El ascenso del agente Abiel Soto Méndez al rango de sargento provocó un choque entre el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, con opiniones divididas sobre la promoción del oficial.

Soto Méndez, exjefe de escolta de la entonces designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, fue investigado administrativamente por, presuntamente, incurrir en conducta impropia al solicitar información confidencial mientras la exfiscal era evaluada por el Senado.

Durante la pesquisa, Soto Méndez no cooperó con la Policía por instrucciones de su abogado. Sin embargo, no fue amonestado, sino que el 16 de octubre de 2025 recibió una “orientación” que fue anotada en su expediente, ya que la falta no se probó, según la Policía.

“Si con una mera ‘orientación’ se subsana el grave hecho de un policía negarse a cooperar con una investigación de la propia Policía y da paso a un ascenso, entonces, ¿cómo recabar la cooperación de la ciudadanía en los casos criminales a través de la línea confidencial 787-343-2020 si la no cooperación beneficia?“, dijo Rivera Schatz en sus redes sociales.

El presidente senatorial afirmó en su habitual mensaje “Buenos Días, Puerto Rico” que Soto Méndez “de manera ilegal, pretendió acceso a las cámaras de seguridad del Capitolio para verificar quiénes visitaron el Senado para oponerse a un nombramiento”.

En una entrevista con WQAQ 580, Rivera Schatz indicó que “huele a peje’ Maruca”. Señaló que el jefe de la Policía dijo en una entrevista que “esa persona no quiso cooperar y fue amonestada, y ahora dice que fue orientado, que cumple con todo y puede ser sargento”.

“En el FBI (Negociado Federal de Investigaciones) no ascienden a nadie así y Joseph González lo sabe, y yo lo lamento y me decepciona porque es una gran persona, tiene una carrera impecable, pero él sabe que eso en ninguna circunstancia se permitiría en el FBI y en ninguna circunstancia debe permitirse en la Policía de Puerto Rico porque qué autoridad moral ahora hay para decirle a la gente que coopere con las investigaciones si están ascendiendo a personas que no cooperan”, mencionó el presidente senatorial.

Aseguró que hay cientos de oficiales que tomaron el examen para ascenso al rango de sargento, que no han tenido querellas administrativas ni han sido investigados de forma interna, pero se les negó la promoción.

“Yo tengo gran estima a Joseph González, pero eso que él está diciendo nadie se lo cree... Claro que es mentira”, dijo Rivera Schatz. “Abiel Soto Méndez fue el que pidió acceso a las cámaras del Capitolio para ver quiénes estaban oponiéndose al nombramiento de Janet Parra, y Joseph González lo sabe”, añadió.

Precisó que González es buena persona, pero “está gravemente equivocado a menos (de) que lo estén presionando y él aguante presiones desde La Fortaleza”.

Por su parte, González indicó en entrevista en Radio Isla 1320 que Soto Méndez no solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del Capitolio y que así consta en la querella presentada el año pasado contra el sargento por el supuesto incidente.

“Cuando miras la querella como tal, tenemos al querellante, una persona, un agente de la Policía, indicando que recibió una llamada del jefe de la escolta de Janet Parra y le hizo una pregunta y la pregunta fue: ¿tú sabes quién ha ido por la oficina del senador durante estos días? Punto y se acabó“, explicó.

La declaración jurada prestada por el director del Negociado de Seguridad Interna y Vigilancia Electrónica del Capitolio, el sargento José R. Calderón Hernández, especificó que los supuestos hechos ocurrieron el 3 de abril de 2025, a las 9:22 p.m.

Calderón Hernández explicó que, mientras estaba en su residencia, se percató de una llamada perdida de Soto Méndez, por lo que se comunicó para saber qué necesitaba y que el oficial le preguntó: “¿Tú sabes quiénes han ido en estos días a la oficina del senador?”.

En respuesta, Calderón Hernández indicó que le explicó que no podía dar la información sobre las personas que visitaron la oficina de Rivera Schatz, por ser confidencial, y que no estaba autorizado para ello. Posteriormente, finalizó la llamada y, al día siguiente, redactó un memorando del suceso.

Calderón Hernández precisó que el 4 de abril de 2025 le comunicó a Rivera Schatz la conversación que tuvo con Soto Méndez y preparó un informe escrito. Aclaró que, después de la llamada con el sargento, “no hubo más contacto”, pero que el suceso no era algo normal.

“El acercamiento que el agente Soto (Méndez) me hizo para auscultar quien ha visitado las oficinas no es algo normal, y no me había ocurrido antes con ningún otro componente de seguridad y protección”, indicó Calderón Hernández, quien levantó dudas.

En ese contexto, planteó que la manera en que Soto Méndez le realizó la pregunta, por su experiencia “no fue con un fin legítimo” pues, por lo general, cuando se comunican, es para información de estacionamiento, acceso a las entradas o si hay que dirigirlos.

No obstante, reconoció que durante la supuesta llamada Soto Méndez no le dijo para que quería la información, solo hizo la pregunta, y que tampoco le aclaró si la interrogante era en su carácter personal o porque alguien le ordenó realizarla.

Calderón Hernández abundó que, previo a la llamada, Soto Méndez se había comunicado para asuntos estrictamente laborales, como información sobre estacionamiento o la identificación del salón de audiencias al que debía llevar a su escolta.

“Cuando me hizo la pregunta, el énfasis que le puso a la Oficina del Senador, pude entender que se refería al senador Rivera Schatz”, dijo Calderón Hernández.

Durante la entrevista en Radio Isla 1320, González explicó que al querellante se le tomó una declaración jurada y que los hallazgos de la investigación contra Soto Méndez fueron remitidos a la División Legal de la Policía, que realizó un análisis y emitió su opinión.

Citando la opinión, el jefe de la Uniformada indicó que el documento dice que “es meritorio destacar que las faltas señaladas no lograron ser evidenciadas a través de esta investigación administrativa, con prueba clara, robusta y convincente”.

“Incluso, el oficial investigador concluyó que no hay forma de establecer a ciencia cierta el contenido de la llamada y coincidimos con este, aunque también es importante mencionar que el querellado no fue cooperador en el proceso administrativo, pues se limitó a responder a todas las preguntas relevantes con ‘en esta etapa de la investigación, por instrucciones de mi representación legal, me instruye a no declarar’. No obstante, recomendamos que a pesar de que no contamos con la prueba suficiente para poder sancionar su conducta, se le notifica una orientación”, agregó.

González reconoció que durante el proceso de investigación no se entrevistó a Parra.

De otro lado, indicó que respeta al presidente del Senado, que tiene “buena relación” y que está enfocado en el trabajo que tiene que realizar en la Policía.

En cuanto al ascenso del oficial, aclaró que Soto Méndez solicitó en diciembre de 2025 tomar el examen y presentó toda la documentación. Cumpliendo con el proceso, añadió, que el oficial tomó el examen en febrero de 2026 y lo aprobó, por lo que fue ascendido.

Como parte del proceso, González añadió que se verificó si el agente tenía querellas administrativas que lo descalificaran, pero no tenía faltas leves y/o graves en su expediente. En caso de haber tenido una falta leve, no podía tomar el examen por un período de seis meses.

De acuerdo con la plataforma digital de la Policía, los oficiales ascendidos al rango de sargento deben supervisar directamente la labor de los cadetes, agentes y del personal clasificado (civil) adscritos a la agencia.

González aclaró que no conoce personalmente al oficial. “Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Yo tengo mi reputación. Yo tengo mi nombre. Yo vine a servir... aquí no hay agenda”, puntualizó el superintendente de la Policía.