En su segundo día de huelga, el Movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó a la administración universitaria que convoque una mesa de negociación en o antes del jueves, en aras de atender sus reclamos principales.

“La presidenta Zayira Jordán Conde está expresando en los distintos medios de comunicación que está abierta al diálogo; pues este es el Comité de Negociación y Portavocía de la Huelga de Río Piedras. Y estamos aquí sentados, invitándoles a negociar y a dialogar. Estamos esperando por ella”, sostuvo, en conferencia de prensa, Mariana Rodríguez Seguí, portavoz del movimiento estudiantil y alumna de segundo año de la Escuela de Derecho.

“A ella se le cursaron cartas durante el día de ayer (lunes) solicitándole reunión. Estamos a la espera por parte de la administración de que se nos cite para que escuchen nuestros reclamos y se atiendan”, indicó Rodríguez Seguí.

Integrantes del comité desplegaron, a las 12:10 p.m., una mesa frente a los portones principales del primer centro docente del país para reafirmar los reclamos que llevaron a la comunidad universitaria a decretar una huelga indefinida.

Mientras las campanas de la Torre de la Universidad de Puerto Rico retumbaban de fondo y conductores que transitaban por la vía tocaban sus bocinas en señal de apoyo, los estudiantes insistieron en que sus peticiones no se limitan a la destitución de Jordán Conde, sino que también incluyen demandas dirigidas a la gobernadora Jenniffer González Colón, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la Asamblea Legislativa, la Junta de Gobierno de la UPR, la Administración Central y la Rectoría del Recinto de Río Piedras.

“Nosotros no quisiéramos tener que llegar a realizar una huelga, detener nuestras labores académicas y de nuestro día a día. Pero nos han obligado por falta de que no quieren dialogar y, más allá, cuando se abren esas mesas de diálogo, no se atienden los reclamos. Dicen comprometerse o dicen defender algo, pero no los llevan a la práctica. Esto no se trata de palabras, tienen que haber acciones”, sostuvo Rodríguez Seguí.

Cuestionados sobre expresiones desde La Fortaleza de que Jordán Conde ha mostrado disposición al diálogo, los estudiantes respondieron con escepticismo y reclamaron acciones concretas más allá de expresiones públicas.

“Eso es algo que se ha estado diciendo”, respondió Astrid Lugo López, otra de las portavoces estudiantiles, al sostener que la voluntad de diálogo debe demostrarse “en la práctica” y no limitarse a mensajes públicos o conferencias de prensa.

Lugo López reconoció que, aunque parte de sus reclamos trascienden la presidencia de la UPR y requieren acción de la Legislatura, la JSF y el Ejecutivo, sostuvo que cualquiera de esos sectores puede demostrar “buena fe” comenzando por sentarse a negociar.

Durante la conferencia, los estudiantes también emplazaron directamente a la gobernadora para que intervenga como mediadora y cuestionaron que, a más de un mes de las movilizaciones en distintos recintos, no se haya expresado públicamente sobre la situación universitaria.

“Que se reúna con nosotros, que cuadre una reunión entre la administración y nosotros para que así vea cómo realmente están funcionando las cosas”, planteó Rodríguez Seguí.

Los portavoces argumentaron, además, que la huelga no responde a reclamos nuevos, sino a demandas que, aseguraron, sectores universitarios han levantado por más de un año, incluyendo peticiones respaldadas por certificaciones de senados académicos.

“No queremos estar aquí, en esta huelga, para siempre; la paralización también nos afecta a nosotros. Pero necesitamos que nos hagan caso”, expresó por su parte Lugo López, al rechazar que la apertura al diálogo sea, en sus palabras, “un monólogo por parte de la presidenta”.

Entre los reclamos principales del movimiento figura el rechazo al Plan Fiscal enmendado para la UPR correspondiente a 2022-2027, que, según denunciaron, congela el presupuesto del sistema en $500 millones, contempla posibles aumentos en matrícula y amenaza con eliminar exenciones que consideran esenciales para el acceso estudiantil.

Como parte de sus exigencias, también reclamaron que se restituya progresivamente la fórmula del 9.6% del Fondo General —mecanismo histórico de financiamiento universitario— y respaldaron la aprobación del Proyecto de la Cámara 1201, encaminado a restaurarla.

Sostuvieron que si bien Jordán Conde se ha mostrado en favor de reincorporar la fórmula del 9.6%, señalaron que ese respaldo debe traducirse en gestiones concretas.

Entre ellas, mencionaron que la presidenta podría participar de vistas legislativas.

No obstante, alegaron que en reuniones previas Jordán Conde expresó reservas sobre esa fórmula presupuestaria, lo que, según indicaron, contrasta con expresiones públicas recientes sobre respaldarla.

Asimismo, los miembros del comité exigieron garantías de que no se eliminarán ni consolidarán programas académicos ni se afectará la integridad del sistema de 11 recintos, así como la descongelación de plazas docentes y no docentes y mayores inversiones para atender rezagos en infraestructura y servicios.

En el caso específico de Río Piedras, reclamaron la asignación de $25 millones para atender la situación del sistema de torres de enfriamiento y la subestación eléctrica del recinto, otros $12.5 millones para mantenimiento ordinario y $3 millones para los Programas de Experiencias Académicas Formativas (PEAF).

Además, sostuvieron que Jordán Conde podría asumir una postura más activa en defensa del presupuesto universitario, incluyendo expresarse públicamente, comparecer ante la Legislatura y exigir mayores recursos ante la JSF.

Los estudiantes también reiteraron otros reclamos dirigidos a la Asamblea Legislativa y a la administración universitaria, como declarar la UPR un servicio esencial, reforzar las aportaciones al sistema de retiro y aprobar una reforma universitaria para fortalecer la autonomía institucional.

En entrevista radial con NotiUno, Jordán Condé advirtió que hay probabilidad de que los estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) se queden sin los pagos de la beca Pell, pues la institución se mantiene en huelga indefinida desde el 13 de abril.

Cuestionados sobre este asunto, los estudiantes riopedrenses rechazaron esos señalamientos y los catalogaron como intentos de intimidar al estudiantado.

“Lo que pone en riesgo fondos, acreditaciones y las garantías de la universidad son las decisiones que han precarizado esta institución”, planteó Rodríguez Seguí.

Los estudiantes insistieron, además, en que la crisis universitaria no es únicamente fiscal.

“La crisis no es solo presupuestaria; es de infraestructura, de servicios, de toma de decisiones. Es una crisis jerárquica”, agregó.

Las movilizaciones que se han intensificado en las últimas semanas en varios recintos han girado precisamente en torno a esos planteamientos: oposición a los recortes acumulados durante la última década, mayores recursos para la universidad pública y cambios en la administración universitaria.

Mientras, el movimiento advirtió que la huelga continuará y reiteraron la solicitud de una mesa de negociación en o antes del 30 de abril.