Millones de trabajadores españoles paralizaron negocios y el transporte público en la cuarta economía más grande de la zona euro este miércoles, antes de que miles de personas salieran a las calles en las principales ciudades para protestar contra el desorbitado aumento de los alquileres y los precios de la vivienda.

Los activistas por el derecho a la vivienda esperan que esta masiva demostración de fuerza derive en una mayor regulación para proteger a los inquilinos y frenar la especulación inmobiliaria. Por su parte, el gobierno español de izquierdas busca movilizar a los votantes de cara a las elecciones nacionales que se celebrarán a finales de este mes, en un contexto en el que las encuestas le son desfavorables.

La movilización —bajo el lema “Salarios. Vivienda. Precios”— fue la primera huelga general en España en 14 años, y la primera cuyo principal motor fue el descontento por la situación de la vivienda.

La jornada culminó con concentraciones de trabajadores y ciudadanos en los centros de Barcelona y Madrid, además de protestas en otras ciudades. Los activistas por la vivienda afirmaron que 400,000 personas marcharon en Barcelona, ​​mientras que el gobierno municipal cifró la asistencia en 55,000 personas, quienes caminaron tras una gran pancarta que rezaba: “Vivir, no solo sobrevivir”.

Las autoridades españolas estimaron que 120,000 personas participaron en la manifestación de Madrid, a pesar de la intensa lluvia.

Tras la marcha pacífica en Barcelona, ​​algunos manifestantes —aparentemente jóvenes— comenzaron a destrozar los escaparates de tiendas de marcas reconocidas en el Paseo de Gracia, una de las principales arterias comerciales. Encendieron pequeñas hogueras frente a los establecimientos, prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron fuegos artificiales contra la policía, que intervino equipada con material antidisturbios y vehículos blindados.

Durante la jornada, el metro y los autobuses públicos de Barcelona suspendieron su servicio fuera de las horas punta. El tráfico rodado fue escaso. No obstante, muchos pequeños establecimientos, como cafeterías, permanecieron abiertos.

Carlos Ferrer, un trabajador de atención al cliente de 45 años que intentaba regresar a su casa en Alicante en tren desde Barcelona, ​​señaló que, a veces, solo “medidas radicales, como una huelga general”, pueden forzar un cambio de rumbo. “Las autoridades necesitan sentir la presión de la ciudadanía para que puedan tomar medidas”, afirmó.

Al caer la tarde en la capital española, el amplio Paseo del Prado se convirtió en un mar de paraguas, con una multitud que salió a la calle bajo una lluvia constante.

Almudena López, de 74 años, acudió a la manifestación del miércoles en Madrid junto a su marido, pensando en sus hijos.

“Mi hijo tiene 43 años y todavía no tiene una vivienda propia porque no puede permitírsela”, explicó López. Comentó que su hijo, que trabaja en el sector informático, se ve obligado a alquilar una pequeña habitación en un piso compartido.

“Cuando yo era joven, si tenías un título universitario, podías conseguir un empleo y, ahorrando un poco —lo que siempre requería cierto sacrificio—, lograbas salir adelante. Nada que ver con la situación actual”.

Aunque la huelga fue convocada por los dos grandes sindicatos tradicionales de España, estuvo encabezada por un colectivo de base dedicado a la vivienda, integrado mayoritariamente por personas jóvenes que han sufrido en carne propia la crisis habitacional.

“Esta huelga es contra quienes viven de las rentas, contra los especuladores inmobiliarios, contra las grandes empresas que se enriquecen vendiendo inmuebles y, por supuesto, contra todas las administraciones públicas”, declaró a los periodistas en Madrid Valeria Racu, activista por el derecho a la vivienda. “Estamos aquí para demostrar que tenemos capacidad para marcar nuestra propia agenda, y seguiremos haciéndolo, gobierne quien gobierne”.

Mientras los sindicatos celebraron el éxito de la huelga, las organizaciones empresariales españolas sostuvieron que la convocatoria no tuvo apenas repercusión.

