Representantes del claustro y el sector estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) alertaron que el presupuesto aprobado para este año fiscal coloca a la institución académica en “una posición de vulnerabilidad e incertidumbre” al no financiar todas sus necesidades.

En específico, señalaron que una asignación de unos $44.5 millones adicionales requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el Sistema de Retiro de la UPR se hizo sin discusión con la comunidad universitaria.

“Reconocemos que la situación financiera exige soluciones responsables. Sin embargo, esas soluciones no pueden consistir únicamente en imponer nuevos recortes o continuar reduciendo la capacidad de la institución para cumplir su misión. La Universidad necesita un plan serio, transparente y participativo que permita atender sus obligaciones fiscales sin sacrificar la calidad académica ni los derechos de su comunidad universitaria”, establecieron, en declaraciones escritas, los representantes claustrales Rafael Méndez Tejeda y William Muñiz, y el representante estudiantil Benjamín Rivera.

La UPR cuenta este año fiscal -que comenzó el 1 de julio- con un presupuesto que fue confeccionado por la JSF, el cual asignó una aportación mayor al sistema de retiro de los empleados de la institución académica que la dispuesta inicialmente por la administración universitaria.

La versión de la JSF dispone un presupuesto consolidado de $1,255 millones; la Junta de Gobierno de la UPR había aprobado un presupuesto consolidado por una cantidad similar.

En su certificación de ingresos y gastos, aprobada el 9 de junio, la Junta de Gobierno destinó $133 millones para el pago de pensiones. La JSF aumentó la partida a $177 millones. Los fondos adicionales fueron reprogramados de una partida identificada como “otros gastos operacionales”, sin más detalles sobre su uso.

El presupuesto de la UPR contará con una aportación de $566 millones del gobierno central, similar a la del año fiscal anterior.

Aún no se ha definido la distribución de ese presupuesto entre los recintos y unidades de la UPR, lo cual típicamente se hace en algún momento del mes de julio, previo al inicio tradicional del año académico en agosto.

Los representantes ante el cuerpo rector criticaron, además, que la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, esté de vacaciones en momentos en que se necesitan tomar decisiones importantes.

“La presidencia de la UPR y la Junta de Gobierno tienen la responsabilidad indelegable de actuar con transparencia, informar oportunamente al país, defender los intereses institucionales y encabezar un proceso de recuperación que genere confianza dentro y fuera de la Universidad. En una coyuntura tan grave, la comunidad universitaria no necesita excusas, silencios ni gestos simbólicos; necesita resultados concretos, comunicación clara, decisiones responsables y acciones verificables”, señalaron.

“Nos preocupa profundamente que la Universidad continúe siendo evaluada únicamente desde una perspectiva fiscal. La UPR no es un gasto; es una inversión para Puerto Rico”, añadieron.

Por otra parte, sin mencionar el presupuesto actual, la Administración Central de la UPR informó que la JSF autorizó el uso de unos $3.64 millones para financiar programas de adiestramiento, asistencia técnica e internados para estudiantes -subgraduados y graduados- en agencias del gobierno.

La JSF liberó los fondos, correspondientes al año fiscal 2023, para ser usados antes del 30 de junio de 2027.

“La aprobación estará condicionada a que la UPR presente: un informe trimestral de progreso intermedio para monitorear y dar seguimiento a la prestación de servicios de acuerdo con el alcance del programa aprobado, y un informe final y un informe de presupuesto frente a gastos reales al 30 de junio de 2027, que deberán presentarse antes del 31 de julio de 2027″, estableció la JSF, al autorizar la reprogramación presupuestaria.

El informe final debe incluir información sobre los estudiantes participantes, la cantidad de horas que laboraron, su compensación y los costos directos e indirectos del programa, entre otros datos.

Jordán Conde, mediante un comunicado de prensa, precisó que podrán participar de estos internados hasta 50 estudiantes: 10 laborarían en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y 40, en la Oficina del Contralor.

“Esta aprobación representa mucho más que una asignación de fondos; es una oportunidad concreta para que nuestros estudiantes apliquen sus conocimientos en escenarios reales, desarrollen nuevas competencias y aporten al servicio público desde sus respectivas áreas de formación. Cada internado fortalece el talento de nuestros estudiantes y reafirma el papel de la Universidad de Puerto Rico como motor de desarrollo profesional, institucional y social”, sostuvo Jordán Conde.

Los estudiantes interesados en alguno de estos internados tienen hasta el 15 de julio para completar al solicitud, disponible en este enlace.