La sentencia de nulidad del permiso de construcción de las áreas recreativas del condominio Sol y Playa, en Rincón, representa, por un lado, una victoria para las organizaciones y ciudadanos que alertaron sobre la ilegalidad e impacto ambiental del proyecto y, por el otro, levanta cuestionamientos sobre si las agencias concernidas cumplieron su deber ministerial al aprobar inicialmente la obra, opinaron ayer expertos.

Consultados por El Nuevo Día, coincidieron, además, en que la decisión del juez superior Abid Quiñones, del Tribunal de Aguadilla y emitida el lunes, no supone el fin de la controversia, pues entienden que llegará al Tribunal de Apelaciones e, incluso, al Tribunal Supremo. De hecho, la abogada Leonor Porrata Doria, representante legal de condominio, adelantó que acudirán al Apelativo, donde ya tienen otros casos pendientes.

Igualmente, los expertos recordaron que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aún tiene ante su consideración la impugnación del deslinde de la zona marítimo terrestre en la playa Los Almendros, donde ubica el complejo, que dio paso a la otorgación del permiso recién anulado. De acuerdo con el oceanógrafo Aurelio Mercado, resolver la impugnación del deslinde “es el punto principal”, pues repercutiría en el uso, manejo y disfrute costero a nivel isla.

“Es un triunfo agridulce; dulce, porque nos dieron la razón y es un aliciente para que las comunidades sigan luchando, pero amargo, a la vez, porque nos deja ver cómo las agencias no llevan a cabo el mandato que se les dio de manejar y salvaguardar los recursos naturales”, dijo, por su parte, el director del Programa Sea Grant Puerto Rico, Ruperto Chaparro.

En la misma línea, la oceanógrafa, geóloga y miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc), Maritza Barreto, indicó que la sentencia “envía el mensaje” de que las agencias “tienen que estar integradas y alineadas en los procesos que ejecutan”.

“En este caso, luce como que no hubo una conexión entre los roles de las agencias. Las agencias no pueden actuar como entes independientes, sino conocer y estar atentas a lo que hace cada una y cómo se impactan entre sí”, expuso Barreto, al resaltar que mejorar la integración en las agencias fue, precisamente, una de las 103 recomendaciones o cursos de acción que el Ceacc le entregó al gobernador Pedro Pierluisi, en octubre pasado, para proteger las costas del cambio climático.

En su sentencia –de 18 páginas–, el juez Quiñones confirmó la nulidad del permiso de construcción por haber sido otorgado en violación de seis reglamentos y leyes estatales, tal como había planteado la Junta de Planificación (JP) en una auditoría y en la sala judicial. Ordenó, por lo tanto, demoler cualquier obra iniciada, remover los escombros y devolver el predio a su estado original en 120 días.

El juez concluyó que la construcción de una nueva piscina, jacuzzi, baños, gazebos y aceras “tenía un impacto ambiental significativo” y, por lo tanto, no podía ser catalogada como exclusión categórica.

Asimismo, determinó que la Oficina de Gerencia de Permisos (Ogpe) aprobó el permiso sin documentos requeridos por el Reglamento Conjunto de 2019; que el proyecto incumplió con el Reglamento 4860 del DRNA, pues la Ogpe lo avaló en bienes de dominio público marítimo-terrestre sin el endoso del secretario Rafael Machargo; y que el tribunal está “imposibilitado” de aseverar cumplimiento con la Ley de Puertos de 1880, que establece que las playas son públicas y fija las condiciones o distancia en que se puede construir.

Para Barreto, la sentencia “demuestra una falta de implantación de reglamentos y leyes”, así como el “uso incorrecto” de herramientas de planificación, como las exclusiones categóricas (que eximen de escrutinio ambiental). Urgió, por lo tanto, a que las agencias “definan sus estrategias” para atender dichas fallas.

“Se validan muchos de los cursos de acción que presentamos, incluyendo no permitir nuevas construcciones en áreas de riesgo a inundación, mientras se trabaja una ley de manejo integrado de costas”, puntualizó, en referencia a la moratoria de tres años que Pierluisi tildó de “excesiva”.

Ayer, el gobernador se alineó con la JP tras la decisión judicial, pero recalcó que el condominio puede apelar.

“Hay que ver qué hace el condominio. La posición oficial de mi administración es la que ha esbozado la Junta de Planificación. Tiene la última palabra en cuanto a controversias como estas. Hasta el momento, ha prevalecido”, dijo.

