideros, tomas ilegales y fallas de medición que el Estado debe atender con prioridad.

“Las vulnerabilidades del sistema incluyen el desgaste de tuberías y equipos debido a la edad de la infraestructura de distribución y generación, la acumulación de sedimentos en embalses, las fallas de bombas y la dependencia de la electricidad para la generación y distribución de agua potable”, expresó el agrimensor Elias Mangual, primer vicepresidente del CIAPR.

Argumentó que el estudio de cualquier proyecto debe analizar las fuentes de entrada del agua de mar, el costo energético y el impacto en terrenos protegidos, así como si el país cuenta con el personal capacitado para operar esta tecnología y cuál sería la disposición final de las salmueras generadas.

“Hay una viabilidad, pero hay un montón de variables que hay que tomar en consideración, entre ellas, no pensar que esto es una fuente única, entender que, con esto, lo que estamos es relajando la demanda actual de Acueductos”, puntualizó Mangual.

Sugirió, en tanto, que un punto “estratégico” para localizar una planta desalinizadora sería entre Loíza y Canóvanas. Explicó que las comunidades de esos pueblos son casi siempre las primeras en quedar desprovistas cuando falla el Superacueducto, por lo que una instalación allí no funcionaría como red principal, sino como un mecanismo para complementar el sistema existente y aliviar la red, garantizando el suministro.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) también concurrió en que la desalinización debe verse solo como una herramienta complementaria y regional, pero advirtió sobre los posibles impactos ambientales cuando la instalación de estos sistemas es en la costa y no se toman las garantías necesarias.

“Dependiendo de la tecnología utilizada, la ubicación y el diseño de la instalación, deberán evaluarse potenciales impactos sobre organismos marinos y hábitats asociados a los sistemas de toma, así como cambios localizados en salinidad y calidad de agua relacionados con las descargas”, dijo la licenciada Annete Colorado, en representación del DRNA.

Estas consideraciones, abundó, adquieren mayor relevancia cuando existen en las inmediaciones arrecifes de coral, praderas de yerbas marinas, manglares, humedales, comunidades bentónicas, hábitats de especies protegidas u otros recursos naturales sensitivos.