Si se anula el contrato de LUMA Energy, el gobierno de Puerto Rico no tendría la capacidad de administrar el sistema eléctrico por medio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la búsqueda de algún sustituto tomaría “años”, una encrucijada que, según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), obliga al Tribunal Supremo a desestimar las demandas de cancelación de la administración de Jenniffer González.