Ante la oposicion de más de una veintena de organizaciones sindicales que advirtieron que su aprobación implicaría un deterioro en las condiciones laborales de miles de trabajadores, la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa este lunes el proyecto de ley que devolvería a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo.

“Aprobar este proyecto hoy implicaba no solamente que los trabajadores iban a tener congelado su salario mínimo a $10.50 sino que también no iba a haber una estructura uniforme para que cada dos años hubiese una revisión”, señaló Wilkin López, portavoz de la United Auto Workers (UAW) y representante de los trabajadores en la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo.

Se supone que este lunes bajara a votación, en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que devolvía a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo, un paso que, según los opositores a la legislación, representaría un “retroceso” para la clase trabajadora.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1115, que derogaría la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 47-2021), fue analizada en una sola audiencia pública a la que no tuvieron acceso los gremios que representan a los trabajadores ni los miembros de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, que se tuvieron que limitar a presentar sus posturas por escrito.

“Ciertamente, el trabajo de nosotros era, precisamente, ese, que la voz de los trabajadores tenía que ser escuchada, que tenían que darnos la oportunidad de participar de las vistas públicas y el presidente de la Cámara, Carlos ”Johnny” Méndez, entendió que debían darnos el espacio y abrir la vistas”, sostuvo López.

Desde temprano, representantes de los trabajadores se trasladaron al Capitolio donde le solicitaron al líder cameral que detuviera la consideración del proyecto y ordenara la celebración de vistas públicas. “Yo sé que es un proyecto por encargo...pero antes de someter el proyecto, debió citarnos para ver el trabajo que se ha hecho”, señaló el líder gremial en referencia al autor de la legislación, el representante Roberto López Román.

Al defender su proyecto, López Román ha sostenido que la Comisión Evaluadora no ha operado con la totalidad de sus miembros, ni es representativa de todos los sectores con interés en el tema. De sus siete miembros, dos responden a los trabajadores; dos, a los patronos; dos, a los economistas; y uno, al interés público.

“Hemos hecho nuestro trabajo y nos hemos reunido mensualmente aun con las limitaciones de presupuesto que tenemos. No solamente debemos mantener la Comisión Evaluadora, sino ver cómo podemos reforzarla y ampliar la representación de los trabajadores”, apuntó López.

Desde 2021, la Ley 47 colocó en manos de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la responsabilidad de determinar los ajustes salariales.

Previo a la aprobación de la Ley 47, hacía 13 años que no se aprobaba un alza al salario mínimo. El incremento más reciente se había otorgado, en 2009, por disposición del gobierno federal. El primer aumento dispuesto por la Ley 47, a $8.50 la hora, fue efectivo el 1 de enero de 2022. Para el 1 de julio de 2023, aumentó a $9.50 la hora y, el 1 de julio de 2024, incrementó a $10.50 la hora. Este último aumento estuvo sujeto al visto bueno de la Comisión Evaluadora.

Durante la evaluación de la medida, el DTRH respaldó el proyecto, al igual que entidades que agrupan al sector empresarial. Estos últimos han alegado que la Comisión Evaluadora, tal como está compuesta, carece de funcionarios electos, así como de representación “adecuada”.

El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Domingo Torres, quien se ha opuesto a la legislación, se expresó confiado en que se puedan celebrar vistas públicas adicionales y que se escuchen los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, así como a los miembros de la Comisión Evaluadora.

“Tenemos que ver la recopilación de los datos que ha trabajado la Comisión Evaluadora y ver si con alguna enmienda se puede remediar la ley vigente”, expresó Torres.