Cuestionado sobre si la sentencia lo haría cambiar respecto a la moratoria recomendada por el Ceeac, Pierluisi respondió que aún puede tomar decisiones sobre el tema. “He pedido el asesoramiento a una serie de agencias y, en su momento, vamos a seguir tomando decisiones”, afirmó, tras detallar que ya ha acogido 87 recomendaciones del Ceacc.

Por su parte, Julio Lassús, presidente designado de la JP, y Machargo, secretario del DRNA, celebraron la determinación.

“Esto demuestra que la ciudadanía debe recurrir y confiar en los procesos de fiscalización que provee el Estado. Este caso no lo llevó ningún grupo; este caso lo llevó la Junta de Planificación a partir de los hallazgos de sus auditores. Las personas deben tener la certeza de que, en caso de detectar alguna irregularidad, la Junta actuará conforme a derecho y recurrirá al tribunal, siempre que lo amerite”, dijo Lassús en un comunicado de prensa.

Aclaró, no obstante, que lo resuelto “no significa que no se puedan realizar construcciones en los terrenos objeto del permiso de construcción revocado, sino que toda construcción en dicha zona debe cumplir a cabalidad con los reglamentos y las leyes aplicables, incluyendo todos los trámites y procesos ambientales”. En otras palabras, como el deslinde de la zona marítimo terrestre continúa vigente, el condominio podría usarlo para reiniciar los trámites ante la OGPe.

En otro comunicado, Machargo se expresó “muy satisfecho” y defendió el proceder de la agencia, que ordenó la paralización temporal de la construcción en Sol y Playa y, posteriormente, refirió el caso a la JP para que siguiera con la investigación. “Todos estos procesos podrían parecer lentos y hasta incomprensibles para algunos, sin embargo, las agencias reguladoras estamos obligadas a proteger el derecho al debido proceso de ley de todas las partes involucradas. La mejor conclusión a la que podemos llegar es que los procedimientos de ley y orden han funcionado”, acotó.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), bajo cuya sombrilla está la OGPe, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición anoche.

En opinión de la abogada en Derecho Ambiental Verónica González, la sentencia demuestra que la JP está “dispuesta a utilizar” los reglamentos de permisos, pero, en mayor instancia, las leyes que protegen los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

“No ha sido fácil. Es una lucha que se ha dado por muchos años, pero aquí el tribunal está tirando una línea y está diciendo que no lo vamos a permitir. El espaldarazo del tribunal debería ser favorable a la hora de (la JP) exigir el cumplimiento con sus normas”, dijo.

Por su parte, el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig previó que, en adelante, “todo caso” que tenga una exclusión categórica certificada –en lugares donde el reglamento lo impide– se verá “a la luz de esta sentencia”.

“Se estima que hay 27,000 permisos que se otorgaron, de enero de 2021 a febrero de 2022, que son nulos”, alertó el también exvicepresidente de la JP, quien sostuvo que, en este caso, “los más perjudicados” son los vecinos de Sol y Playa porque “están pagando por un pleito legal y no por la piscina” ni las demás instalaciones recreativas, que fueron destruidas por el huracán María en 2017.

“Es sumamente importante que rescatemos el orden y la legalidad en los permisos en Puerto Rico y se detengan acciones que han estado pasado”, continuó, tras recomendarle al DRNA enmendar el último listado de exclusiones categóricas para hacerlo más restrictivo.

Sobre la impugnación del deslinde ante el DRNA, Cardona Roig comentó: “La metodología es incorrecta y la información que se proveyó es falsa, y eso apunta a que el deslinde se va a caer”.

Dicha impugnación fue radicada por el titular de Sol y Playa José Barea, quien también se querelló ante la JP por el permiso de construcción. “No había razón para que se construyera algo amparado en esos permisos. Era un reclamo sencillo. Nadie quería que las cosas fueran así, pero hay que hacer las cosas bien”, aseveró.

“Miraría hacia al frente y trataría de que esto se aplique de forma prospectiva en las construcciones futuras. Los abogados notarios tenemos que advertir a quienes compren frente al mar que esa colindancia es dinámica. Aprovechar estas lecciones para, en el futuro, establecer cualquier inmueble frente al mar respetando el espacio que le corresponde a todos”, dijo Barea sobre las implicaciones de la sentencia.

La abogada Porrata Doria, de Sol y Playa, no atendió ayer una petición de entrevista de El Nuevo Día. Sus expresiones de que apelarán la sentencia fueron recogidas por una emisora radial (NotiUno).

Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta nota.