La senadora por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD) Ada Álvarez Conde sostuvo que las controversias sobre la contratación en el Departamento de la Familia han lacerado la confianza ciudadana y reclamó que se investiguen las alegaciones de presiones indebidas para otorgar contratos en esa agencia.

Álvarez Conde, integrante de la Comisión de Familia del Senado, hizo las expresiones al ser cuestionada sobre si la secretaria Suzanne Roig Fuertes está capacitada para continuar en el cargo y si cuenta con la confianza del pueblo.

“Yo creo que la confianza, lamentablemente por las noticias, se ha lacerado (...) Lamentablemente, es escándalo tras escándalo por cada secretario o secretaria”, respondió la legisladora en “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.

“Yo no soy de culpar a las personas sin tener las pruebas, pero por eso desde el principio nosotros estamos buscando investigar y que se adjudique la responsabilidad”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en medio de los referidos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al Departamento de Justicia y a la Oficina de la Inspectora General (OIG) sobre las alegaciones de la destituida administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Blanca Medina Díaz.

La exfuncionaria denunció que recibió presiones de Roig Fuertes para otorgar un contrato de unos $38 millones a NOLA Education LLC para implantar el programa Star Academy en 25 escuelas públicas. También alegó, en una entrevista con Telemundo, que la secretaria la presionaba y hostigaba para firmar otro contrato de unos $300,000, producto de una propuesta no solicitada.

El Nuevo Día reveló que esa propuesta fue sometida por Strategic Technology Advisors, cuyo presidente, Leobardo Villegas Huertas, es donante de la gobernadora Jenniffer González y del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el registro de la Oficina de la Contralora, la empresa tiene seis contratos vigentes que totalizan $4,953,707. Tres son con la Administración de Familias y Niños y otro con el Departamento de la Familia.

Álvarez Conde vinculó las recientes denuncias con señalamientos anteriores contra Roig Fuertes por su presunta intervención en una contratación mientras dirigía la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

Aquella controversia involucró un contrato de $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante y la alegada subcontratación de One Source Investigations, empresa vinculada a un allegado de la funcionaria. También trascendió un correo electrónico que Roig Fuertes habría compartido con una persona apodada “Baby”.

La senadora sostuvo que las nuevas alegaciones ameritan retomar el escrutinio sobre los procesos de contratación.

“Para la misma confianza del pueblo, tenemos que garantizar que se investigue y llegue a las últimas consecuencias. El que nada teme, nada debe”, expresó.

Asimismo, pidió que las pesquisas permitan establecer responsabilidades sin favorecer a ninguna de las personas involucradas.

“También se tiene que investigar y que se adjudique la justicia y que no se le pase toallazos a nadie”, manifestó.

La Comisión de Familia del Senado anunció que investigará las denuncias de Medina Díaz. Roig Fuertes, por su parte, ha expresado que está disponible para colaborar con las pesquisas y ha defendido que sus actuaciones siguieron las regulaciones y recomendaciones legales.

Por otro lado, Álvarez Conde cuestionó el anuncio de créditos para abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que estuvieron semanas o meses sin servicio y reclamó claridad sobre los cargos incluidos en sus facturas.

“Para mí es ilógico que digas que hay un crédito, porque la lógica es que si no hubo agua no se te cobró”, sostuvo.

La legisladora planteó que el alivio podría corresponder a una exención de cargos mínimos u otros conceptos facturados durante las interrupciones, pero insistió en que la corporación pública debe explicar qué está cobrando.

También pidió investigar por qué algunos abonados recibieron facturas elevadas pese a permanecer varios días sin agua, mientras incurrían en gastos adicionales para abastecerse.

“Cualquier alivio para el bolsillo lo vamos a celebrar. Pero el tema de crédito suena raro cuando simplemente el agua no estaba cuando abrías la pluma”, expresó.

En cuanto a la siembra de nubes, Álvarez Conde indicó que presentó una petición formal de información sobre el proceso de contratación y los criterios para evaluar los resultados del proyecto, cuyo costo cifró en $400,000.

“Si después de ahí llovió por eso, pues que lo prueben”, manifestó.

La senadora cuestionó que la AAA realizara la contratación, pues sostuvo que el trámite debió efectuarse mediante la Administración de Servicios Generales (ASG), aun bajo una declaratoria de emergencia. También alegó que no se estableció una lista de requisitos para determinar la efectividad de la intervención.

Además, señaló que la siembra se realizó en medio de una onda tropical y reclamó evidencia de que contribuyó a las lluvias posteriores.

“Si después de ahí llovió por eso, pues que lo prueben”, manifestó.

Sobre los créditos a los abonados, indicó que evalúa presentar peticiones formales de información desde el Senado para esclarecer los cargos facturados durante las interrupciones del servicio.