“La huelga ha superado las expectativas de los sindicatos”, afirmó Unai Sordo, secretario general de CCOO, uno de los dos sindicatos que convocaron la huelga en un país que cuenta con 22 millones de trabajadores registrados.

CCOO y la UGT —el otro gran sindicato organizador— informaron de paros significativos en sectores estratégicos. Se informó que la paralización de actividades alcanzó el 90% en los sectores automotriz y portuario, el 85% en la industria cárnica, el 82% en la recolección de residuos y el 75% en el sector energético. Muchas escuelas y universidades cerraron sus puertas.

La principal organización empresarial, la CEOE, calificó la huelga de “fracaso”, afirmando que la participación general fue de apenas el 5%.

Tanto los sindicatos como la CEOE coincidieron en que la participación de los trabajadores fue mayor en la industria pesada y el transporte, mientras que resultó menor en otros sectores de la economía, como el comercio minorista y la restauración.

Alrededor del 5% de los vuelos programados para el miércoles fueron cancelados en aeropuertos de toda España, según AENA, el gestor aeroportuario del país.

Durante las primeras horas de la huelga se registraron incidentes menores. Los sindicatos informaron de enfrentamientos con la policía cerca del principal mercado mayorista, en las afueras de Madrid. En algunos lugares, la policía también utilizó gas pimienta contra los manifestantes.

Las autoridades policiales comunicaron que ya se habían efectuado 49 detenciones en toda España en relación con incidentes vinculados a la huelga.

Los trabajadores y activistas exigen una mayor intervención del gobierno en materia de vivienda. El precio medio del alquiler en España casi se ha duplicado en la última década, mermando los presupuestos familiares y provocando el descontento de los votantes.

La indignación alcanzó su punto álgido tras el desahucio de una mujer de 87 años de su vivienda en Madrid el mes pasado. El posterior fallecimiento de Maricarmen —como pasó a ser conocida— la convirtió en un símbolo de aquellos españoles que ni siquiera pueden soñar con tener una vivienda en propiedad.

Los activistas por el derecho a la vivienda aprovecharon el revuelo causado por el desahucio de Maricarmen para convocar una huelga, logrando pronto el respaldo de los sindicatos.

Los activistas reclaman, entre otras medidas, la renovación automática de los contratos de alquiler para proteger a los inquilinos. Por su parte, los sindicatos exigen un aumento de la vivienda pública y un nuevo acuerdo sobre el salario mínimo.

A raíz de las recientes protestas por el caso de Maricarmen, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones anticipadas, con la esperanza de que su coalición de izquierdas permanezca en el poder otros cuatro años. Los comicios están fijados para el 29 de noviembre.

Posteriormente, a finales de octubre, se produjo una colisión de trenes de alta velocidad —el segundo accidente ferroviario mortal en España este año—, que se saldó con 69 fallecidos. Las secuelas de esta tragedia han lastrado la campaña de Sánchez.

Según el analista Oriol Bartomeus, la huelga brinda ahora una oportunidad tanto para el PSOE de Sánchez como para otras formaciones de izquierda que aspiran a mantenerse en el poder.

“Los socialistas necesitan que la huelga sea un éxito y que transcurra sin violencia, para que la campaña electoral pueda volver a centrarse en la vivienda”, declaró a The Associated Press Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sánchez mantuvo un perfil bajo durante la jornada del miércoles. A principios de semana, publicó un vídeo en X en el que elogiaba logros sociales del pasado —como la jornada laboral de 40 horas y el sistema nacional de salud—, fruto de la lucha del movimiento obrero.

“No fue fácil, pero cambiaron España”, afirmó Sánchez, advirtiendo que, si los partidos de derecha llegaran al poder, recortarían la financiación de los servicios sociales.

Por su parte, el Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha) sostuvieron que los sindicatos estaban intentando favorecer a Sánchez. “Se trata de un regalo de los sindicatos a sus partidos políticos en vísperas de una campaña en la que resulta evidente que la izquierda necesita toda la ayuda posible”, afirmó el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado.

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Esta historia fue traducida con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial y verificada por un editor previo a su publicación.